Mientras ministros, legisladores oficialistas y dirigentes cercanos al Gobierno se suman al régimen de “Inocencia Fiscal” impulsado por la administración de Javier Milei para regularizar dólares y bienes no declarados, la estructura tributaria argentina profundiza una tendencia opuesta para la mayoría de la población: cada vez más impuestos recaen sobre quienes menos tienen.
Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), el 50% más pobre de la sociedad destina el 36% de sus ingresos al pago de tributos, mientras que el 10% más rico aporta apenas el 26% de sus recursos.
El dato ubica a la Argentina como el segundo país de América Latina con mayor presión tributaria sobre los sectores de menores ingresos, solo por detrás de Brasil.
La situación no responde a medidas aisladas. La reducción de las alícuotas de Bienes Personales, la baja de retenciones a las exportaciones, los beneficios fiscales otorgados a grandes inversiones y los sucesivos regímenes de blanqueo forman parte de una misma orientación económica: aliviar la carga sobre los patrimonios más elevados y los grandes actores económicos mientras el ajuste se sostiene sobre salarios, jubilaciones, obra pública, provincias y consumo.
Uno de los cambios más significativos se observa en el Impuesto sobre los Bienes Personales, que grava la riqueza acumulada y alcanza a menos del 2% de la población con mayor patrimonio.
Como consecuencia de la reducción de alícuotas aplicada por el Gobierno, la participación de este tributo en la recaudación total cayó de 7,2% en 2023 a apenas 1,5% durante la gestión libertaria, una reducción de 5,7 puntos porcentuales.
En paralelo, también disminuyó la recaudación vinculada al comercio exterior. Pese a las buenas campañas agrícolas, los ingresos provenientes de derechos de exportación se redujeron por la baja de retenciones, mientras que la caída de las importaciones también impactó negativamente en los recursos fiscales.
Cada vez más dependencia del IVA
La contracara de la caída de los impuestos progresivos es una mayor dependencia de los tributos al consumo.
De acuerdo con el IAG, el peso del IVA en la recaudación nacional pasó de 22,8% en 2023 a 24,1% en 2025. Se trata de un impuesto que afecta proporcionalmente más a los hogares de menores ingresos porque grava por igual el consumo básico de toda la población.
Sin embargo, esa mayor dependencia del IVA ocurre en un contexto de enfriamiento económico. Entre agosto de 2025 y abril de 2026, la recaudación tributaria acumuló nueve meses consecutivos de caída en términos reales. En los primeros cinco meses de este año, los ingresos fiscales registraron una baja real del 5% respecto del mismo período del año anterior.
De hecho, los únicos tributos que mostraron incrementos relevantes fueron el Impuesto a los Combustibles —impulsado por aumentos de los montos fijos que gravan las naftas por encima de la inflación— y el Impuesto a las Ganancias, favorecido por mayores utilidades empresariales y por la ampliación de la base de trabajadores alcanzados.
Una presión desigual
Para los investigadores, los números reflejan una estructura tributaria marcadamente regresiva.
“La presión impositiva sobre el 50% más pobre es del 36%, mientras que el 10% más rico tributa el 26% de su ingreso”, señalaron desde el IAG.
En términos prácticos, esto implica que los sectores populares destinan una porción mayor de sus recursos al pago de impuestos que los grupos de mayores ingresos, una situación que contrasta con los principios de progresividad que suelen guiar los sistemas tributarios modernos.
La discusión no es exclusiva de Argentina. Un reciente documento de la Plataforma Tributaria Latinoamericana y del Caribe advirtió sobre la baja tributación efectiva de los sectores ubicados en la cúspide de la distribución del ingreso y planteó la necesidad de diseñar mecanismos que permitan gravar con mayor eficacia las grandes fortunas.
Según ese trabajo, el 10% más rico de América Latina concentra alrededor del 60% del ingreso regional, mientras que el 50% inferior recibe apenas el 7%. El 1% más acaudalado, por su parte, concentra cerca de una cuarta parte de toda la riqueza generada.
La desigualdad patrimonial en Argentina
En el caso argentino, los datos muestran una concentración patrimonial aún más pronunciada que la desigualdad de ingresos.
Durante 2024, el 50% de menores recursos participó con apenas el 12,2% de la renta nacional y concentró solo el 4,5% de la riqueza neta del país. En el extremo opuesto, el 10% más rico acumuló el 45,1% de los ingresos y el 60% del patrimonio nacional.
El 1% superior, en tanto, reunió el 18,1% de la renta y el 25,8% de la riqueza. “Estos datos muestran que la concentración patrimonial es aún más profunda que la desigualdad de ingresos, lo que refuerza la necesidad de discutir una reforma tributaria orientada a gravar la riqueza acumulada y no a profundizar la carga sobre el consumo, el salario y los pequeños contribuyentes”, sostuvieron desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), informe al que tuvo acceso eldestapeweb.
La reforma tributaria que reclama el FMI
La discusión se da además en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que volvió a insistir en una reforma tributaria para la Argentina.
Según un análisis elaborado por el IPYPP, las recomendaciones del organismo apuntan a incrementar la recaudación equivalente a 3,3 puntos del PBI mediante cambios que afectarían principalmente a asalariados, monotributistas, consumidores y contribuyentes de ingresos medios.
Entre las medidas propuestas figura ampliar el alcance del Impuesto a las Ganancias para que al menos el 20% de los trabajadores formales quede alcanzado por el tributo. Para lograrlo, el mínimo imponible debería ubicarse en torno a los $2,4 millones brutos mensuales.
También se plantea una fuerte expansión de la recaudación proveniente del monotributo. Según las estimaciones, el objetivo equivaldría a multiplicar casi por siete los ingresos actuales del régimen, lo que inevitablemente impactaría sobre las categorías medias y bajas, donde se concentra la mayoría de los contribuyentes.
A ello se suman recomendaciones vinculadas a la reducción de subsidios energéticos, la contención de salarios públicos, la focalización del gasto social y la limitación de la obra pública.
¿Menos impuestos generan más inversión?
Uno de los argumentos centrales para justificar la reducción de impuestos a los sectores de mayores ingresos es que ello impulsaría la inversión y el crecimiento económico. Sin embargo, distintos centros de estudios cuestionan esa relación directa.
Desde el IPYPP recuerdan que durante la gestión de Mauricio Macri se redujeron impuestos directos mientras desaparecieron más de 23.600 empresas. En la administración de Javier Milei, sostienen, la baja de tributos a los sectores de mayores ingresos tampoco evitó el cierre de más de 24.400 firmas.
Frente a ese escenario, los especialistas plantean alternativas orientadas a gravar los grandes patrimonios. Entre ellas, una sobrealícuota para fortunas superiores al millón de dólares que, según sus estimaciones, permitiría recaudar más de 4.000 millones de dólares y alcanzaría apenas al 0,07% de la población.
La discusión de fondo, advierten, ya no pasa únicamente por cuánto recauda el Estado, sino por quiénes terminan financiándolo. Y hoy, los números muestran que la carga sigue desplazándose desde la riqueza hacia el trabajo y el consumo.
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