El Gobierno nacional derogó una resolución vigente desde hace 25 años que establecía mecanismos especiales para la elaboración y actualización de las directrices sobre patentamiento de materia viva y sustancias naturales.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución Conjunta 1/2026 de las secretarías de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Coordinación de Producción, publicada hoy en el Boletín Oficial.
La medida deja sin efecto dos resoluciones conjuntas de 2001, que había instruido al entonces presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) a desarrollar directrices técnicas para la tramitación de solicitudes de patentes y modelos de utilidad, además de crear un Grupo de Trabajo Permanente en Propiedad Intelectual para abordar específicamente la patentabilidad de materia viva y sustancias naturales.
Menos burocracia y mayor flexibilidad
Según los fundamentos de la nueva resolución, el esquema creado hace 25 años introducía “rigideces” en los procesos de actualización de las directrices técnicas, ya que cualquier modificación vinculada a la patentabilidad de materia viva requería la conformidad de la autoridad de Agricultura.
Para el Gobierno, este mecanismo incorporaba una instancia administrativa adicional que dificultaba la adaptación de los criterios de análisis a los cambios científicos, tecnológicos y jurídicos tanto a nivel nacional como internacional.
En ese sentido, se sostiene que la formalización de procedimientos obligatorios para modificar las directrices limitaba la capacidad del INPI de actualizar sus criterios de manera dinámica y eficiente, en línea con los estándares internacionales en materia de propiedad industrial.
El INPI recupera facultades plenas
La resolución recuerda que la Ley de Patentes N.º 24.481 ya reconoce expresamente como función del directorio del INPI la emisión de directivas para su funcionamiento, incluyendo la elaboración, revisión y actualización de las directrices técnicas de examen.
Con la derogación, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial contará con mayor autonomía para revisar y actualizar sus criterios de evaluación de patentes, particularmente en áreas sensibles vinculadas a biotecnología, recursos biológicos y sustancias naturales.
El Gobierno sostiene que la medida permitirá disponer de un marco regulatorio más ágil, previsible y alineado con las mejores prácticas internacionales, favoreciendo tanto a los solicitantes como a los titulares de patentes.
La resolución entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y fue comunicada al INPI, al Instituto Nacional de Semillas (INASE), al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
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