Un reciente fallo de la Justicia porteña modificó el escenario para quienes trabajan con aplicaciones de transporte de pasajeros, al establecer que deberán ajustarse a exigencias similares a las del servicio tradicional. La medida impacta directamente en conductores de plataformas como Uber, DiDi y Cabify, quienes ahora deberán contar con licencia profesional y seguros específicos para poder operar.
La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de un conflicto que involucró al Sindicato de Peones de Taxis, el Gobierno porteño y representantes del sector de plataformas. El tribunal entendió que, ante la falta de una normativa específica, la actividad no puede considerarse simplemente un servicio privado, sino que encuadra dentro del transporte de pasajeros.
En ese sentido, los jueces sostuvieron que trasladar personas mediante un vehículo a cambio de una retribución económica configura un servicio que debe estar sujeto a controles y regulaciones. De esta manera, rechazaron la postura que sostenían las aplicaciones, basada en que su funcionamiento se rige por el Código Civil y Comercial y no por las normas del transporte público.
El fallo también se apoyó en antecedentes internacionales, al citar criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya había definido a Uber como una empresa de transporte y no solo como una plataforma digital. A partir de esa interpretación, la Cámara determinó que estas compañías deben someterse al poder de policía local mientras no exista una legislación específica que regule su funcionamiento.
Uno de los ejes centrales de la decisión apunta a equiparar las condiciones entre los distintos prestadores del servicio. Según se remarcó en la resolución, no resulta admisible que taxis y remises deban cumplir con licencias profesionales, seguros especiales y controles permanentes, mientras las plataformas operan sin esas obligaciones, generando una desigualdad en el sector.
A partir de ahora, los conductores deberán contar con licencia habilitante de carácter profesional, además de seguros que cubran el vehículo, al chofer, a los pasajeros y la responsabilidad civil, en línea con lo que ya se exige al transporte tradicional. La medida genera incertidumbre entre quienes trabajan con estas aplicaciones, ya que implica mayores costos y requisitos para continuar con la actividad.
El fallo también incluyó cuestionamientos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al que se le reprochó haber permitido una “apariencia de regularidad” en el funcionamiento de las plataformas. Los magistrados señalaron contradicciones en la conducta oficial, al tolerar su operación e incluso habilitar publicidad en espacios públicos, pese a haberlas considerado en su momento como servicios “clandestinos”.
En paralelo, la sentencia fijó una serie de lineamientos para la administración porteña. Por un lado, estableció que no podrá cobrar determinados aranceles a taxistas mientras persista la situación de desigualdad regulatoria. Además, deberá avanzar en los mecanismos para exigir el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las plataformas, que actualmente no tributan a nivel local.
Finalmente, el tribunal ordenó reforzar los controles sobre la publicidad de estas empresas y desarrollar campañas informativas dirigidas a los usuarios, advirtiendo que podrían estar utilizando servicios que no cumplen con los requisitos legales exigidos, como licencias profesionales o coberturas de seguro.
