El sector de transporte para personas con discapacidad volvió a encender las alarmas por la crítica situación económica que atraviesa. Desde la Asociación de Transportistas Especiales de Santa Fe (ATRAES), su presidente Pablo Bolego cuestionó los valores arancelarios fijados por el Gobierno nacional y aseguró que “siguen por debajo de la realidad”, en un contexto marcado por el aumento de costos, los atrasos en los pagos y la reducción de prestadores.
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, el dirigente explicó que históricamente el valor del kilómetro recorrido equivalía al 80% del precio de un litro de combustible, ecuación que —según sostuvo— se quebró desde el inicio de la actual gestión nacional.
“En diciembre de 2023 el arancel por kilómetro recorrido estaba en 272 pesos con un combustible de 300 o 328 pesos. Hoy tenemos un arancel de 800 y pico, pero el combustible supera los 2.500 pesos”, detalló Bolego.
En ese sentido, afirmó que el desfasaje económico provocó “un deterioro permanente de las camionetas”, además de una reducción sostenida de prestadores. “Hay compañeros y compañeras transportistas que deciden dejar de brindar servicios y una sangría de trabajadores que ya no podemos frenar”, remarcó.
Bolego también denunció que el Gobierno nacional “insiste en no cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad”, aprobada por el Congreso tras un largo proceso legislativo y posteriormente vetada por el Ejecutivo.
“Tuvimos que trabajar fuertemente para lograr la ley, primero en Diputados y luego en Senadores. El presidente decidió vetarla y aun así volvimos a conseguir apoyo en ambas cámaras. Sin embargo, el Gobierno no quiere cumplirla”, cuestionó.
Según indicó, los incrementos arancelarios mensuales “intentan alcanzar los niveles de inflación que establece el INDEC”, aunque aclaró que eso tampoco logra compensar los costos reales del sector.
Para el referente de ATRAES, existe “una decisión política de no acompañar al sector de personas con discapacidad ni a quienes brindan apoyos y servicios”. Además, apuntó contra recientes iniciativas oficiales vinculadas al control de pensiones por invalidez laboral.
“Se estigmatiza permanentemente a las personas con discapacidad, se habla de fraude y de pensiones truchas, cuando nada de eso se puede comprobar en la Justicia”, afirmó. Y agregó: “Nos damos cuenta de que se trata de un modus operandi para llevar adelante un claro ajuste al sector”.
El dirigente también hizo referencia a un reciente fallo del Tribunal Federal 3 de Córdoba, que ordenó al Estado regularizar pagos vinculados a prestaciones para beneficiarios de PAMI y del programa Incluir Salud. “El fallo dice claramente que el daño que se le produce a las personas con discapacidad es irreparable. Se rompió la cadena de pagos y los atrasos son enormes”, sostuvo.
Además del impacto económico, Bolego puso el foco en las consecuencias sociales que atraviesan miles de familias. “Muchos chicos y chicas asisten a centros terapéuticos donde reciben la única comida del día. Por eso esto no es solamente un trabajo: también hay un compromiso social enorme”, expresó.
En otro tramo de la entrevista, cuestionó la subejecución presupuestaria destinada al área de discapacidad. “El año pasado se devolvieron 30 mil millones de pesos al Tesoro Nacional. Lo hicieron para mostrar equilibrio fiscal, pero creemos que con las personas con discapacidad no”, afirmó.
Finalmente, convocó a la dirigencia política y a la sociedad a sostener el reclamo colectivo. “La discapacidad es un tema transversal. Tenemos que trabajar juntos para recuperar ese contrato social que nunca debimos haber perdido”, señaló.
Y cerró con un mensaje contundente: “A los pibes y pibas con discapacidad no los debemos abandonar”.
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