Después de la sentencia que hizo ejecutar el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, para que el Poder Ejecutivo cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad dentro de las próximas dos semanas, en Casa Rosada dicen que no cumplirán con la Justicia porque “los fondos totales no están”.
En la resolución, González Charvay ordenó al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad a que, en un plazo de cinco días, “informen y acrediten con la documentación correspondiente el avance de los trámites destinados al cumplimiento de la sentencia, todo ello bajo apercibimiento de sanciones”.
“No hay plata”
Este jueves, en tanto, el ministro de Salud Mario Lugones estuvo reunido con el jefe de Gabinete Manuel Adorni en Casa Rosada por más de una hora. Si bien el titular de la cartera entró y se fue de la Casa de Gobierno sin hacer declaraciones a la prensa, cerca del Presidente aseguraron a este diario que en caso de tener que acatar sí o sí con la medida judicial lo harán con “las herramientas que tengamos”.
Es decir que están pensando, en última instancia, en “maquillar” el cumplimiento de los fallos, pero no en hacerlo como corresponde y de manera completa porque repiten como un mantra la frase: “No hay plata”. En esa línea, argumentan que también están evaluando enviar al Congreso de la Nación un nuevo proyecto de ley para modificar la norma que ya salió y que los obliga a pagar.
Si bien el oficialismo intentó dejar sin efecto la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario cuando el Congreso trató el Presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre, la oposición no lo permitió y excluyó el capítulo que derogaba ambas leyes aprobadas en el recinto.
“En ese caso fue complejo porque se trataba de una derogación”, indican en el oficialismo y, por eso, dicen que ahora intentarían avanzar con una ley nueva.
Multas económicas y represalias judiciales
Según la sentencia que hizo ejecutar González Charvay, si el Poder Ejecutivo no cumple con la ley que votó el Congreso en las próximas dos semanas, tanto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, podrían enfrentar multas económicas y represalias judiciales. Eso, sin embargo, no parece preocupar a los funcionarios. “Como mucho se quedarán con parte del salario de algunos funcionarios”, opinan en Balcarce 50 en un intento de restarle importancia a la decisión del Poder Judicial.
La medida dictada por el magistrado indica el Gobierno deberá presentar, entre otros requerimientos: la resolución que actualiza los aranceles a los centros prestadores desde enero de 2025, el plan de pago de la compensación adeudada a los prestadores, la apertura del plan ARCA para refinanciar deudas, los nuevos valores de las prestaciones y el decreto que reglamente la Ley 27.793, que ya lleva tres meses de retraso.
Desde las organizaciones que representan a las personas con discapacidad se anticiparon a la respuesta del Gobierno y pusieron en duda que Milei vaya a respetar los fallos judiciales. Están en lo cierto, por ahora, en la Casa Rosada siguen firmes con la idea de no cumplir con lo que exigen los otros dos poderes del Estado.
Y también siguen firmes con la idea de no escuchar el reclamo de las miles de familias a lo largo y ancho del país que están cobrando pensiones de menos de $300 mil y necesitan de la ayuda del estado para pagar tratamientos y poder llevar adelante una vida digna.
En números
La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto 2026, pero sin el artículo en el que el Poder Ejecutivo intentó borrar de un plumazo la Ley de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. Y, a fines de diciembre, el Senado dio sanción definitiva al Presupuesto que mantuvo las leyes vigentes.
La Casa Rosada argumentaba que los incrementos del gasto público previstos en estas dos leyes representan una amenaza para el déficit cero. Sin embargo, las estimaciones de partidas necesarias durante el 2026 para financiar las dos leyes arroja que no suponen volúmenes de recursos de una magnitud imposible de afrontar.
La Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC) realizó un informe en el que simula escenarios probables que toman en cuenta la proyección de inflación que el propio Gobierno estableció en el proyecto de Presupuesto para el 2026 (10,1%), y un conjunto de variables como la cantidad estimada de pensiones.
De acuerdo a las conclusiones a las que arribó el organismo, “podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios”. “Esto implicaría un refuerzo fiscal de entre 1.889.371 pesos a 3.627.495 millones de pesos”, señala en el informe de la OPC.
El gasto sería equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI e incluye la compensación de emergencia a prestadores por 278.323 millones de pesos, y la asignación para talleres de producción por $7.160 millones.
