La reforma laboral que impulsa el oficialismo y que logró dictamen este viernes en el Senado podría convertirse, según especialistas en derecho del trabajo, en el cambio más profundo y regresivo en medio siglo.
“Es la reforma laboral más importante en los últimos 50 años e introduce aspectos muy negativos para los trabajadores”, afirmó Guillermo Pérez Crespo, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones.
Para el abogado, la sanción de la ley abrirá un escenario de conflictividad judicial y social. “Se vienen amparos por inconstitucionalidad, no de la ley en bloque, pero sí de artículos y capítulos. Y también se viene lo que ha pasado siempre: la resistencia de los trabajadores cuando enfrenten la aplicación concreta de la norma”, anticipó.
Uno de los puntos más cuestionados es la habilitación de convenios por empresa con prioridad sobre los convenios por actividad, incluso si resultan menos favorables. “La ley autoriza la conformación de sindicatos por empresa que puedan negociar convenios propios con prioridad sobre el de la actividad, aunque tengan beneficios menores”, explicó.
Según indicó, esto es “peor que la llamada Ley Banelco”, que permitía acuerdos por empresa pero negociados por el sindicato de la actividad.
El riesgo, advirtió, es que grandes compañías -como Techint o Mercado Libre- promuevan sindicatos internos afines y negocien condiciones a la baja. Para ilustrarlo, citó el caso de las maquilas en el norte de México, donde se crearon los llamados “sindicatos de protección”, estructuras que simulaban negociación colectiva pero respondían a los intereses empresariales.
“No hay experiencias positivas en el mundo de esto y corremos el riesgo de que pase acá”, afirmó.
Antigüedad, indemnizaciones y retroactividad: la discusión judicial
Respecto al impacto en trabajadores con larga antigüedad, Pérez Crespo aclaró que el debate no es sencillo.
“No es estrictamente retroactividad, pero sí implica pérdida de derechos. Si un trabajador ya fue despedido antes de la sanción, su derecho estaba consolidado y no debería aplicársele la nueva ley. Pero si es despedido después, aunque tenga antigüedad bajo la ley anterior, muchos jueces entienden que su derecho no estaba consolidado sino en expectativa y podrían aplicar la nueva norma”, explicó.
Recordó que algo similar ocurrió con la Ley 27.742, sancionada el año pasado y también conocida como la Ley Bases. “Hubo una gran discusión y está en la Justicia. Incluso creo que hubo una sentencia en Posadas que aplicó retroactividad”, señaló.
También mencionó un caso polémico: “Hubo un juzgado en Rafaela, cuyo titular es el hijo del juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, que dictó tres sentencias aplicando el nuevo sistema a trabajadores que habían sido despedidos años antes y cuyos juicios estaban terminando”.
En su análisis, este escenario anticipa fallos contradictorios y varios años de debate hasta que se consolide una interpretación dominante.
El abogado subrayó que algunas disposiciones sí se aplicarán a todos los trabajadores, sin distinción entre antiguos y nuevos. Entre ellas, la prohibición de realizar asambleas sin autorización del empleador y la restricción al derecho de huelga.
También cuestionó la modificación que elimina la posibilidad de que el trabajador recurra a la Justicia ante decisiones arbitrarias -como traslados a 50 kilómetros, cambios bruscos de horario o rebajas salariales-. “Antes podía ir en amparo y exigir que se anule esa arbitrariedad. Ahora solo puede darse por despedido. Y en general al trabajador no le interesa eso, porque necesita el trabajo”, sostuvo.
Banco de horas: “pierde la disposición de su tiempo”
Sobre el banco de horas, explicó que su impacto dependerá de si el convenio colectivo ya fija jornada específica. En los casos donde no exista esa previsión, el empleador podrá distribuir las horas de trabajo de manera variable mientras respete el promedio semanal.
“Hoy podés trabajar seis horas y mañana diez o doce. Eso impide planificar la vida: buscar a un hijo, estudiar, hacer deporte. El trabajador deja de ser persona y pasa a ser una pieza más del establecimiento, como cualquier tornillo”, sostuvo.
El polémico artículo 44
En relación con el artículo sobre licencias por enfermedad que finalmente fue eliminado del proyecto, el abogado consideró que no fue un error técnico sino “un error de medición de fuerzas”.
“La ley se discutió muy poco en la sociedad. Creyeron que no habría resistencia y ‘si pasa, pasa’. Cuando la gente leyó el texto, lo vio disparatado”, afirmó, y calificó como igualmente desacertada la explicación oficial que justificó el recorte de licencias en casos de accidentes deportivos.
“Es una concepción soberbia: el trabajador es visto como una pieza de la máquina y no como una persona con derecho a tener vida propia”, agregó.
Plataformas, teletrabajo e inteligencia artificial
Pérez Crespo también cuestionó que la norma derogue la ley de teletrabajo y niegue la condición de trabajadores a quienes se desempeñan en plataformas como Uber o Rappi.
“Vamos a ser el único país en Occidente que diga que no son trabajadores, cuando en todos lados se les está reconociendo derechos. La OIT los reconoce y está discutiendo un convenio internacional sobre el tema”, afirmó.
Según indicó, la reforma tampoco aborda los desafíos vinculados a la inteligencia artificial ni a trabajadores que prestan servicios desde Argentina para empresas radicadas en el exterior.
“Es una ley de rapiña: ver qué se le puede sacar al trabajador, hacerlo trabajar más horas, descontarle sueldo. Como proyecto es una payasada, pero una payasada muy grave”, sentenció.
Frente al argumento oficial de que la reforma fomentará la formalización y la creación de empleo, el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas fue categórico: “No hay un solo ejemplo en la historia del capitalismo occidental de una ley laboral de este tipo que haya generado más empleo. Las leyes laborales no crean ni destruyen empleo; en todo caso, abaratan despidos”, afirmó.
En su análisis, la generación o pérdida de puestos de trabajo depende de la política económica. Y señaló que, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, ya cerraron más de 20.000 pymes y más de 300.000 trabajadores perdieron su empleo, cifras que podrían ser mayores si se contabilizan empresas y trabajadores no registrados.
“La ley en este contexto va a agravar la situación de la gente, de manera manifiesta y muy perversa”, concluyó.
