La organización ambientalista Greenpeace presentó una medida cautelar ante la Justicia para que se garantice la participación oral de los más de 100 mil inscriptos en las audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados para debatir la reforma de la ley de Glaciares.
Actualmente, el esquema previsto limita la exposición a unos 200 participantes en forma presencial y otros 200 de manera virtual, lo que deja a la gran mayoría de los anotados sin posibilidad de intervenir directamente, debiendo optar por presentaciones escritas o el envío de videos.
El planteo quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°7, actualmente subrogado por el juez Enrique V. Lavié Pico.
Desde Greenpeace cuestionaron la resolución adoptada por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, al considerar que restringe el derecho a la participación ciudadana.
En su presentación, la organización solicitó que se ordene al Congreso “garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos”, lo que implicaría la readecuación del cronograma de audiencias previstas para el 25 y 26 de marzo, ya sea mediante su ampliación o la incorporación de nuevas jornadas.
Además, reclamó que el Congreso se abstenga de reemplazar la exposición oral por formatos alternativos, como presentaciones audiovisuales o el envío de videos, al considerar que estas modalidades resultan incompatibles con los estándares de participación pública.
En ese marco, también pidieron la designación de veedores judiciales para supervisar el desarrollo de las audiencias, tanto presenciales como virtuales, con el objetivo de garantizar su transparencia conforme a los principios del Acuerdo de Escazú.
Según estimaciones parlamentarias citadas por fuentes legislativas, garantizar la participación total de los inscriptos podría demandar hasta 500 días de audiencias, lo que evidencia la complejidad del planteo. Desde sectores de la oposición, en tanto, señalaron la necesidad de establecer un criterio intermedio que permita ampliar la participación sin extender de manera inviable el proceso.
El conflicto abre un nuevo capítulo en torno al debate de la ley de Glaciares, pero también pone en discusión los límites y alcances de la participación ciudadana en instancias legislativas clave.
Fuente: Agencia de Noticias NA
