La Justicia de Bolivia declaró este lunes en rebeldía al expresidente Evo Morales luego de que el exmandatario no se presentara a la audiencia inaugural del juicio oral en su contra por el presunto delito de trata agravada de personas.
La causa investiga una presunta relación de Morales con una adolescente durante el tiempo en que ejercía la presidencia, vínculo del que habría nacido una hija, según la acusación impulsada por la fiscalía boliviana.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Primero de Sentencia del departamento de Tarija, presidido por el juez Carlos Oblitas, luego de constatar la ausencia tanto de Morales como de su equipo jurídico en la apertura del proceso judicial.
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Luis Esteban Ortiz, sostuvo que se habían cumplido todas las formalidades necesarias para dar inicio al juicio oral.
Tras la declaración de rebeldía, la Justicia emitió una orden de captura contra el líder histórico del Movimiento al Socialismo (MAS), además de disponer restricciones migratorias y otras medidas judiciales. Actualmente, Morales permanece en la región cocalera del Chapare, uno de sus principales bastiones políticos y sindicales.
Según informó el fiscal departamental de Tarija, José Mogro, el Ministerio Público reunió “más de 170 pruebas” contra el exmandatario para sustentar la acusación de trata agravada.
La causa representa uno de los episodios judiciales y políticos más delicados en la trayectoria de Morales, quien gobernó Bolivia durante casi 14 años y continúa siendo una de las figuras centrales de la política boliviana pese a su creciente enfrentamiento con el gobierno de Luis Arce.
La defensa del expresidente justificó la ausencia alegando irregularidades en el procedimiento de notificación judicial. El abogado y exprocurador Wilfredo Chávez afirmó que el proceso constituye una “persecución política” destinada a desviar la atención de la crisis económica y social que atraviesa Bolivia.
En la misma línea, el abogado Nelson Cox aseguró que el tribunal no está respetando estándares internacionales y sostuvo que la causa forma parte de una instrumentalización política de la Justicia iniciada en 2024.
El caso profundiza además la fractura interna dentro del oficialismo boliviano, marcada por la disputa cada vez más abierta entre Morales y el presidente Arce por el control del MAS y el liderazgo político del país.
Mientras la fiscalía sostiene que existen pruebas suficientes para avanzar con el juicio, el entorno del exmandatario insiste en denunciar lawfare y persecución judicial.
La orden de captura abre ahora un nuevo escenario de tensión política e institucional en Bolivia, en medio de un contexto atravesado por conflictos internos, dificultades económicas y creciente polarización.
Fuente: Agencia de Noticias NA
