La distribución de los recursos federales en Argentina se rige bajo una normativa que parece haber ignorado el crecimiento demográfico y económico de las últimas décadas. En diálogo con la FM 89.3 Santa María de las Misiones, Alejandro Pegoraro, politólogo y economista, explicó que, el actual esquema se fundamenta en coeficientes establecidos en el año 1988, momento en el cual se consideraron parámetros como el déficit habitacional y el desarrollo relativo de aquel entonces.
“Obviamente las dinámicas provinciales cambiaron mucho de aquel momento a hoy”, señaló el economista, remarcando que esta rigidez temporal impide un consenso sobre cuánto debería recibir realmente cada jurisdicción.
En ese sentido, comentó que uno de los principales obstáculos para establecer el aporte real de cada provincia radica en la centralidad tributaria: “Muchas de las transacciones comerciales que ocurren en suelo misionero se registran contablemente en Buenos Aires debido a la ubicación de las casas matrices de grandes cadenas”. Sobre este punto, Pegoraro detalló que “hay una dispersión muy fuerte respecto a la contabilización de, efectivamente, los impuestos que se pagan o que se originan en el territorio”.
Bajo esta lógica, el especialista estimó que “Misiones aporta tres y recibe uno”, mientras que en términos técnicos la provincia “debería recibir de mínima entre uno y un punto y medio más de lo que recibe de coparticipación”.
Brecha estadística
Al analizar los números concretos del primer trimestre de 2026, las asimetrías exponen la falta de equilibrio en el reparto regional. Según precisó, mientras que en marzo Misiones recibió 160 mil millones de pesos por coparticipación, Chaco percibió 240 mil millones de pesos: “Es decir, hubo 80 mil millones de pesos de diferencia entre una y otra, a pesar de que Chaco tiene aproximadamente 100 mil habitantes menos que Misiones”.
Pero la situación impacta aún más cuando se compara con Formosa. El economista subrayó que Misiones cuenta con el doble de población y, aun así, percibe una cantidad menor de pesos en términos totales. “¿Cómo puede ser que Misiones reciba menos plata? No es que recibe menos per cápita, no, recibe menos en total de dinero que se distribuye mes a mes”, cuestionó. Para el analista, esto demuestra que el volumen de actividad económica y de transacciones que se generan en la provincia no tiene ningún tipo de correlato con lo que recibe efectivamente del Estado nacional.
Provincias rentísticas
Respecto a la estructura de la coparticipación, Pegoraro explicó que la misma fomentó que muchos distritos descuiden su propia base tributaria, transformándose en lo que la literatura económica denomina “provincias rentísticas”.
Teniendo en cuenta esto, indicó que “existen casos donde las administraciones locales no tienen necesidad alguna de recaudar impuestos provinciales o de exigir la tributación porque viven de la coparticipación; saben que con eso les alcanza y les sobra”.
Esta conducta va en detrimento de las provincias que, como Misiones, “mantienen un volumen de recaudación propia mucho más alto que el resto de sus pares”.
En este sentido, el espíritu de la ley entra en una contradicción fundamental entre la equidad y la solidaridad.
“El propio espíritu de la coparticipación es irracional de alguna manera porque dice que ‘tiene un espíritu equitativo y solidario’. No puede ser una o la otra en el reparto de una torta que siempre es del mismo tamaño. O sos equitativo o sos solidario. En este caso, se es solidario con algunas provincias y se es altamente inequitativo con otras, como en el caso misionero”, sentenció el especialista.
Impacto inflacionario
La coyuntura económica actual agrava el problema sistémico que Misiones arrastra desde hace aproximadamente quince años. En lo que va del primer trimestre de 2026, la provincia ya acumula una pérdida de 38 mil millones de pesos solo por el hecho de que la recaudación nacional crece por debajo del índice inflacionario.
Las proyecciones para el primer semestre sitúan este perjuicio en torno a los 100 mil millones de pesos, una cifra que condiciona la planificación financiera estatal.
Ante ello, si se amplía el marco temporal para observar el impacto desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2026, incluyendo tanto la coparticipación como las transferencias no automáticas, “Misiones acumula una pérdida de 500 mil millones de pesos medidos a moneda de hoy”, advirtió Pegoraro.
