El Gobierno derogó 16 resoluciones y disposiciones vinculadas al comercio, la industria, las importaciones y los programas de consumo al considerar que habían perdido vigencia o sustento jurídico tras las reformas impulsadas por la actual gestión.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Coordinación de Producción, dependiente del Ministerio de Economía, y se enmarca en el proceso de desregulación promovido por el Ejecutivo nacional.
Según se explicó en la norma, las disposiciones eliminadas habían sido dictadas al amparo de marcos regulatorios que fueron modificados o derogados, entre ellos la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la ley que creó el Observatorio de Precios, por lo que “han perdido su objeto y aplicabilidad”.
Entre las normas derogadas figuran resoluciones vinculadas al control de precios de determinados productos, requisitos de información para la comercialización de bienes, procedimientos de autorización para importaciones, programas de fomento al consumo y medidas relacionadas con el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino.
Además, se eliminaron 30 normativas asociadas a los programas Ahora 12 y Cuota Simple, lo que, según el Gobierno, representaba una modalidad de intervención indirecta sobre las condiciones crediticias del mercado.
Vale recordar que Cuota Simple, la herramienta del actual gobierno que reemplazó el plan Ahora 12 y que permitía pagar con tarjeta de crédito en 3 y 6 cuotas fijas a una tasa de interés menor a la del mercado, finalizó en junio de 2025 y se definió no prorrogarlo. Comercios de todo el país habían adherido al programa para ofrecer cuotas fijas, muchas veces sin interés para el consumidor final.
Aunque luego las billeteras virtuales, los bancos y las procesadoras de cobro presentaron sus propias propuestas para continuar ofreciendo financiación en cuotas, la suba de tasas de interés impidió que la iniciativa se extienda de manera generalizada, principalmente entre las pymes.
También, la normativa publicada este martes dejó sin efecto 4 normativas que imponían a las instituciones privadas de enseñanza la obligación de notificar anticipadamente sus aranceles, medida que “generaba distorsiones de precios, ya que los colegios fijaban aumentos preventivos y arbitrarios”.
A esto se suma la derogación de una normativa accesoria al programa Precios Cuidados, surgido en 2014 como una política que consistía en un acuerdo de precios de alimentos con revisión periódica, limpieza del hogar, perfumería, aseo personal y que se extendió a otros productos como motos, insumos de construcción y abonos de telefonía celular. Posteriormente, se implementaron otros esquemas similares, como Precios Justos.
Finalmente, por medio de la Disposición 534/2026, se eliminó otra disposición que duplicaba mecanismos de atención para adolescentes consumidores, de 13 a 17 años, lo que permite concentrar los reclamos en un canal especializado y ofrecer respuestas más ágiles y eficientes, como la Ventanilla Única Federal (VUF) de Defensa del Consumidor.
En los fundamentos de la decisión, el Gobierno sostuvo que “la proliferación normativa ha llevado a la superposición, desactualización y dispersión de normas”, situación que genera incertidumbre sobre cuáles continúan vigentes. Además, afirmó que ello provoca “una inseguridad jurídica para los ciudadanos que restringe el libre desenvolvimiento de su vida”.
La resolución también señala que resulta necesario avanzar en una revisión permanente de la normativa para que el Estado “se enfoque en normativas relevantes y prioritarias” y pueda brindar respuestas más rápidas y transparentes.
La medida se suma al proceso de simplificación regulatoria impulsado por el Gobierno y corre en paralelo al proyecto de Ley Hojarasca, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y propone la derogación de decenas de leyes consideradas por el oficialismo como obsoletas, anacrónicas o incompatibles con el actual marco normativo.
Cuáles son las normas que derogó el Gobierno
Fuente: Ámbito e Infobae.
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