La provincia de Misiones se encuentra en pleno proceso de adaptación y diseño estratégico para poner en marcha el nuevo Régimen Penal Juvenil. Este sistema introduce modificaciones sustanciales en las estructuras judiciales y en el tratamiento de los menores de edad que cometen delitos, priorizando el cumplimiento de los estándares internacionales y la articulación entre los diferentes organismos del Estado.
Al respecto, Juan Manuel Díaz, ministro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, dialogó con la FM 89.3 Santa María de las Misiones y precisó sobre el estado actual de este proceso de transición en cuanto a las etapas completadas, los ejes del nuevo paradigma normativo y los condicionantes financieros que deberán afrontar las arcas provinciales.
Según indicó, el diseño de la modificación judicial para el nuevo régimen comenzó con un relevamiento de las capacidades actuales y la opinión de las áreas técnicas especializadas del propio fuero. El objetivo inicial consistió en construir un diagnóstico sólido antes de extender la convocatoria a otros sectores de la administración pública. En ese sentido, detalló la posición de la provincia en la región al afirmar que “Misiones es pionera avanzando en la implementación de este régimen con un gran esfuerzo, primero a través de un proceso de escucha institucional interna dentro de la estructura del Poder Judicial con los actores especializados”.
A partir de ese relevamiento, los equipos técnicos avanzaron en la redacción de normativas de aplicación directa para los magistrados y funcionarios. Díaz señaló que se elaboró un protocolo de actuación interna que “lo que hace es compatibilizar los principios, tanto convencionales, con lo que trae la ley penal juvenil”.
El derecho a ser oído
Uno de los cambios más significativos del nuevo esquema radica en la inmediatez del contacto entre el menor de edad y las autoridades judiciales, garantizando las prerrogativas constitucionales desde el inicio de las actuaciones de manera obligatoria. El referente del Superior Tribunal de Justicia consideró este aspecto al manifestar que “existe el derecho a ser oído como premisa dentro del régimen penal juvenil, en una instancia muy temprana dentro del proceso”. Es decir, según explicó, que esta medida busca evitar dilaciones y asegurar que el joven comprenda su situación frente a la ley.
En esa misma línea, Díaz remarcó la importancia de la utilización de un lenguaje claro y comprensible para los jóvenes involucrados y destacó que la reforma es la incorporación de un abordaje integral durante la investigación penal, que incluye aspectos sociales, educativos y de salud. De este modo, la causa no se limita a la acreditación del hecho delictivo, sino que evalúa el contexto socioeconómico del imputado.
Financiamiento de la reforma
Para que este nuevo sistema funcione, la Justicia no puede actuar sola. Se necesita el trabajo en conjunto con los sectores que se ocupan de la asistencia social y la capacitación para el trabajo. Por eso, el Poder Judicial ya convocó a diferentes ministerios del Gobierno provincial para planificar cómo se va a acompañar y contener a los adolescentes involucrados: “Convocamos a esos actores y generamos mesas de trabajo y de coordinación y articulación con distintos funcionarios del Ejecutivo provincial”.
En la misma línea, el funcionario judicial agregó que hay “una mesa de reintegración social en donde el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Deporte, Cultura y otros actores se nuclean para poder darles una oportunidad”. Estas áreas intervendrán en el seguimiento y la capacitación de los jóvenes sometidos al régimen.
Finalmente, Díaz advirtió que la aplicación del régimen también implica desafíos presupuestarios y de recursos humanos para las provincias debido a la falta de partidas específicas de origen federal. Sobre este punto económico, concluyó que “hay una cuestión de recursos que también va a demandar la operatividad del sistema, una decisión tomada por el Estado nacional de la cual las provincias tienen que hacerse cargo”.
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