La denuncia por un presunto otorgamiento de créditos millonarios a dirigentes políticos a través del Banco Nación sumó en las últimas horas nuevos elementos que amplían su alcance y refuerzan la idea de que no se trata de casos aislados, sino de una práctica extendida en distintos sectores del sistema político.
El relevamiento, difundido por el sitio parlamentario.com, incluye a diputados, senadores, gobernadores y exfuncionarios de diferentes espacios, y muestra que el acceso a financiamiento de alto monto alcanza tanto a referentes del oficialismo como de la oposición.
Entre los nombres que encabezan la lista aparece el diputado de Provincias Unidas Ignacio García Aresca, con compromisos que rondan los 520 millones de pesos, aunque parte de ese monto corresponde a financiamiento privado vinculado a maquinaria agrícola. También figura el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, con deudas por alrededor de 330 millones de pesos con entidades bancarias privadas.
Dentro del oficialismo, se destacan el diputado Mariano Campero, con un crédito cercano a los 323 millones de pesos, y la diputada Lorena Villaverde, con un préstamo del Banco Nación por unos 277 millones. En la misma línea aparece el senador Francisco Paoltroni, con una deuda superior a los 300 millones, aunque contraída con el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
El listado también incluye al diputado Alejandro Bongiovanni, con un crédito de 255 millones de pesos con el Banco Nación, y al legislador del PRO Martín Maquieyra, quien accedió a un financiamiento por más de 213 millones.
Entre figuras de otros espacios políticos aparecen el exdiputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, con un crédito cercano a los 200 millones; la diputada kirchnerista Ana María Ianni, con deudas repartidas entre el Banco Nación y el Credicoop; y la legisladora libertaria María Virginia Gallardo, con un préstamo de casi 160 millones.
También integran la nómina la diputada massista Jimena López, con un crédito del Banco Macro; el diputado Federico Pelli, con una deuda superior a los 146 millones con el Banco Nación; y la diputada Fernanda Ávila, con un préstamo hipotecario que supera los 140 millones.
Entre otros nombres figuran la exdiputada Paula Omodeo, la senadora Anabel Fernández Sagasti, la radical Mariela Coletta, el diputado Ernesto “Pipi” Alí, Itai Hagman y el funcionario Alejandro Cacace, además de legisladores como Bruno Olivera Lucero, Sergio Capozzi y Ana Fabiola Aubone, con distintos niveles de endeudamiento.
Del caso puntual al fenómeno estructural
La difusión de este listado se da en paralelo a las repercusiones políticas de la denuncia inicial, que ya tuvo consecuencias dentro del Gobierno nacional con la salida de un funcionario del Ministerio de Capital Humano.
Sin embargo, la aparición de dirigentes de distintos espacios en la nómina modifica el eje del debate. Aunque los créditos en cuestión son operaciones legales dentro del sistema financiero, su volumen y el perfil de los beneficiarios abren interrogantes en un contexto de ajuste económico y de fuerte discurso oficial en torno a la austeridad.
En este escenario, el foco deja de estar en responsabilidades individuales para trasladarse a una discusión más amplia sobre los estándares de conducta en la función pública y la relación entre el acceso al financiamiento y la dirigencia política.
Fuente: Agencia de Noticias NA
