La Secretaría Nacional de Discapacidad oficializó una nueva actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. A través de la Resolución 517/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso un incremento del 2,6% para mayo, calculado sobre la inflación registrada en abril.
La medida impacta sobre los valores que perciben prestadores, transportistas, centros educativos terapéuticos, hogares, servicios de rehabilitación y acompañamiento vinculados a la atención de personas con discapacidad.
Entre los nuevos montos fijados por el nomenclador oficial, el módulo de rehabilitación integral intensivo pasará de $165.907 a $170.221, mientras que las prestaciones de internación superarán los $5,5 millones mensuales. El valor del kilómetro de transporte especializado aumentará de $825,80 a $847,27, y el módulo de estimulación temprana quedará en $390.844,68.
También se actualizaron los aranceles de centros de día, hogares permanentes, residencias y servicios educativos terapéuticos. En la categoría más alta del sistema, un Centro Educativo Terapéutico de jornada doble pasará a percibir más de $1,16 millones, mientras que algunos hogares permanentes con prestaciones integradas superarán los $3 millones mensuales.
Además, la resolución ratificó el adicional del 20% por zona desfavorable para prestaciones brindadas en provincias patagónicas.
La actualización se enmarca dentro del esquema de ajustes mensuales atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que el Gobierno viene aplicando desde comienzos de año para el nomenclador nacional de discapacidad. En abril, el aumento había sido del 3,4%.
Sin embargo, pese a estas actualizaciones periódicas, el sector de discapacidad mantiene fuertes cuestionamientos por el atraso acumulado de los aranceles frente al incremento de costos operativos, salarios, combustibles e insumos.
Prestadores, transportistas y familias vinculadas al sistema vienen advirtiendo desde hace meses sobre dificultades para sostener terapias, servicios y estructuras de atención. El reclamo atraviesa especialmente a pequeños centros y transportistas, que sostienen que las subas mensuales acompañan la inflación formal pero no compensan el deterioro acumulado de los últimos años.
En paralelo, crece la preocupación dentro del sector por el avance de un proyecto impulsado por el Gobierno nacional que propone eliminar el nomenclador nacional de prestaciones, la herramienta que actualmente fija los valores de referencia que deben abonar obras sociales, prepagas y organismos estatales por cada servicio vinculado a discapacidad.
El nomenclador es considerado una pieza central del sistema porque establece parámetros comunes para prestaciones como rehabilitación, transporte, educación terapéutica, acompañamiento e internación. Su eventual eliminación abriría un escenario de fuerte incertidumbre para prestadores y familias, ya que cada financiador podría negociar o fijar valores por separado.
En ese contexto, la nueva actualización oficial vuelve a poner en discusión la sustentabilidad económica del sistema de discapacidad y el futuro del esquema de cobertura y financiamiento en una de las áreas más sensibles del sistema de salud y asistencia social argentino.
El anexo con los nuevos montos aquí👇
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