El sistema de atención a personas con discapacidad en Argentina atraviesa una de sus situaciones más críticas de los últimos años. Prestadores, centros de rehabilitación, hogares, transportistas y organizaciones sociales denunciaron atrasos en los pagos desde hace meses, lo que ya provoca sueldos impagos, reducción de servicios y riesgo de cierre de instituciones.
Ante este escenario, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a un cese de actividades a nivel nacional para el viernes 13 y para el miércoles 18 y jueves 19 de marzo, con el objetivo de visibilizar la crisis y exigir respuestas al Gobierno.
El reclamo fue confirmado por el coordinador del Foro, Pablo Molero, quien advirtió en una entrevista con FM 89.3 Santa María de las Misiones, que la falta de financiamiento está empujando al sistema a un punto límite.
“Los prestadores no están cobrando como corresponde. Hay instituciones a las que se les debe desde octubre y otras que apenas cobraron septiembre. Eso genera graves dificultades porque las organizaciones necesitan ingresos para sostener su funcionamiento”, explicó.
Deudas acumuladas y funcionamiento al límite
Según detalló Molero, la situación impacta en varios organismos que financian las prestaciones para personas con discapacidad.
Uno de los casos más graves es el del programa Incluir Salud, que brinda atención médica y servicios a beneficiarios de pensiones por discapacidad.
“El último mes que se pagó fue hace varios meses. Hay instituciones a las que se les adeudan octubre, noviembre y diciembre, lo que genera un problema enorme porque no pueden afrontar gastos básicos”, sostuvo.
A esto se suma la demora en los pagos de PAMI, que también financia parte de las prestaciones. “El último pago fue en noviembre. Nos avisaron que podría abonarse diciembre, pero ya estamos en marzo y el atraso sigue creciendo”, señaló.
Molero explicó que el esquema de pagos del sistema agrava el problema. “Las obras sociales pagan a 90 días, entonces hay instituciones que directamente no han recibido dinero en meses”, indicó.
Sueldos impagos y servicios en riesgo
La falta de recursos ya tiene consecuencias concretas en el funcionamiento de los centros.
“Hay instituciones que no han podido pagar la totalidad de los sueldos desde octubre. Eso genera que muchos trabajadores ya no puedan seguir yendo a trabajar porque tampoco pueden sostener su economía”, advirtió el referente.
El impacto alcanza a profesionales, cuidadores, choferes de transporte especializado, docentes y terapistas que trabajan con personas con discapacidad en todo el país.
La crisis también se extiende a los servicios complementarios. “Los transportistas hace tiempo que redujeron los viajes o directamente dejaron de prestar el servicio, porque tampoco están cobrando”, explicó.
Hogares con personas internadas en situación crítica
Uno de los aspectos más preocupantes del conflicto se registra en los hogares y residencias donde viven personas con discapacidad que requieren asistencia permanente.
Según relató Molero, algunas instituciones ya comenzaron a advertir que no podrán sostener la atención si no se regularizan los pagos.
“En Santa Fe hay un hogar donde viven más de 40 personas y los trabajadores no cobraron en los últimos tres meses. Están viendo cómo siguen”, contó.
El problema no solo afecta los salarios, sino también la compra de alimentos, medicamentos y otros insumos básicos.
“En estos lugares no es solo el sueldo del personal. También está la comida, los insumos, todo lo que implica sostener a personas que viven allí las 24 horas”, explicó.
Incluso algunas instituciones comenzaron a comunicar a las familias que podrían suspender el servicio.
“Hay hogares que ya avisaron a los padres que, si esto sigue así, van a tener que retirar a sus hijos porque no pueden seguir funcionando”, alertó.
“No es falta de dinero, es una decisión política”
Durante toda la entrevista , Molero fue especialmente crítico con la postura del Gobierno Nacional y aseguró que el problema no responde a una falta de recursos, sino a una decisión de no priorizar el área.
“No es que no haya dinero. El programa Incluir Salud devolvió 30 mil millones de pesos a rentas generales el año pasado porque no los ejecutó”, afirmó.
Para el coordinador del Foro Permanente de los Derechos de las Personas con Discapacidad, eso demuestra que el problema no es presupuestario: “Si el dinero estaba destinado y no se utilizó, es porque no se quiso pagar”, sostuvo.
La situación también se repite con PAMI, que financia parte de las prestaciones del sector. “El último pago fue en noviembre y recién ahora se habla de pagar diciembre. Pero el atraso ya está generado y las instituciones siguen acumulando deudas”, afirmó.
El dirigente explicó que el esquema de financiamiento agrava el problema: las obras sociales suelen pagar con demoras de hasta 90 días, por lo que muchas organizaciones pasaron meses sin recibir ingresos.
En ese sentido, aseguró que el sector percibe una falta de interés en resolver el problema. “No hay voluntad de sentarse a analizar la situación. Cuando planteamos que los aumentos son insuficientes, nos dijeron que si queremos algo diferente vayamos a la Justicia”, explicó.
Aumentos insuficientes y costos en alza
Otro punto de conflicto es la actualización de los aranceles que reciben las instituciones por las prestaciones. Según el Foro, el aumento autorizado recientemente está muy por debajo de la inflación.
“Nuestros cálculos indican que el aumento debería ser cercano al 40%, pero se otorgó apenas un 5,8%. Con eso es imposible sostener los costos”, afirmó Molero.
Los gastos operativos de las instituciones incluyen salarios, alquileres, transporte, insumos médicos y alimentación, todos con fuertes incrementos durante el último año.
Cese de actividades para visibilizar la crisis
Ante este panorama, las organizaciones del sector decidieron convocar a una medida de fuerza nacional.
El cese de actividades se realizará este viernes 13 y continuará la semana siguiente el miércoles 18 y jueves 19 de marzo, con adhesión de instituciones de todo el país.
Molero aclaró que en los hogares donde viven personas con discapacidad el cese será parcial, ya que no pueden abandonar la atención, pero igualmente buscarán sumarse a la protesta.
“En muchos lugares cerrarán centros de día, escuelas o centros de rehabilitación por uno o dos días. Es una manera de mostrar lo que está pasando”, explicó.
El dirigente insistió en que el objetivo es visibilizar una situación que ya se vive en muchas instituciones.
“Lo que estamos convocando es lo que ya ocurre en la realidad. Las organizaciones están dejando de trabajar algunos días porque no tienen cómo sostener la actividad”, afirmó.
Un sistema en alerta
Mientras esperan alguna respuesta oficial, desde el sector advierten que el tiempo se agota.
“Nosotros no podemos quedarnos sentados esperando a ver si alguien decide resolver el problema”, señaló Molero.
Y concluyó con una advertencia: “Si esto no cambia, muchas instituciones no van a poder seguir funcionando y el impacto lo van a sufrir miles de personas con discapacidad y sus familias”.
