Myrian Vera y Juan Carlos Marchak, enviados especiales
En las márgenes del lago Urugua-í, la resistencia tiene nombre propio: Okä Porã. Allí, cinco familias -19 personas en total- han decidido poner fin a décadas de desplazamiento para retornar al territorio que, según exigen, les pertenece “por linaje y preexistencia”.
Sin embargo, este regreso al hogar ancestral se transformó en un escenario de “asedio constante por parte de la multinacional Arauco”, dijo a PRIMERA EDICIÓN el cacique segundo de la aldea Iván Nicanor Franco.
Bajo el sol humedo y asfixiante, entre los pinos de Arauco y el monte, su voz y la de sus paisanos es la voz de la resistencia.
“Acá vamos a luchar”
En un español dificultoso, Iván Franco, en el centro de una ronda donde lo secunda su comunidad, fue claro: “Acá nosotros necesitamos ayuda de todos… estamos en conflicto con Arauco. Ellos dicen que estamos en propiedad privada y quieren que nos vayamos, pero esta es la tierra de nuestros ancestros y acá nos vamos a quedar”.
La empresa les habría pedido reubicar a la comunidad en zonas de barranco e inundables cerca del lago, una propuesta que el cacique rechaza de plano por ser inhabitable y por la memoria que guarda el agua.
“Antes había comunidad ahí abajo, antes de que llegue la empresa… pero eso quedó bajo el agua. Hasta el cementerio de nuestros ancestros quedó ahí. Acá es nuestra tierra y acá nos vamos a quedar y vamos a luchar”, relató Franco con convicción.
Para su comunidad, que inició trámites de personería jurídica, “el retorno de las familias no es una ocupación, sino un acto de justicia histórica. Queremos recuperar otra vez la tierra, porque nosotros antes vivíamos acá, es de nuestros guaraníes”.
El ambientalista Gerardo Segovia, presidente de la red de cultura orgánica de Misiones e integrante del Movimiento mundial de la salud de los pueblos, también sumó su visión y su experiencia de lucha contra el impacto de Arauco: “Vine al Alto Paraná con el obispo Joaquín Piña a trabajar con su diócesis en el área de la pastoral social y a través de eso vimos la problemática de la concentración de la tierra, de la mano de las papeleras.
Aquí en esta región es donde claramente se nota que las decisiones están moldeadas por la multinacional. Se hace lo que Auauco dice”, enfatizó.
“En Puerto Libertard, en Piray y en localidades cercanas realmente todos están atados al enclave de esa multinacional”, cuestionó.
“Hoy el campesino de Libertad, el de Piray, el guaraní, están huérfanos y empobrecidos. Los movimientos están luchando por mejorar la situación. Pero las papeleras siguen tapando ríos, talando selva y quemando todo”, finalizó.
El derecho que los ampara y la falta de paz constante
El relato de la abuela de la comunidad, una persona de autoridad dentro de la jerarquía guaraní -en un español a medias pero con la traducción de las hijas más pequeñas- reveló tácticas de hostigamiento que incluyen la presunta implantación de pruebas y denunció que la empresa los acusó falsamente de incendiar plantaciones de pino.
“Ellos quemaron en la noche. Y después vinieron policías acá y dijeron ‘ustedes quemaron el pinal’. Nos culpó”.
Este clima de vigilancia constante quita la paz a las familias. “Siempre hay policías que corren por acá, a nuestro alrededor”, explicó la anciana, mientras su comunidad aguarda la formalización de la personería jurídica. Frente a la etiqueta de “propiedad privada” que esgrime la multinacional, existe un andamiaje legal superior que protege a Okä Porã: la Constitución Nacional que en su art. 75 inc. 17 reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, aclarando que ninguna de ellas será enajenable ni susceptible de gravámenes o embargos. La Ley Nacional 26.160 declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras indígenas y suspende los desalojos. La Constitución de la Provincia de Misiones (Art. 9): Reconoce a las comunidades indígenas como pueblos preexistentes.
