La Fundación Dante Piesco, responsable del Centro de Rescate OHANA, denunció presuntas irregularidades en una causa por tráfico de fauna silvestre que se tramita en Eldorado y cuestionó la decisión del Juzgado de Instrucción 1 de rechazar su constitución como parte querellante en el expediente.
El caso se originó a partir de una investigación por la presunta comercialización ilegal de tortugas terrestres y loros en el local “Agro Oeste”. Según la presentación de la organización, el pasado 13 de mayo se habría constatado en flagrancia la presencia de animales silvestres ofrecidos a la venta, luego de una simulación de compra realizada para verificar la existencia de los ejemplares.
De acuerdo con la Fundación, durante esa constatación previa al procedimiento policial se habría verificado la presencia simultánea de ejemplares de Chelonoidis carbonaria y Chelonoidis chilensis, situación que -según indicó la entidad- quedó registrada mediante material audiovisual aportado a la causa.
Sin embargo, la ONG denunció que durante el procedimiento realizado por personal de la Unidad Regional de Delitos Rurales se produjo una presunta ruptura de la cadena de custodia. Según su planteo, el ejemplar de Chelonoidis carbonaria desapareció y fue sustituido por un segundo ejemplar de Chelonoidis chilensis mientras los animales se encontraban bajo custodia policial.
Para la organización, esa situación no constituiría una confusión menor ni un error administrativo, sino una alteración de la evidencia viva del procedimiento. La diferencia entre ambas especies, advirtieron, podría tener impacto en la calificación del hecho, la trazabilidad de los animales y el eventual avance de una investigación vinculada al tráfico de fauna silvestre.
“La desaparición de una Chelonoidis carbonaria para que aparezcan posteriormente dos Chelonoidis chilensis no puede ser interpretada como un simple error administrativo. Existe una diferencia biológica evidente entre ambas especies y la carbonaria posee implicancias legales y ambientales mucho más complejas por su relación con circuitos de tráfico y comercio ilegal”, señalaron desde la institución.
La Fundación remarcó además que la Chelonoidis carbonaria es una especie protegida por normativa nacional e internacional, incluida en el sistema CITES, y sostuvo que su presencia en Misiones resulta particularmente sensible por su posible vinculación con circuitos de tráfico interjurisdiccional e internacional de fauna.
Cuestionan el rechazo como querellantes
El conflicto escaló luego de que la Fundación solicitara medidas urgentes, entre ellas allanamientos y el resguardo de la fauna involucrada. Según denunció la entidad, el Juzgado rechazó “in limine” su participación como parte querellante, a partir de una resolución que la organización considera infundada y sostenida en formalismos.
Desde la Fundación cuestionaron que, en la práctica, se les exigiera acreditar un supuesto “título de propiedad” sobre los animales silvestres para poder intervenir en la causa.
La abogada especialista en Derecho Animal y representante de la entidad, Micaela Mariel Pereira, advirtió que la resolución tiene gravedad institucional porque, según su interpretación, deja fuera del expediente a una organización que había denunciado irregularidades durante el procedimiento.
“Esto no es producto del azar. Responde a una grave colisión de competencias entre la esfera administrativa y la penal que demora los allanamientos y permite que los infractores oculten o eliminen prueba vital. Nos excluyen del expediente mediante un decreto carente de fundamentos jurídicos precisamente después de poner en conocimiento del juzgado que la propia fuerza de seguridad alteró evidencia viva”, sostuvo la letrada.
Pereira también cuestionó el criterio utilizado para impedir la participación de la ONG. “Exigirle a una ONG protectora un ‘título de propiedad’ sobre especies de la selva misionera para permitirle querellar es operar con una matriz civilista arcaica. Constituye un exceso ritual manifiesto que solo sirve para garantizar impunidad tanto al traficante como a quienes eventualmente pudieron facilitar la desaparición de prueba clave”, afirmó.
Según informó la Fundación, la defensa ya interpuso un recurso de apelación para pedir la nulidad de la resolución. El planteo se apoya, de acuerdo con la entidad, en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, especialmente el fallo Kattan, y en antecedentes penales de distintas jurisdicciones que reconocen a la fauna silvestre como bien de dominio público y a las asociaciones civiles como representantes legítimas del interés colectivo en materia ambiental y de protección animal.
“No vamos a permitir que la tierra colorada se convierta en una zona de sacrificio ético ni en un refugio de impunidad”, señalaron desde la representación de la Fundación.
El expediente, identificado como N°13933/2026, continúa bajo investigación. La ONG reclama que se esclarezca qué ocurrió con el ejemplar presuntamente desaparecido, que se preserve la evidencia vinculada al caso y que se permita la participación de organizaciones especializadas en protección animal y ambiental dentro del proceso judicial.
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