La ratificación del fallo del Juzgado Federal de Campana volvió a colocar en el centro del debate la situación crítica que atraviesa el colectivo de personas con discapacidad. La Justicia fijó un plazo de cinco días hábiles para que el Gobierno nacional informe de manera concreta cómo avanza la ejecución de la Ley de Emergencia en Discapacidad y dejó en claro que el 4 de febrero la norma debe encontrarse plenamente operativa.
En diálogo con FM de las Misiones, el padre Pablo Molero, coordinador del Foro por la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, explicó que la nueva resolución judicial no admite ambigüedades. Señaló que el magistrado “les pide ejecución” y precisó que ahora se exigen definiciones claras sobre aranceles, compensaciones económicas y mecanismos de actualización.
Molero sostuvo que la intimación incluye un punto clave, ya que las sanciones previstas no recaerían sobre el Estado sino directamente sobre los funcionarios responsables. “Si no cumplen, empiezan las multas a los funcionarios directamente, que tienen que salir de su bolsillo”, remarcó, y consideró que ese antecedente suele acelerar las respuestas oficiales.
El referente advirtió que, mientras se discuten plazos y responsabilidades, la situación cotidiana del sector continúa deteriorándose. Indicó que los incrementos anunciados no modificaron el escenario general y que persisten dificultades para instituciones, profesionales y familias. Según describió, la falta de previsibilidad mantiene a prestadores con deudas acumuladas y sin horizonte financiero.
En ese marco, recordó que la ley no solo fija nuevos valores para las prestaciones, sino que también contempla una compensación retroactiva por los atrasos registrados entre fines de 2023 y 2024. Ese esquema permitiría regularizar obligaciones, aliviar sanciones y ordenar un sistema que hoy funciona con incertidumbre.
El coordinador del foro remarcó que la norma fue pensada como una herramienta de emergencia para devolver estabilidad al entramado de apoyos. Aclaró que no se trata de una solución definitiva, pero sí de un piso indispensable para garantizar continuidad en tratamientos, servicios y acompañamientos esenciales.
Consultado sobre eventuales acciones judiciales contra funcionarios, Molero reconoció que el tema fue analizado, aunque aclaró que el foco principal estuvo puesto en lograr el cumplimiento efectivo de la ley. Sin embargo, advirtió que “acá hubo decisiones mal hechas” y que, en algún momento, esas responsabilidades deberían ser revisadas.
Finalmente, subrayó que hoy existe una orden judicial firme y que desconocerla tendría consecuencias. “Uno puede no cumplir, pero después tiene que hacerse cargo de lo que el juez dictamine”, expresó, al tiempo que insistió en la necesidad de que el Estado garantice derechos básicos sin utilizar a las personas con discapacidad como variable de ajuste.
