La funcionaria de la delegación Posadas de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) acusada de facilitar el tráfico de extranjeros, en este caso ciudadanos chinos a los que le firmó actas de permanencia en el país pese a que ingresaron de manera ilegal, fue absuelta ayer por unanimidad del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta capital.
La decisión se oyó a las 13.13 y luego de una mañana intensa de alegatos de acusación y defensa en la sala de audiencias de calle Félix de Azara casi Catamarca.
El fiscal Pablo Ricardo Di Loreto solicitó dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para asumir cargos públicos para Liliana Mercedes Loreiro (52) pero no con la calificación con la que llegó a debate: “facilitación de la permanencia ilegal de ciudadanos extranjeros en el territorio nacional, agravado por la calidad de funcionaria pública (artículos 117 y 120 de la ley 25.871 o de Migraciones), en calidad de autora (45 del Código Penal Argentino)”, delitos que prevén condena de tres a diez años de prisión.
Di Loreto fundamentó su alegato y lo cerró con un pedido de pena pero por “mal desempeño de funcionario público”, artículo 248 del CPA.
El fiscal se desenvolvió durante el debate acompañado, como cofiscal, por Diego Guillermo Stehr. Durante una hora desplegaron precisiones y reconstruyeron lo sucedido el sábado 2 de julio cuando en el Aeroparque Jorge Newbery (CABA) fueron recibidos por tres inspectores de la DNM los tres ciudadanos chinos que ingresaron sin registros a la Argentina y se valían de actas firmadas por la subdelegada de la DNM-Posadas, Liliana Loreiro.
Desde el aeropuerto de Puerto Iguazú se alertó a Aeroparque de la partida del vuelo con los ciudadanos chinos con pasaportes sin sello de ingreso y con las polémicas actas que le permitían la permanencia pero que, legalmente, estaban en condiciones de ser expulsados del país.
“Ante un traductor de chino mandarín, los tres informaron que su ingreso a la Argentina fue por turismo a Puerto Iguazú y que lo hicieron por Brasil y por un paso que no conocían”, relató Di Loreto, pero agregó que varias semanas antes desde Salta y por el paso de Salvador Mazza cruzaron a Bolivia, llegaron a Santa Cruz de la Sierra, todo por tierra hasta entrar a Brasil y recorrer varias ciudades, Campo Grande en el estado de Mato Grosso hasta Cascavel, Paraná.
“El 20 de junio de 2016 reciben las actas firmadas por Loreiro, el 17 de junio declararon que estuvieron en Salta sin ningún papel”. Respecto al día de la confección y firma de las actas, Di Loreto resaltó que se trató de un feriado (Día de la Bandera) en Argentina, que Loreiro no concurrió a la delegación de calle Buenos Aires en Posadas y que, de los celulares de los ciudadanos chinos se probó que jamás estuvieron en la capital misionera, para esa fecha viajaban desde Campo Grande (Mato Grosso) hacia Cascavel.
Pero amplió que Loreiro en marzo de 2015, como subdelegada o segunda firma en la DNM, recibió diez talonarios de actas en blanco, todas numeradas.
El décimo talonario desapareció un poco más de un año después y de este “aparecieron las actas 60733, 60734 y 60735, las tres últimas y las que fueron completadas con falsedades para beneficiar a los ciudadanos chinos”.
“Loreiro entre 2014 y 2016 estaba designada como Segunda Firma en la delegación Posadas y quedó probado que las actas que tenía a cargo no se podían firmar en blanco. Una perito caligráfica confirma que de las tres actas dos tenían su firma y la restante no lo pudo precisar por lo impreciso de la copia que analizó”.
Para los acusadores, Loreiro “sustrajo las actas y las entregó a terceras personas para beneficiar la permanencia ilegal cuando ingresaran a la Argentina. Los celulares son claros, el 14 de junio los tres ciudadanos chinos partieron desde Shanghái con escala en Ámsterdam (Países Bajos) y el 20 de junio no estaban tampoco en Argentina, estaban en Campo Grande, Mato Grosso”.
Pero no vaciló en admitir que no había pruebas para acusar a la funcionaria por “facilitación” del tráfico de personas (artículo 117 de la ley 25.871), no se hallaron evidencias de beneficio en la imputada pero sí señaló que “violó reglamentos de Migraciones, disposiciones legales. Las actas salieron de la oficina de Loreiro”.
La acusó finalmente por lo previsto en el artículo 248 del CPA: Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, que prevé penas de un mes a dos años de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo.
“La única víctima es Loreiro”
Para el abogado defensor, Sergio Fabián Santa Clara, “durante el debate y en el expediente no quedó probado que Loreiro haya firmado y entregado actas en blanco”.
Cuestionó el cambio de calificación de la Fiscalía: “Es violatorio del derecho de defensa”. Y solicitó la absolución de la funcionaria “de toda acusación, no hubo bien jurídico afectado o violentado (…) Acá la única víctima es Liliana Loreiro”.
En tanto que, las últimas palabras de Loreiro previas al desenlace decidido por los jueces del tribunal Fabián Cardozo, presidente y los vocales subrogantes Rubén Oscar David Quiñones (TOCF-Formosa) y Juan Manuel Iglesias (TOCF-Resistencia), fueron reclamar por su inocencia pero también señalar que “he sufrido mucho, he perdido mucho. Yo fui designada en 2014 como empleada de carrera para ocupar la Segunda Firma en la delegación Posadas de Migraciones, tuve que atender 34 casos de sumariados y 150 personas a cargo, hasta ratas había en ese edificio, tuve que reconstruir ese lugar”.
Vale recordar, como lo publicó también PRIMERA EDICIÓN ayer, que Loreiro apuntó a Juan Manuel Holz, el delegado de la DNM Posadas designado por el Poder Ejecutivo Nacional (presidencia de Mauricio Macri), como quien ordenó perseguirla y apartarla de su función de Segunda Firma: “El 13 de junio de 2016, Holz me dijo que ya no podía firmar más nada, quiso acaparar todo el control y tuve problemas por ello”.
