La Defensoría General de la Nación modificó el sistema de evaluaciones psicofísicas para los concursos de magistrados del Ministerio Público de la Defensa y resolvió que, a partir de ahora, los exámenes médicos y psicológicos deberán realizarse exclusivamente a través de una empresa privada contratada por el organismo.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 444/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y deja sin efecto el esquema transitorio vigente desde 2018 que permitía a los postulantes presentar estudios realizados en hospitales públicos nacionales, provinciales o municipales, así como también en prestadores de la obra social judicial.
Con la nueva normativa, las evaluaciones físicas y psicotécnicas pasarán a estar centralizadas en la firma Medical Service Argentina SRL, una empresa de medicina laboral que ya presta servicios médicos para la Defensoría General de la Nación.
La resolución establece además que únicamente tendrán validez los estudios emitidos bajo este nuevo sistema y aclara que quienes no se presenten a realizar los exámenes sin una causa justificada podrán ser excluidos del concurso.
El nuevo esquema no sollo redefine quién realiza las evaluaciones, sino también el peso que tendrán dentro del proceso de selección. Según el texto oficial, el examen deberá determinar si el postulante resulta “APTO” o “NO APTO” para ejercer un cargo de magistrado dentro del Ministerio Público de la Defensa y agrega que quienes sean considerados sin aptitud psicofísica quedarán automáticamente excluidos del concurso por decisión de la máxima autoridad del organismo.
Los informes tendrán carácter confidencial y una vigencia de un año, por lo que los aspirantes no deberán repetir las evaluaciones si participan de otros concursos dentro de ese período.
Uno de los aspectos más delicados de la resolución aparece en el mecanismo previsto para impugnar una calificación negativa. La normativa dispone que, en caso de cuestionar un resultado “NO APTO”, el postulante podrá solicitar una revisión ante una Junta Interdisciplinaria integrada por tres profesionales de la salud.
Sin embargo, dos de esos especialistas pertenecerán obligatoriamente a la misma empresa privada encargada de realizar los exámenes originales. El tercero podrá ser propuesto por el postulante, aunque el costo deberá ser afrontado por el propio aspirante.
La resolución agrega además que, si el concursante decide no proponer un profesional propio, los tres integrantes de la junta revisora pertenecerán directamente a Medical Service Argentina SRL.
En los fundamentos de la medida, la Defensoría General sostuvo que el objetivo del cambio es garantizar “uniformidad, trazabilidad y fiabilidad” en las evaluaciones médicas exigidas para los concursos judiciales.
El organismo argumentó que el esquema transitorio implementado en 2018 había sido adoptado debido a la falta de disponibilidad del Departamento de Medicina Preventiva y Laboral del Poder Judicial de la Nación, que originalmente debía realizar estas evaluaciones.
Según la resolución, el nuevo sistema busca reforzar “la calidad y homogeneidad de los procedimientos” y otorgar mayor “seguridad jurídica” a los concursos para cubrir cargos vacantes en el Ministerio Público de la Defensa.
La nueva modalidad comenzará a aplicarse de manera inmediata en todos los concursos de antecedentes y oposición que todavía no hayan alcanzado la etapa de evaluación psicofísica prevista en el reglamento vigente.
