Los responsables de los ministerios de Salud de Misiones, Corrientes y Salta reconocen que los hospitales operan al límite de sus capacidades, producto de una crisis económica que empuja a miles de familias desde el sector privado hacia el Estado.
Además, todo en un contexto donde las obras sociales acumulan deudas millonarias y el financiamiento de la Nación se reduce. En Mendoza se reforzó el sistema de recupero de atenciones que brinda el Estado a pacientes con obra social.
En Misiones, el ministro de Salud Pública, Héctor González, presentó ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados un panorama: la salud pública absorbe cerca del 80% de la demanda provincial, que creció hasta un 20% en el último año, lo que obligó a reorganizar el sistema y fortalecer la atención en el interior. El funcionario lo había adelantado a PRIMERA EDICIÓN a fines de marzo pasado.
El fenómeno se explica por el desplazamiento masivo de pacientes desde el sector privado hacia el público, producto de la imposibilidad de miles de familias de sostener los costos de la medicina privada. “Hay más demanda en estos contextos difíciles y aun así la gente elige la salud pública en Misiones porque es fuerte y confiable”, remarcó el ministro.
El Hospital Madariaga, principal centro de alta complejidad de la provincia, es el termómetro de la presión asistencial. Durante el primer trimestre de 2026, el hospital alcanzó 40.619 consultas, 1.224 egresos hospitalarios y 1.266 cirugías, rompiendo el techo histórico de las 1.200 intervenciones quirúrgicas mensuales. La comparación interanual muestra un crecimiento acumulado del 20,8% en consultas en apenas dos años: de 33.628 en el primer trimestre de 2024 a 40.619 en 2026.
Para sostener la presión asistencial, el Madariaga profundizó la articulación con el Hospital Favaloro y el Hospital de Fátima, donde especialistas del Madariaga realizan cirugías de ginecología, traumatología, cirugía general y coloproctología para descomprimir la demanda. El presupuesto 2026 de la cartera sanitaria misionera tiene una estimación de la finalidad salud de $1.009.979.707.000, un incremento del 37,89% respecto al año anterior.
El ministro de Salud Pública de Corrientes, Emilio Lanari, fue tajante al describir la situación del sistema sanitario provincial: “Está a full de sus capacidades”. En declaraciones a medios locales, el funcionario advirtió que los hospitales públicos correntinos operan al límite debido al “masivo traspaso de pacientes del sector privado”, un fenómeno que se aceleró en los últimos meses producto de la crisis económica nacional.
Según datos del propio Ministerio, más del 86% de las atenciones médicas en Corrientes se realizan en el sistema público, aunque en declaraciones más recientes Lanari habló de cifras cercanas al 90%. Y la presión no proviene solo de su propia población: también recibe pacientes de Chaco y Formosa. El fenómeno, según el ministro, se vincula con “el desequilibrio que se ha producido entre la salud pública y privada en los últimos años”.
Frente a la saturación, Lanari explicó que la provincia realiza acuerdos para atender a pacientes que no tienen recursos y descomprimir los hospitales. Además, avanza con la reconversión de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para que funcionen con guardia las 24 horas e internación abreviada.
La situación en Salta
En Salta, el ministro de Salud, Federico Mangione fue aún más explícito al describir el escenario: “Tengo colmadas las guardias. Hace cuatro meses que volvimos a tener pacientes en los pasillos, en camillas. No me alcanza el espacio”.
En una entrevista con El Tribuno, Mangione advirtió que la demanda en las guardias hospitalarias aumentó hasta un 85% en los últimos meses, alcanzando niveles históricos. “Ha aumentado muchísimo la cantidad de pacientes con obra social porque no hay plata”, remarcó el funcionario. Explicó que muchas familias que antes se atendían en clínicas privadas hoy no pueden afrontar los depósitos iniciales -que no bajan del millón de pesos- y terminan recurriendo a los hospitales públicos.
Pero la crisis en Salta tiene una arista adicional: la deuda millonaria de las obras sociales con el sistema público. En mayo de 2026, Mangione denunció que “las obras sociales siguen sin pagar nada” y reveló que una sola obra social debe más de $5.000 millones.
La situación se agrava con los recortes nacionales en salud. Mangione advirtió que cada tratamiento de antivirales cuesta $200.000 y que la provincia está recibiendo menos recursos para cubrirlos.
Los escenarios de Corrientes, Misiones y Salta no son aislados, sino manifestaciones de una crisis estructural del sistema de salud, ya que los aumentos en los costos de medicamentos y la falta de intervención estatal han generado una “sobrecarga crónica” del sistema público, con instituciones desbordadas por la cantidad de pacientes que migran desde del sector privado.
“Salud pública absorbe el 80% de atenciones”
La saturación del sistema público de salud está en aumento y el ministro de Salud de Misiones, Héctor González, lo había hecho saber a PRIMERA EDICIÓN a fines de marzo pasado.
“Mucha gente se quedó sin obra social y sin prepaga e incluso vemos a muchas personas con obra social que acuden a la salud pública porque, en Misiones, la gente elige la salud pública. En Misiones, al igual que en Corrientes, la salud pública absorbe en torno al 80% de todas las atenciones de salud que se hacen en la provincia”. Según precisó, hace dos o tres años, ese porcentaje promediaba el 65%.
En diálogo con este Diario, González admitió que esta mayor demanda impacta en los tiempos de espera para acceder a la atención médica de los pacientes.
“Sí tenemos lista de espera, pero no de tantos días. También depende del lugar y de la especialidad; por ejemplo, tenemos una buena cantidad de médicos clínicos y el año pasado logramos completar el cupo de residentes, por lo que hoy tenemos muchas residencias de especialidad trabajando muy bien. No obstante, hay especialidades como otorrinolaringólogos, en las que puede haber una demora de algunos días para acceder a la atención”, admitió.
En este contexto, analizó que “obviamente, si pasamos de atender 300 pacientes y de golpe pasamos a atender 450 o 500 nos exige reorganizarnos porque tenemos el mismo recurso humano que antes y muchas veces implica una mayor sobrecarga de trabajo”. “Tenemos una masa de trabajadores que, en los actuales momentos complejos económicos financieros del país, no podemos aumentar. En este contexto, es muy importante que se priorice la urgencia y se contemplen cuestiones sociales, no es lo mismo una persona que pida turno en un clínico y tenga prepaga que otra persona sin recursos”, destacó.
Pese al contexto adverso, González destacó la ventaja de vivir en una provincia donde la salud pública es una fuerte política de Estado.
“Pantallazo”
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