La reiteración de amenazas en establecimientos educativos de Misiones encendió las alarmas de las autoridades judiciales y de seguridad, que este martes avanzaron con dos procedimientos en la ciudad de Posadas en el marco de una investigación en curso. Las medidas fueron ordenadas por la jueza Correccional y de Menores, Marcela Alejandra Leiva, ante el crecimiento de este tipo de hechos que generan inquietud en la comunidad.
Los operativos se concretaron en la Escuela de Comercio N° 6 y en un domicilio del barrio Villa Cabello, donde se procedió al secuestro de teléfonos celulares que ahora serán sometidos a peritajes informáticos. El objetivo es analizar los dispositivos para determinar posibles vinculaciones con las amenazas difundidas en los últimos días.
Las tareas estuvieron a cargo de personal especializado de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas del Ministerio Público, que actuó de manera conjunta con efectivos de la Comisaría Primera y Séptima de la Policía de Misiones. La investigación cuenta además con la intervención del fiscal especializado en ciberdelitos, Juan Pablo Espeche.
Estas actuaciones se inscriben en un contexto de reiteradas advertencias sobre posibles ataques a instituciones educativas, muchas de las cuales circularon a través de redes sociales. Desde el Ministerio Público remarcaron que este tipo de conductas “no constituyen bromas ni desafíos virales”, sino hechos que pueden configurar delitos penales, incluso cuando se realizan de manera anónima.
En esa línea, explicaron que las amenazas dejan rastros digitales que permiten avanzar en la identificación de sus autores, al tiempo que subrayaron el impacto que generan. Según señalaron, estos mensajes provocan alarma social, afectan la salud emocional de la comunidad educativa y obligan a movilizar recursos policiales y judiciales que deberían destinarse a emergencias reales.
En cuanto al encuadre legal, recordaron que las amenazas pueden ser reprimidas con penas de hasta tres años de prisión, mientras que la intimidación pública, cuando busca infundir temor generalizado, puede alcanzar hasta seis años, e incluso superar ese límite en casos agravados.
Asimismo, indicaron que cuando los responsables son menores de edad, además de la eventual responsabilidad penal que pudiera corresponder, los padres o tutores podrían enfrentar acciones civiles por los daños ocasionados y por los costos derivados de los operativos de seguridad.
Por último, las autoridades reiteraron el llamado al uso responsable de las redes sociales y advirtieron que este tipo de conductas tiene consecuencias reales y es objeto de investigación por parte de la Justicia.
