Hay crisis que irrumpen de golpe, con el estruendo de una bomba, y otras que se degradan en silencio, como una estructura corroída que un día cede. Venezuela pertenece, sin dudas, a este segundo grupo. No es una postal del presente sino una secuencia prolongada de decisiones erradas, aislamiento internacional, colapso productivo y deterioro institucional.
En poco más de una década, el país que supo liderar el PBI per cápita regional perdió cerca del 70% de su producto, pulverizó su moneda, licuó salarios y empujó a millones de personas a migrar.
La inflación anualizada, cercana al 500%, dejó de ser un número técnico para convertirse en una condena cotidiana. El salario mínimo ronda los tres dólares mensuales. La economía se sostiene en remesas, informalidad y un petróleo que ya no alcanza para tapar el agujero. El chavismo tardío sobrevivió más por inercia política que por viabilidad económica. Hasta ahora. Porque el reciente avance militar y político encabezado por Estados Unidos, que culminó con la detención de Nicolás Maduro y el control efectivo de las reservas petroleras venezolanas, no fue un episodio aislado. Fue un movimiento estratégico. Washington leyó el agotamiento del régimen y decidió actuar cuando el costo internacional era bajo y el beneficio energético alto. El mensaje fue doble: orden interno para Venezuela y estabilidad de suministro para el mercado norteamericano.
Con el crudo venezolano fluyendo hacia puertos estadounidenses y acuerdos rápidos con empresas privadas, América Latina volvió a ocupar un lugar central en el mapa energético mundial. Ya no como problema ideológico, sino como proveedor confiable -o potencial- de recursos estratégicos. Y ahí aparece, inevitablemente, la Argentina.
Durante años, Vaca Muerta fue presentada como la gran promesa sudamericana: reservas inmensas, shale competitivo y capacidad exportadora en expansión. Pero el tablero cambió. Venezuela, con reservas aún mayores y una logística privilegiada hacia el Golfo de México, vuelve a escena. El petróleo argentino es más liviano y eficiente, sí, pero también más caro en términos fiscales y regulatorios. La competencia no elimina oportunidades, pero eleva exigencias. Para atraer capitales, ya no alcanza con el recurso: se necesita previsibilidad, reglas claras y estabilidad política sostenida.
Ese contexto internacional dialoga directamente con una decisión clave del Gobierno argentino: cancelar de manera anticipada el tramo activado del swap con Estados Unidos por 2.500 millones de dólares. El anuncio fue celebrado como una señal de fortaleza financiera y alineamiento estratégico. Sin embargo, como suele ocurrir, la foto oficial ocultó la letra chica. ¿Con qué dólares se pagó? ¿Cuál fue el costo financiero real? ¿Qué condiciones se aceptaron a cambio? El entusiasmo del secretario del Tesoro norteamericano, que habló abiertamente de “decenas de millones de dólares” de ganancia para su país, dejó flotando más preguntas que certezas. En la city porteña, el gesto fue leído menos como un acto de soberanía y más como una señal política hacia Washington, en un momento en el que Argentina busca respaldo externo y crédito futuro.
El problema estructural persiste: las reservas netas siguen siendo frágiles y la acumulación de dólares genuinos continúa siendo el talón de Aquiles. El swap funcionó como puente, pero no como solución. Y cada puente que se cruza sin construir la otra orilla deja a la economía en un equilibrio precario.
En paralelo, los dólares del blanqueo comenzaron a circular. Desde enero, quienes regularizaron hasta 100 mil dólares quedaron habilitados para moverlos libremente. Hubo rescates visibles en Fondos Comunes de Inversión, ajustes en carteras y una reconfiguración de portafolios. Pero el sistema, al menos por ahora, no entró en pánico. Los depósitos privados en dólares siguen en niveles récord y la lectura dominante es que hay redistribución, no fuga.
Parte de esos dólares buscará consumo reprimido; otra, cobertura frente a la incertidumbre; otra, oportunidades financieras. La clave será si logran transformarse en inversión productiva o si vuelven, tarde o temprano, a la lógica defensiva que caracteriza al ahorrista argentino. La confianza, como siempre, es el activo más escaso.
En términos macroeconómicos, la inflación muestra una desaceleración. El cierre de 2025 en torno al 31% marcó un quiebre respecto de años anteriores. El Relevamiento de Expectativas de Mercado proyecta un 2026 con inflación en el rango del 20%. Sería el mejor registro en una década. El Gobierno, más ambicioso, insiste en que el sendero llevará a niveles de un dígito.
Sin embargo, entre la proyección y la realidad se abre una brecha conocida. El mercado descuenta un dólar con mayor movilidad, tarifas ajustándose y una política monetaria que no podrá sostener tasas reales negativas indefinidamente. La inflación baja, sí, pero no sin costos ni tensiones.
Esos costos se ven con nitidez en el mercado laboral. Enero arrancó con despidos, suspensiones y cierres de plantas. Sectores industriales sensibles, comercio minorista, economías regionales y empresas exportadoras comenzaron el año ajustando estructuras. El mapa es amplio y federal: desde el conurbano hasta el interior productivo. No se trata de casos aislados, sino de un patrón.
El impacto social se profundiza cuando se observan los ingresos. Más del 77% de los argentinos siente que su salario perdió contra la inflación. La percepción de pertenencia a la clase media se erosiona. El consumo se vuelve defensivo, las vacaciones se acortan o directamente se cancelan, y la desconfianza en los indicadores oficiales convive con una experiencia cotidiana mucho más dura.
La discusión técnica sobre el nuevo IPC, sus ponderaciones y metodologías, choca con una verdad simple: para millones de hogares, la plata no alcanza. Los números macro pueden ordenar expectativas, pero no pagan cuentas.
A esto se suma la quita de subsidios energéticos. El nuevo esquema, focalizado y progresivo, busca eficiencia fiscal y reducir distorsiones. Pero en la práctica implica tarifas más altas para amplios sectores de ingresos medios y bajos. Menos kilovatios subsidiados, boletas más caras y meses críticos donde el impacto será inevitable. El equilibrio fiscal avanza, pero lo hace trasladando costos al tejido social.
En ese contexto, el Gobierno acelera la reforma laboral. Confía en los votos, negocia con gobernadores y articula acuerdos con bloques provinciales. Misiones aparece nuevamente como actor clave en esa ingeniería parlamentaria. La discusión no es solo laboral: es fiscal y política. Las provincias advierten sobre el impacto en la recaudación y la coparticipación. Ninguna reforma estructural se aprueba sin concesiones.
Misiones, mientras tanto, ensaya su propio camino. Ajusta donde puede, ordena segundas líneas, revisa contratos, pero al mismo tiempo despliega alivios fiscales para sostener actividad y empleo. Prorroga beneficios impositivos, acompaña a profesionales e industrias y, de acuerdo con un reciente informe de Moody’s, mantiene una calificación crediticia estable en un escenario nacional adverso. Es una estrategia de administración del daño.
El contraste es evidente. Mientras el ajuste nacional avanza con lógica macro, las provincias intentan amortiguar en la micro. Mientras el discurso promete estabilidad futura, el presente exige contención. Y mientras la región se reordena al ritmo del petróleo venezolano y la estrategia estadounidense, la Argentina sigue caminando por una cornisa estrecha.
La experiencia reciente deja una lección conocida: ningún orden económico se sostiene solo con disciplina fiscal ni con gestos hacia el exterior. La estabilidad puede construirse en los números, pero se legitima en la calle, en el trabajo, en la góndola y en la factura de servicios.
El Gobierno apuesta a que el tiempo juegue a su favor. Pero el reloj social corre a otra velocidad. Cada despido, cada salario que no alcanza, cada subsidio que se retira sin reemplazo erosiona capital político, incluso cuando los indicadores macro muestran mejoras.
En ese delicado equilibrio se mueve hoy la Argentina: entre la credibilidad externa y la demanda social interna.
Las provincias, como Misiones, lo saben. Ajustar sin amortiguar tiene límites. No es rebeldía: es supervivencia política y social.
Mientras tanto, el escenario regional se redefine. Venezuela vuelve al tablero energético bajo tutela estadounidense y América Latina recupera centralidad estratégica. En ese juego, Argentina necesita algo más que recursos naturales: necesita coherencia, previsibilidad y una hoja de ruta de largo plazo.
