El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) empezó a mostrar volumen en términos de anuncios y compromisos de capital, pero dejó a Misiones completamente al margen. Con diez proyectos ya aprobados y una cartera que ronda los 25.000 millones de dólares, ninguna iniciativa se radicó en la provincia, un dato que confirma lo que desde el inicio se señalaba en ámbitos productivos y políticos locales: se trata de un régimen diseñado para megaindustrias, no para economías regionales basadas en pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
Mientras el Gobierno nacional evalúa extender por un año el plazo de adhesión -que vence en julio de 2026-, el mapa de inversiones aprobadas muestra una concentración clara en energía, petróleo y minería metalífera.
Las provincias beneficiadas son Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Catamarca, Santa Fe y Buenos Aires, territorios con grandes yacimientos, infraestructura pesada o complejos industriales de escala global y condiciones diferentes.
En contraste, Misiones no aparece en ninguna de las nóminas oficiales. No hubo anuncios, ni carpetas presentadas, ni proyectos en evaluación vinculados a la tierra colorada. La explicación no está en la falta de interés local, sino en la propia letra chica del régimen: el RIGI exige inversiones mínimas de US$ 200 millones, un umbral inalcanzable para la estructura productiva misionera, dominada por pequeñas y medianas empresas industriales, forestales, agroalimentarias, comerciales y de servicios.
Desde su concepción, el régimen impulsado por el Gobierno de Javier Milei apuntó a atraer capitales de gran escala, con fuerte respaldo fiscal y regulatorio. Entre los beneficios se incluyen la reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la eliminación de derechos de exportación, la devolución anticipada del IVA y la posibilidad de recurrir a arbitraje internacional. Un combo atractivo para corporaciones globales, pero ajeno a la realidad de las PyMEs misioneras, que reclaman crédito, alivio impositivo gradual y políticas de mercado interno.
Los proyectos ya aprobados lo confirman. El corazón del RIGI está en Vaca Muerta, con el oleoducto Vaca Muerta Sur impulsado por YPF junto a grandes petroleras privadas; en la minería de litio del NOA, con inversiones millonarias de empresas internacionales; y en desarrollos de cobre, oro y plata en San Juan. También aparecen parques solares y eólicos, puertos multipropósito y una planta siderúrgica de “acero verde” en Buenos Aires.
El propio ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la aprobación de los proyectos como una señal del “modelo económico” que busca consolidar el Ejecutivo: grandes inversiones, baja carga impositiva y reglas estables a largo plazo. Sin embargo, ese modelo deja afuera a provincias como Misiones, donde no hay minería metalífera, petróleo ni megaproyectos energéticos, y donde el desarrollo industrial se apoya en cadenas de valor más cortas y de menor escala.
En la tierra colorada, la matriz productiva está fuertemente vinculada a la industria forestal, la yerba mate, el té, los alimentos, el comercio fronterizo y los servicios. Sectores que generan empleo, pero que no encajan en un régimen pensado para inversiones de cientos o miles de millones de dólares. De hecho, desde el debate parlamentario de la Ley Bases ya se advertía que el RIGI no contemplaba mecanismos diferenciados para economías regionales ni para clusters de PyMEs.
La ausencia de Misiones en el RIGI no sorprendió a los actores locales. Funcionarios, empresarios y analistas coincidieron desde el inicio en que el esquema no dialoga con la realidad productiva provincial. Más aún, algunos alertaron que podría profundizar asimetrías, al concentrar beneficios fiscales y regulatorios en pocas jurisdicciones, mientras el resto queda atado a un contexto de ajuste, caída del consumo y restricción del crédito.
Con más de 27 iniciativas aún en evaluación y la posibilidad de extender el plazo de adhesión hasta 2027, el panorama difícilmente cambie para Misiones si no se introduce un rediseño profundo del régimen. Sin un capítulo específico para PyMEs o inversiones medianas, el RIGI seguirá siendo, para la provincia, una política ajena: un instrumento pensado para megaindustrias en un territorio donde lo que predomina es la producción a escala humana.
