La Justicia de Brasil investiga a una abogada argentina por un episodio de ofensas racistas ocurrido en un bar de la zona de Ipanema, en Río de Janeiro. Se trata de Agostina Páez, de 29 años, oriunda de Santiago del Estero, quien quedó sometida a medidas cautelares que incluyen la retención de su pasaporte, la prohibición de salir del país y la colocación de una tobillera electrónica.
El hecho se produjo el pasado 14 de enero y quedó registrado en cámaras de seguridad del local. Según consta en la denuncia y en el material incorporado a la causa, el conflicto se inició tras una discusión por el pago de una cuenta. En ese contexto, Páez habría dirigido expresiones ofensivas hacia un trabajador del bar, al que llamó “negro” de manera despectiva y al que luego imitó con gestos y sonidos asociados a un macaco, además de utilizar la palabra “mono”, considerada una expresión racista en Brasil.
La investigación quedó en manos de la 11ª Delegacia de Polícia da Rocinha. En el país vecino, la legislación equipara la injuria racial al delito de racismo, una figura penal que prevé penas de entre dos y cinco años de prisión y no admite excarcelación bajo fianza. Ante la posibilidad de que la acusada abandonara el territorio brasileño, la Justicia resolvió avanzar con medidas restrictivas mientras se sustancia el proceso.
En su declaración ante la Policía, la abogada sostuvo que los gestos no estaban dirigidos al trabajador sino a sus amigas y los definió como una “broma”. También argumentó desconocer que ese tipo de conductas constituyen un delito en Brasil, aunque posteriormente reconoció que su reacción fue equivocada. Hasta el momento, su defensa no realizó presentaciones públicas formales ante los medios.
El caso tuvo una rápida y amplia repercusión en la prensa brasileña, que destacó la respuesta judicial y la aplicación inmediata de medidas cautelares, en un contexto de tolerancia cero frente a manifestaciones discriminatorias. El episodio volvió a poner en discusión la firmeza del marco legal brasileño en materia de racismo y el alcance de su aplicación, incluso cuando los hechos involucran a ciudadanos extranjeros.
Tras la difusión de las imágenes, Páez dialogó con el medio santiagueño Info del Estero, donde manifestó sentirse “angustiada y con miedo” y admitió que su accionar “fue un error” y que “no debería haber reaccionado así”. En su relato, sostuvo que el conflicto se originó porque, al momento de retirarse del local, el personal les habría cargado consumos que, según su versión, no habían realizado. Aun así, afirmó que decidieron pagar y retirarse del lugar.
También aseguró que algunos empleados se habrían burlado de ellas y realizado gestos obscenos mientras las grababan, lo que, según explicó, derivó en su reacción. “Ahí es que tengo esa reacción malísima. No debería haber reaccionado así”, expresó.
Páez relató además que menos de 24 horas después del episodio recibió una citación por WhatsApp, que en un primer momento creyó falsa, pero que finalmente la llevó a presentarse en una comisaría. Allí fue informada de la gravedad de la causa y contrató un abogado en Brasil. De acuerdo a su defensor, si no se hubiera presentado de manera inmediata, habría quedado detenida.
Mientras tanto, la abogada decidió cerrar sus redes sociales ante la ola de insultos y amenazas que comenzó a recibir. La agencia de viajes con la que había realizado contenidos también emitió un comunicado en el que repudió lo ocurrido y anunció la baja de todo el material vinculado a ella.
