Luego de una fuerte movilización social y un fallo judicial que obligó al Ejecutivo a actuar, el Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad. El autor del proyecto, exdiputado nacional y exministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, celebró la medida y dijo que “es un triunfo de las familias”, aunque pidió “estar muy atentos a la letra fina” de la implementación y al cumplimiento efectivo en los próximos 30 días.
En comunicación con la FM 89.3 Santa María de las Misiones, el exfuncionario describió que las personas con discapacidad y sus familias atraviesan una situación “desesperante”, sin acceso regular a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos terapéuticos. Incluso, señaló la incertidumbre respecto al inicio del ciclo lectivo en las escuelas especiales.
Atención a “letra fina” de la reglamentación
El exlegislador remarcó que la reglamentación obliga ahora al Estado a poner en marcha la ley en un plazo máximo de 30 días, a través del Consejo Federal. “Es un buen día. Es un avance claro”, sostuvo Arroyo, al detallar que la norma reordena las prestaciones, garantiza el acceso a medicamentos, traslados y terapias, actualiza el nomenclador y regula los acompañamientos terapéuticos y los talleres protegidos.
Además, destacó que la ley establece la obligación del “buen trato” hacia las personas con discapacidad y sus familias, un aspecto que consideró central tras meses de maltrato institucional.
En este marco, recordó que el Gobierno intentó derogar la ley al presentar el proyecto presupuestario, pero el Congreso lo rechazó. “Ahora no hay discusión posible: hay que actualizar el presupuesto y cumplir la ley”, afirmó.
Pensiones con problemas, nomenclador desactualizado y pagos atrasados
Uno de los puntos más sensibles abordados por Arroyo fue la situación de las pensiones por discapacidad. Denunció que el Gobierno dio de baja más de 100.000 pensiones de manera irregular, utilizando una base de datos obsoleta. “El Estado le erró al 40% de los domicilios”, explicó, y señaló que muchas personas nunca recibieron notificación alguna. La justicia ordenó reponer esas pensiones, proceso que -según indicó- ya comenzó.
También se refirió a quienes iniciaron trámites y nunca obtuvieron una pensión. “La ley es clara, dice ‘haga una auditoría bien y si hay problemas y lo que está mal, córtelo, no hay problema, pero dé las nuevas altas'”, expresó. En ese sentido, la ley establece auditorías correctas y focalizadas solo en nuevas altas, evitando castigos generalizados como ocurrió.
Arroyo fue especialmente crítico con la situación de los trabajadores del sistema. Puso como ejemplo a los acompañantes terapéuticos, que hoy cobran alrededor de 3.000 pesos la hora y con demoras de hasta 180 días. “Empiezan a trabajar hoy y cobran en julio. Así no se puede sostener ningún sistema”, advirtió. La ley, explicó, obliga a actualizar el nomenclador y compromete no solo al Estado, sino también a obras sociales y prepagas.
Entre los aspectos que requieren especial atención en la implementación, Arroyo enumeró tres puntos centrales: Las deudas de las instituciones con (hogares, centros de día, escuelas especiales) con ARCA, producto del colapso del sistema. Además, la forma en que se otorgarán las pensiones, para evitar nuevas arbitrariedades. Y la actualización efectiva del nomenclador.
El reconocimiento a las familias
Arroyo fue contundente al señalar que la falta de reglamentación no fue solo una cuestión económica. “Hubo crueldad e ignorancia”, aseguró, y sostuvo que el Gobierno intentó estigmatizar a las personas con discapacidad, y “tiene que poner gente que esté en el tema”. A la vez, destacó el rol clave de las familias, en especial de las madres. “Es un triunfo de ellas. Cuando sienten que el Estado lastima a sus hijos, no paran. La sociedad lo vio y dijo: ‘así no’”. Con esta reglamentación, las expectativas es que “se abra un espacio para empezar a trabajar de otra manera”, sumó.
Finalmente, el exdiputado vinculó la crisis en discapacidad con un contexto social más amplio. En primer lugar, habló de una “implosión social”, donde hay mucha gente que revienta para dentro, desesperada porque no le alcanza y está endeudada. “Eso se traduce en implosión y en violencia. Si estoy sacado, endeudado, me rozo con alguien en la calle y a los dos minutos estamos a los golpes, a los tiros, no sabemos por qué, simplemente porque estamos todos sacados”, confió.
Y segundo, dijo Arroyo, se ve actualmente “un esquema que combina desempleo, mucha gente sin trabajo y sobreempleo: gente que tiene trabajo y además maneja un auto, una bici, una moto, lleva las cosas de acá para allá, que el viernes le vence la tarjeta, entonces le mete 12 horas al auto para tratar de encarar. Este fenómeno está creando un nivel de de angustia y desesperación”, advirtió,
En este marco, a su modo de ver, dijo que esto abrirá la llegada de otro sistema político -que actualmente no hay- y que representará todo ese malestar. “La política va a encontrar su sistema y alguien va a representar ese malestar tan fuerte”, cerró
