La situación de las pequeñas y medianas empresas se deteriora cada día con mayor intensidad, reflejándose en una constante destrucción del empleo.
De acuerdo con la última encuesta de expectativas pyme elaborada por la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, casi la mitad de los empresarios evalúa reducir su dotación de personal en los próximos seis meses, en un contexto de caída de la actividad, menor previsibilidad y aumento de los costos.
El relevamiento, realizado entre enero y febrero de 2026, muestra que el 31,1 por ciento de los consultados considera que “probablemente” reducirá personal, mientras que un 18,5 por ciento ya lo tiene decidido. En conjunto, el dato se aproxima al 50 por ciento y marca el nivel más alto de la serie.
“El dato más relevante de esta medición es el cambio en la dinámica del empleo. Por primera vez vemos que una proporción significativa de pymes no solo dejó de pensar en crecer, sino que empieza a evaluar reducir su dotación, lo que refleja un escenario de mayor cautela y menor previsibilidad”, señaló Guillermo Fraile, profesor del IAE Business School y responsable del informe.
La advertencia se produce en un contexto en el que las expectativas empresarias exhiben un alto nivel de deterioro. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) difundió un informe en el que alertó sobre la fuerte caída de la producción industrial Pyme durante febrero de 2026. El derrumbe afecta a la mayoría de los rubros, con caída en alimentos, químicos y textiles, y solo madera y muebles muestran crecimiento.
En términos interanuales, la actividad se desplomó un 7,9 por ciento, mientras que en la comparación mensual se registró un retroceso adicional del 0,5 por ciento. El informe de CAME subraya que la tendencia contractiva se extendió a la mayoría de los rubros, con la única excepción de Madera y muebles, que logró crecer un 2,7 por ciento.
De acuerdo con la Universidad Austral, la proporción de empresarios que espera una mejora en la situación del país en los próximos seis meses cayó de cerca del 70 por ciento a poco más del 30 por ciento en el último año.
En paralelo, crece la percepción de que el escenario puede empeorar, lo que impacta en decisiones de inversión, contratación y producción. El cambio de clima coincide con la consolidación de un esquema económico que prioriza el ajuste fiscal, la apertura de importaciones y la desregulación de mercados.
Aunque el Gobierno sostiene que estas medidas apuntan a ordenar la macroeconomía, en el entramado pyme comienzan a aparecer señales de retracción, señala el documento.
En materia laboral, el 41,9 por ciento de las empresas relevadas afirmó haber reducido personal en el último semestre. Al mismo tiempo, persiste una tensión estructural, con más del 70 por ciento de las pymes asegurando tener dificultades para conseguir el talento necesario.
El dato convive con la posibilidad de despidos, configurando un mercado laboral más restrictivo, donde la incertidumbre condiciona tanto la contratación como la retención de trabajadores.
Los datos sobre el entramado productivo muestran una reducción sostenida en la cantidad de empleadores desde la asunción del gobierno libertario. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, refleja un número realmente alarmante.
Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 la cantidad de empleadores con trabajadores registrados pasó de 512.357 a 490.419. La caída implica la desaparición de 21.938 empresas en dos años, lo que equivale a unas 30 firmas menos por día.
La dinámica tiene impacto directo en el empleo. En el mismo período, se registró una reducción de casi 3 por ciento en la cantidad de trabajadores registrados, con una pérdida de 290.600 puestos de trabajo.
En términos diarios, representa alrededor de 400 empleos menos. Estos números permiten dimensionar la magnitud del proceso en curso. La salida de empresas del sistema formal no solo reduce la capacidad productiva, sino que también limita la generación de nuevos puestos de trabajo y tensiona las condiciones laborales de quienes permanecen en actividad.
El fenómeno se da en paralelo a un cambio en las reglas de juego que afecta especialmente a las pymes. La apertura comercial y el aumento de la competencia externa, sumados a la caída del consumo interno, configuran un escenario en el que muchas empresas ven comprometida su sostenibilidad.
En este contexto, el ajuste macroeconómico encuentra un correlato en la microeconomía: menos empresas, menos empleo y mayor cautela en las decisiones empresarias. Aunque el Gobierno sostiene que se trata de un proceso de reordenamiento, los datos muestran que el impacto sobre el tejido productivo ya es significativo.
A la caída de la actividad y del empleo se suma otro frente de tensión: el financiero y tributario. La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) advirtió que una parte importante del sector enfrenta atrasos impositivos y riesgos de embargo.
Durante una reunión de su Comisión Directiva, con participación de más de 50 entidades, los empresarios señalaron que alrededor del 40 por ciento de las pymes registra deudas con el fisco. Además, indicaron que muchas firmas ya recibieron avisos de medidas cautelares.
La deuda acumulada, según estimaciones del sector, podría alcanzar los 5 billones de pesos. En ese marco, las empresas sostienen que están priorizando el pago de salarios y servicios, mientras postergan obligaciones tributarias ante la caída de ingresos.
El planteo central de las pymes es la necesidad de aliviar la carga fiscal en el corto plazo. Entre las propuestas, surgió el pedido de ser declaradas como “no interés fiscal”, lo que permitiría suspender intereses y ejecuciones mientras se normaliza la actividad.
El reclamo se produce en un momento en el que la política tributaria se mantiene sin cambios estructurales, mientras se intensifican los controles.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzó en la fiscalización digital y logró recuperar el 77 por ciento de la deuda en campañas recientes dirigidas a contribuyentes con pasivos superiores a los 2,2 millones de pesos.
Sin embargo, para las pymes el problema no es solo el control, sino la capacidad de pago. La finalización de las prórrogas de alivio fiscal —vigentes hasta enero de 2025— y el vencimiento de planes de pago en marzo de 2026 dejaron a muchas empresas expuestas a embargos.
“Se está deteriorando la cadena de pagos y creciendo la deuda impositiva”, señalaron desde el sector. La advertencia incluye también el riesgo de que parte de estas deudas derive en causas penales, lo que agrega un elemento de presión adicional, explican desde la entidad que preside Marcelo Fernández.
A tomar nota
En paralelo, la presión impositiva aparece como la principal preocupación empresaria, por encima incluso de la inflación. Según el informe de la Universidad Austral, casi tres de cada cuatro empresarios consideran que una reforma fiscal sería la medida de mayor impacto positivo para sus empresas. El escenario abarca factores que van desde la caída de ventas hasta dificultades de financiamiento, aumento de la competencia externa y una carga tributaria que las empresas consideran elevada. En este cóctel explosivo, las decisiones empresas sobre el empleo comienzan a reflejar una tendencia defensiva.
FUENTE: eldestapeweb.com
