La Agencia de Recaudación y Control Aduanero avanzó con una ampliación de denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino y apuntó directamente a su conducción. En la presentación, el organismo acusó al presidente Claudio Tapia y al tesorero Pablo Toviggino de integrar una presunta asociación ilícita fiscal vinculada a la utilización de facturación apócrifa para evadir impuestos y ocultar el destino de fondos.
La causa, que ya estaba en trámite en la Justicia Penal Económica, investiga además una supuesta apropiación indebida de tributos y aportes a la seguridad social por alrededor de 19.000 millones de pesos. El expediente se encuentra a cargo del juez Diego Amarante, quien ahora deberá analizar el alcance de esta nueva acusación.
Según el organismo encabezado por Andrés Vázquez, existió un esquema sistemático de evasión que habría generado un perjuicio fiscal cercano a los 300 millones de pesos entre 2023 y 2025. La hipótesis sostiene que se trató de una operatoria sostenida en el tiempo y no de hechos aislados, con intervención de distintas áreas dentro de la estructura investigada.
La maniobra, de acuerdo con la denuncia, consistía en la contratación de servicios y obras con empresas que no contaban con capacidad económica ni operativa real. Esas firmas emitían comprobantes electrónicos que permitían justificar gastos inexistentes y reducir la carga tributaria. Luego, los pagos se realizaban mayoritariamente mediante cheques, muchos de los cuales circulaban con múltiples endosos, lo que dificultaba seguir el rastro del dinero y conocer a los destinatarios finales.
En ese sentido, ARCA remarcó que más del 77 por ciento de los pagos analizados se hizo a través de cheques, mientras que menos del 23 por ciento se concretó mediante transferencias bancarias. Parte de esos instrumentos, según la acusación, terminó en manos de terceros sin vínculo directo con las operaciones originales, e incluso algunas empresas habrían recibido esos valores para cancelar compromisos ajenos al ámbito futbolístico.
El expediente también menciona a una serie de sociedades consideradas “no confiables”, que presentarían características típicas de usinas de facturación, como domicilios inexistentes, falta de empleados registrados y ausencia de infraestructura acorde a los montos facturados. Para el organismo, estas firmas habrían sido clave en el circuito utilizado para simular operaciones y generar documentación falsa.
Además de Tapia y Toviggino, la denuncia alcanza a otros dirigentes de peso dentro de la entidad, entre ellos el secretario Víctor Blanco, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo. ARCA solicitó que todos sean convocados a declaración indagatoria, al considerar que podrían haber tenido participación en la operatoria descripta.
En cuanto a los períodos bajo análisis, se identificaron picos de facturación sospechosa entre agosto de 2024 y marzo de 2025, con montos mensuales que superan los umbrales establecidos por el Régimen Penal Tributario para configurar evasión agravada mediante el uso de comprobantes falsos.
(Fuente: IProfesional)
