El ministro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ), Juan Manuel Díaz, detalló el proceso de implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil previsto en la Ley 27.801, que la provincia comenzó a aplicar mediante una acordada judicial que establece una estrategia por etapas.
“La primera fase, que es la que estamos llevando delante actualmente, consiste en un proceso de escucha activa en la cual las protagonistas son todos los integrantes del fuero penal juvenil, de la justicia correccional y de menores de nuestra provincia”, señaló Díaz en la FM 89.3 Santa María de las Misiones.
En ese sentido, indicó que el objetivo inicial es relevar los principales desafíos del sistema judicial. “Es identificar los desafíos tanto desde el punto de vista operativo como normativo en lo que va a consistir en definitiva la implementación”, explicó.
El funcionario destacó además que Misiones es la primera provincia del país en iniciar este proceso de adecuación. “Más allá de las diversas opiniones que se pueden tener desde el punto de vista dogmático respecto a una ley, la realidad es que hay que llevarla adelante con previsibilidad y articulación entre distintos actores”, sostuvo.
Uno de los ejes centrales de la nueva normativa, remarcó, es el cambio de paradigma en torno a la edad de imputabilidad. “Actualmente los menores son imputables a partir de los 16 años, en el régimen que va a entrar en vigencia ese tiempo es a partir de los 14 años. Es una modificación importante”, explicó.
Sin embargo, aclaró que la reforma no se limita a ese aspecto. “El objetivo central tiene que estar pensado para la resocialización del menor. O, como también se dijo, más que resocialización, socialización, porque muchas veces el niño o niña adolescente está en un entorno vulnerable”, expresó.
En esa línea, Díaz comparó el sistema vigente con el modelo anterior. “El régimen de la Ley 22.278 es un paradigma inquisitivo y tutelar, donde el juez de menores tenía amplias herramientas para conducir el proyecto de vida del menor”, explicó.
Con la nueva legislación, en cambio, se fortalece el derecho de defensa desde el inicio del proceso. “El niño o niña adolescente va a contar con un defensor desde las primeras instancias del proceso que le va a asistir técnicamente”, afirmó.
Asimismo, señaló que el rol del juez se redefine dentro de un sistema más acusatorio. “El juez tiene que equilibrar y terciar entre las partes, como tercero imparcial”, indicó.
Otro de los cambios relevantes es la incorporación de la figura del supervisor, que no existía en el régimen anterior. “Va a acompañar al juez para llevar adelante todo ese proceso de reinserción del menor con informes periódicos y seguimiento constante”, explicó.
Díaz subrayó que este rol requerirá formación específica en áreas como psicología, psicopedagogía y trabajo social. “Eso la ley lo deja en manos de las provincias”, señaló.
En ese punto, el ministro remarcó el carácter federal del sistema judicial argentino y la responsabilidad de las jurisdicciones locales. “El 80% de las causas se tramitan en las justicias provinciales”, dijo, y agregó que la implementación demandará más recursos humanos y presupuesto.
“La famosa puja del federalismo en la distribución de los recursos está presente, y hay que mencionarla claramente”, sostuvo.
El rol de las instituciones misioneras
Por otra parte, destacó el rol de instituciones locales como el Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes (CEMOAS) en el nuevo esquema. “El CEMOAS es una institución netamente misionera y tiene un rol destacado que va a seguir cumpliendo”, afirmó.
Díaz explicó que la implementación continuará con una segunda etapa de articulación externa. “Los actores externos también son fundamentales e imprescindibles: el Ministerio de Gobierno, la Policía, el servicio penitenciario, Educación, Salud, Prevención de Adicciones y asociaciones civiles”, enumeró.
Según detalló, se busca conformar una red interinstitucional orientada a la reinserción social de los jóvenes en conflicto con la ley penal.
En cuanto a la realidad estadística, precisó que los menores representan entre el 5% y el 9% de las causas penales en la provincia. Además, indicó que actualmente hay alrededor de 30 jóvenes alojados en la Unidad Penal IV y V.
“Estamos hablando de un número menor, donde el mayor impacto se ve en delitos contra la propiedad”, señaló.
Finalmente, Díaz sostuvo que muchos de los casos provienen de situaciones previas de vulnerabilidad. “Muchos de esos menores ya fueron parte de procesos anteriores, vinculados a violencia familiar o contravenciones”, concluyó.
