El aumento sostenido del combustible volvió a encender alarmas en uno de los sectores más sensibles de la economía cotidiana: el transporte escolar. En Posadas, trabajadores advierten que la combinación de costos en permanente suba, tarifas congeladas y una creciente competencia ilegal está llevando la actividad a un punto crítico.
En diálogo con el programa “El Aire de las Misiones” de FM 89.3 Santa María de las Misiones, “Rosy” Ocampo, transportista escolar con años de experiencia, describió con crudeza el escenario que atraviesan: “La verdad que estábamos conversando con los colegas y nos está afectando muchísimo. Estamos trabajando con menos capacidad y tenemos el problema de la competencia desleal, que cobra más barato y nos perjudica a todos”.
La problemática no es nueva, pero se profundizó en los últimos meses con la volatilidad del precio de los combustibles. “Dimos un precio a comienzos de año y ya nos hemos quedado cortos otra vez por el simple hecho de que el combustible aumenta todos los días. Realmente esto está crítico”, afirmó.
Un sistema tarifario que quedó desfasado
Como ocurre cada año, los transportistas escolares fijaron sus tarifas al inicio del ciclo lectivo con la previsión de una actualización a mitad de año. Sin embargo, el contexto actual desbordó cualquier cálculo previo.
“Nosotros fijamos un precio al inicio del año lectivo y dijimos que el segundo aumento lo íbamos a dar en agosto, como siempre. Pero hace años que venimos con este problema: tenemos que absorber todos los aumentos desde marzo hasta agosto”, explicó Ocampo.
La situación, según remarcó, se vuelve cada vez más difícil de sostener: “Es desesperante, porque la economía del país está así y nos afecta sí o sí. No hay manera de esquivarlo”.
Pese a esto, el sector intenta evitar trasladar el impacto total a las familias. “Arrancamos con una tarifa de 230 mil pesos y estuvimos hablando con los colegas para mantenerla. Entendemos que la situación de los padres también es complicada”, sostuvo.
Y agregó: “Nuestro servicio sigue siendo accesible. A veces los padres sienten que es caro, pero la realidad es que está por debajo de lo que debería costar”.
Competencia desleal: el mayor reclamo
Más allá del combustible, el principal foco de conflicto es la proliferación de servicios informales. Según Ocampo, esta competencia ilegal no solo afecta la rentabilidad, sino también la seguridad.
“Tenemos el tema de los Uber y otros autos particulares. Yo realmente no entiendo cómo trabajan con esas tarifas. Hablamos con taxistas y hasta ellos nos dicen que nuestro servicio es económico”, señaló.
La situación genera indignación entre quienes cumplen con todas las exigencias legales: “Nosotros trabajamos bajo una ordenanza, con habilitación municipal, seguros, controles. En cambio, hay gente que sale a la calle sin nada de eso y nadie les dice nada. Es desesperante para los que trabajamos en regla”.
Ocampo incluso denunció casos puntuales: “Hay una combi que hace siete años está trabajando ilegalmente. Antes tenía la franja anaranjada y ahora está completamente blanca, pero sigue transportando chicos con total impunidad. Movilidad Urbana no toma cartas en el asunto”.
Falta de controles y desorden en las escuelas
Otro de los reclamos centrales apunta a la falta de control en los espacios exclusivos para transporte escolar frente a los establecimientos educativos.
“La franja anaranjada nos identifica como transporte escolar habilitado. Pero hoy llegamos a las escuelas y no tenemos lugar para estacionar. Nuestro espacio está ocupado por autos particulares”, explicó.
La situación se agrava por la falta de cumplimiento de las normas vigentes: “Hay un horario de 7 a 9 donde no debería haber autos particulares en esos lugares, pero no se respeta. Y lo peor es que ni siquiera los inspectores hacen respetar eso”.
En ese sentido, cuestionó la contradicción en los controles: “El inspector le autoriza a un padre a estacionar y cuando llega el transporte no quiere moverse. Entonces terminamos maniobrando en medio del caos. Así es imposible trabajar bien”.
Además, alertó sobre prácticas riesgosas: “Hay autos que llevan seis o siete chicos. ¿Te parece que eso es seguro? Sin embargo, los inspectores lo ven y dicen que no pueden hacer nada”.
Un sector que se achica
Las consecuencias de esta crisis ya se sienten puertas adentro del rubro. “Este año ya hay dos colegas que dejaron de trabajar. Cada vez somos menos”, lamentó Ocampo.
Incluso, algunos transportistas no logran completar los requisitos para seguir operando: “Hay colegas que todavía no pudieron terminar de presentar la carpeta en la municipalidad porque habilitar una combi es muy caro. Y mientras tanto, los ilegales siguen trabajando”.
Frente a este panorama, el sector intenta resistir, aunque sin certezas. “Vamos a seguir aguantando hasta donde podamos. Después veremos qué solución encontramos”, afirmó.
Reclamo urgente a las autoridades
Finalmente, Ocampo insistió en la necesidad de medidas concretas por parte de la Municipalidad: “Nosotros propusimos que haya más controles, que los inspectores actúen y que se haga cumplir la normativa. No pedimos nada fuera de lo normal, solo que se respete la ley”.
Y concluyó con un mensaje claro: “Queremos trabajar en condiciones justas. Hoy no las tenemos. Si esto sigue así, cada vez va a haber menos transportes escolares y eso también afecta a las familias”.
La crisis del transporte escolar no solo expone las dificultades de un sector golpeado por la economía, sino también la urgencia de ordenar un sistema donde la informalidad crece y las reglas parecen no aplicarse por igual.
