Mientras las versiones corren y aumentan la polémica y el escándalo por el operativo que ordenó la Justicia Federal de esta capital detrás de una presunta organización -montada por aduaneros y gendarmes- de cobros de coimas en el puente San Roque González de Santa Cruz, ayer los controles fueron reforzados y trascendieron situaciones que llamaron la atención y motivaron quejas desde diversos sectores ante el presunto avance de efectivos de Gendarmería en la zona primaria de la cabecera argentina y cumpliendo funciones que corresponden a los agentes de Aduana y a los de Migraciones.
De acuerdo a las fuentes contactadas por PRIMERA EDICIÓN, el malestar de los funcionarios aduaneros y migratorios apuntó a que los gendarmes comenzaron a requisar automóviles y todo tipo de vehículos y a controlar documentación, poder que no les correspondería en la denominada zona primaria, donde deberían desplegarse como parte de la estructura de seguridad como colaboradores.
“Pueden revisar un vehículo pero si se solicita la ayuda desde la voz de un aduanero”, resaltó una de las fuentes consultadas y con amplia trayectoria en este tipo de funciones.
Por la licencia otorgada a los 22 aduaneros que quedaron involucrados en la investigación de la jueza Federal de Posadas, María Verónica Skanata, ayer se asignaron otros empleados al control en el puente, mientras se aguardan las llamadas a indagatoria o no de los implicados. Lo que dependerá del avance de los análisis a los elementos secuestrados entre lunes y martes en los allanamientos realizados.
Como lo adelantó primeraedición.com.ar el lunes por la noche, los procedimientos incluyeron a las sedes de la fuerza de seguridad federal en el cruce de las calles Alvear y Félix de Azara y a la de ARCA-Aduana en Santa Fe y Colón. La causa que se investiga es la 2.837 y se inició el año pasado en el Juzgado Federal de Posadas, Secretaría 3, a cargo de María Trinidad Fierro, y tomó relevancia cuando fueron allanados los primeros domicilios de agentes de Aduana y efectivos de Gendarmería Nacional presuntamente involucrados en cobros de coimas para facilitar el cruce de mercadería procedente de Paraguay y a través del puente.
De los 46 funcionarios públicos bajo sospecha, 24 corresponden al Escuadrón 50 de GN y los 22 restantes son aduaneros. A todos, entre el lunes y el martes, les fueron allanados los domicilios en Posadas, secuestrándose 62 teléfonos celulares, alrededor de 57 millones de pesos, 37 mil dólares, seis mil reales y un millón de guaraníes.La lista de gendarmes investigados incluye doce sargentos, diez cabos y dos alférez, ninguno de ellos ocupando cargos de preponderancia como funciones. Respecto a los aduaneros, 22 en total, seis mujeres figuran entre las sospechas. A todos les alcanzaron los allanamientos en Posadas en sus viviendas y se les secuestraron soportes informáticos, celulares principalmente, y divisas extranjeras.
La orden judicial indicó también que se registren “todos” los vehículos de transporte a motor que posean y “todos los elementos de interés para la causa de la totalidad de los involucrados”.
Se remarcó además que, a partir de los análisis de todo lo secuestrado, no se descartan ampliaciones de las actuaciones judiciales. Y se resaltó también que no hubo medidas de intervención alguna a dependencias de GN y Aduana.
Junto a los teléfonos móviles secuestrados, se pudo saber que se peritarán también, cuando la jueza lo ordene, 26 pendrives, 19 cámaras para grabar videos, una caja fuerte, tres cámaras fotográficas, dos armas de fuego y un disco DVR de sistema de videovigilancia.
