El inminente envío al Congreso del proyecto de desregulación inmobiliaria abre un escenario de fuerte debate en un sector que arrastra años de baja actividad, escaso acceso al crédito y altos costos de transacción. La iniciativa oficial busca eliminar lo que el Gobierno define como “costos ocultos”, pero al mismo tiempo anticipa resistencias de actores que hoy forman parte del esquema vigente.
En ese contexto, cualquier cambio estructural genera incertidumbre. Mientras desde el oficialismo sostienen que el sistema actual está sobrerregulado y encarece cada operación, colegios profesionales e intermediarios advierten sobre el impacto que podría tener una reforma en la dinámica del mercado.
El diagnóstico del Gobierno es claro: existen barreras de entrada, aranceles mínimos y restricciones que limitan la competencia y terminan trasladándose al precio final de las propiedades. La intermediación, en algunos casos, puede superar el 6% del valor de una operación, a lo que se suman gastos administrativos y procesos burocráticos que funcionan como un sobrecosto estructural.
En ese marco, el proyecto apunta a avanzar hacia un esquema más flexible, donde la intermediación deje de ser una actividad fuertemente regulada. La habilitación de corredores independientes, la eliminación de restricciones geográficas y la posibilidad de acordar honorarios libremente aparecen como ejes centrales de la reforma.
La discusión tomó mayor temperatura en los últimos días tras las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien cuestionó abiertamente el rol de los colegios profesionales. “Que un Colegio Profesional ponga un precio mínimo es una aberración social”, afirmó durante un encuentro con desarrolladores e inmobiliarios en la Universidad Católica Argentina.
Para el funcionario, el problema no es la existencia de estas entidades, sino el uso de regulaciones para fijar condiciones que no responden al mercado. En esa línea, planteó que la obligatoriedad de matriculación y la imposición de honorarios mínimos funcionan como “privilegios creados por ley” que terminan encareciendo cada operación.
Detrás de estas medidas hay un objetivo concreto: reducir costos y fomentar la competencia. Desde el oficialismo consideran que, al eliminar restricciones, podrán surgir nuevos modelos de negocio con servicios más eficientes y accesibles.
Sin embargo, el camino no aparece despejado. Referentes del sector ya anticipan una fuerte resistencia y advierten que la transición podría profundizar la incertidumbre en un mercado que todavía no logra consolidar una recuperación sostenida.
La iniciativa, además, se inscribe en una estrategia más amplia que incluye la expansión del crédito hipotecario. Con una baja penetración del sistema financiero y un alto volumen de ahorros fuera del circuito formal, la expectativa es que una mayor estabilidad macroeconómica permita canalizar esos recursos hacia préstamos de largo plazo y dinamizar la actividad. Si ese proceso se consolida, el impacto podría ser significativo: más crédito, más operaciones y un mercado más activo. Pero el desafío inmediato sigue siendo otro: cómo implementar los cambios sin desordenar aún más un sector que ya viene golpeado.
Entre la promesa de menores costos y la preocupación por el impacto de la reforma, la desregulación inmobiliaria se perfila como uno de los debates económicos más relevantes en el corto plazo.
Un debate que anticipa resistencia
La discusión por la desregulación inmobiliaria ya genera posicionamientos dentro del propio sector. Jorge Amoreo Casotti, CEO de Pint y uno de los impulsores de los cambios, anticipó que el proceso no será sencillo: “Esto va a ser muy combatido y vamos a necesitar voces que lo defiendan, no solo desde lo económico sino también desde lo moral”.
Desde su mirada, la iniciativa no apunta a eliminar la actividad inmobiliaria, sino a modificar su funcionamiento. La propuesta busca volver voluntarios muchos de los requisitos actuales y habilitar la figura del corredor independiente, por fuera de los esquemas obligatorios que hoy rigen la intermediación.
El planteo se enmarca en un debate más amplio que también fue abordado por el ministro Federico Sturzenegger durante el encuentro “Real estate 2026: expectativas y realidad”, realizado en la Universidad Católica Argentina. Allí, el funcionario organizó su exposición en torno a tres ejes: el rol del activo inmobiliario en la economía que viene, la posibilidad de un boom del crédito hipotecario en la próxima década y la necesidad de reconfigurar el sector frente a un nuevo escenario económico.
En ese contexto, dejó una definición que sintetiza la orientación de la política oficial: “Lo ideal sería que no tengan ningún interés en escuchar a ningún funcionario porque hayamos sacado al Estado del medio. Los protagonistas son ustedes”.
Fuente: Medios Digitales
