En los centros de atención a personas con discapacidad, la crisis se acumula desde hace cinco meses. O tal vez más. La emergencia en discapacidad no es una novedad, pero a varios meses de la sanción de una ley que permita dar respuesta a un escenario que en estos espacios definen como “crítico” y “agobiante”, todavía no hay respuestas.
Obras sociales y programas nacionales como Incluir Salud acumulan cinco meses de deudas por prestaciones que se dan todos los días en estos espacios, a los que asisten personas con discapacidad de todas las edades. Acompañamiento educativo, estimulación temprana o rehabilitación motora son algunos ejemplos, pero la lista es larga.
Las tres jornadas de paro que se realizaron este mes a nivel nacional expusieron el conflicto, pero aún en ese escenario, la mayoría de los centros siguió atendiendo. No por normalidad, sino por la imposibilidad de suspender prestaciones para un sector hoy bajo una “múltiple vulneración de derechos”.
Así lo definieron dos prestadoras del sector en diálogo con PRIMERA EDICIÓN. Florencia Esquinazi y Amanda Álvarez, quienes tienen a su cargo dos centros de acompañamiento a personas con discapacidad, contaron, en primera persona, las decisiones y situaciones que enfrentan hace al menos un año.
“La situación es muy crítica. Los prestadores que integran la cámara del NEA dicen que es la crisis más profunda en 30 años. Es una vulneración de derechos terrible, tremenda e inaudita”, sintetizó Álvarez.
Sostener, sin recursos ni previsibilidad
En el último año, los atrasos en los pagos de prestaciones se convirtieron en moneda común para varios rubros del sistema de salud: farmacias, ópticas, odontología. Todos tienen al menos un antecedente de reclamo por la tardanza de las obras sociales y programas nacionales a la hora de abonar los servicios.
Pero dos cuestiones agravan el problema en el sector de la discapacidad. Una es que en la mayoría de los casos estas prestaciones son servicios que no pueden quedar en pausa. Por ejemplo, terapias de estimulación en los primeros años o el servicio de comedor.
“Hay concurrentes y beneficiarios que no tienen otra comida que no sea el desayuno, el almuerzo o la merienda que tienen con nosotros”, contó Amanda Álvarez, responsable del centro CADIFU, que funciona hace tres años en Candelaria.
El segundo agravante es que los plazos entre pagos son cada vez más extensos para este sector y, aún con medidas y reclamos de por medio, no reciben soluciones. Florencia Esquinazi, del centro Otawá de Posadas, lo definió como “un bucle descendiente que nos está apretando en todos los aspectos”, porque además de la falta de pagos, no se actualizan los montos mínimos.
En un escenario así, la prestación “es evidente que en algún momento ya no se puede sostener más”, dijo Esquinazi, y las posibilidades de planificar a corto y largo plazo se reducen.
Álvarez aseguró que en CADIFU la suspensión o cierre de actividades hasta el momento no fue una opción, pero sí contó que el funcionamiento del centro empieza a depender de recursos que no forman parte del circuito formal e instalan la incertidumbre financiera.
“¿Qué empresa puede sobrevivir estando 5 meses sin cobrar y dando transporte, almuerzo, … No hay forma, es imposible. Hemos pedido préstamos personales para pagar sueldos a nuestra gente, y en algún momento se corta eso también, no podés pedir préstamo sobre préstamo”, aseguró la directora de CADIFU.
Esquinazi agregó que los problemas también se viven fuera de los centros. “Actualmente el mayor prestador de transporte que trabajaba con Incluir Salud se dio de baja, porque ya no pueden sostener la prestación, con el gasto de combustible, los choferes, el mantenimiento. Esto desencadenó que muchas familias no hayan podido acceder a los servicios, que en muchos casos son de vida o muerte”, aseguró.
Impacto en el personal y las familias
Medir el impacto de esta emergencia también tiene que incluir los efectos en el personal de apoyo de los centros, que en su mayoría ofrecen acompañamiento integral a las personas con discapacidad en educación, alimentación, deporte, salud y transporte.
Para desplegar ese trabajo, el plantel de profesionales tiene que ser variado, a veces numeroso, y hoy la falta de previsibilidad también aparece en este sentido en los centros: no saber si se contará con un equipo, porque no hay certezas sobre si se podrá pagar.
“Particularmente hoy no tenemos la plata para pagar los sueldos del mes, ya no sabemos de donde sacar”, advirtió Esquinazi. Eso hace más probable la salida y la rotación de profesionales, que en definitiva afectan la continuidad de los tratamientos y obligan a reconfigurar equipos.
La falta de recursos se nota primero en los sueldos, pero después se vuelca hacia los insumos, y finalmente afecta la lista de los servicios que se pueden sostener y el funcionamiento mismo de los espacios, que ni siquiera pueden cumplir obligaciones de pago de impuestos. “Es una secuencia de situaciones desgastantes”, describió Esquinazi.
En algunos casos, agregó que los gastos se empezaron a trasladar a las familias: “Pedimos que traigan elementos desde sus casas para de esta manera poder acompañar el gasto, como también materiales de trabajo o elementos de limpieza”, contó la directora de Otawá.
Y Álvarez agregó que la cuestión supera lo económico, considerando que el hecho de no cumplir con estos servicios “es una vulneración de derechos total y absoluta”.
Un retroceso y una tarea que no puede faltar
Ambas referentes advirtieron que el problema actual excede lo económico y vuelve a poner en discusión un piso de derechos que, hasta hace algunos años, parecía firme.
Para Esquinazi, la falta de pagos, la desactualización del nomenclador de prestaciones y, sobre todo, la incertidumbre en la continuidad de las prestaciones son leídas como parte de un retroceso de casi dos décadas en el sistema de atención.
“Volvemos a una discusión que ya la habíamos resuelto hace mucho tiempo. Argentina se adhirió a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2008”, que empezó a reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, recordó la referente.
En ese sentido, apuntó que la preocupación es a futuro si el sistema deja de sostenerse. En primer lugar “tanto las familias y las personas con discapacidad quedarán sin lugares a los cuales asistir, bajará notablemente su calidad de vida”, planteó.
Como consecuencia, “generará un colapso en los lugares de atención como los CAPS y el hospital”, que -según sostuvo- concentrarán la demanda y, a veces, sin contar con profesionales específicos.
Álvarez agregó que el riesgo no es solo el cierre de espacios, sino también la pérdida de redes de apoyo. “Nosotros estamos brindando una oportunidad a los niños y adultos, y a las familias también. Son herramientas que estamos dando para que puedan tener una mejor calidad de vida”, aseguró.
Por eso, consideró que esas herramientas son las que están en juego “cuando se habla de emergencia” y no hay soluciones a la vista.
