Durante 2025, el Gobierno nacional retuvo $740.536 millones que correspondían a las provincias en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), uno de los fondos más sensibles del esquema de coparticipación federal. El dato surge de un informe de la consultora Politikon Chaco y expone con claridad el fuerte control que ejerció la administración de Javier Milei sobre estos recursos, que forman parte del superávit fiscal que la Casa Rosada exhibe como uno de los principales logros de gestión.
Según el relevamiento, el Fondo de ATN acumuló a lo largo del año $948.036 millones, integrados por un porcentaje de la masa coparticipable, del impuesto a las Ganancias y un aporte fijo previsto en la Ley de Coparticipación Federal. Sin embargo, solo se distribuyeron $207.500 millones entre 15 provincias, lo que representa una ejecución del 21,9%. El resto –$740.536 millones– quedó sin asignar y pasó a engrosar el resultado fiscal nacional.
El nivel de ejecución fue mayor al de 2024, cuando apenas se repartió el 7,3% del fondo, pero quedó muy por debajo de 2023, año en el que se había distribuido el 77,6% de los ATN. La comparación refuerza el cambio de criterio aplicado por el actual Gobierno, que redujo al mínimo el uso de esta herramienta, tradicionalmente empleada para atender emergencias financieras provinciales.
Misiones: $19.000 millones
En ese contexto, Misiones recibió a lo largo de 2025 un total de $19.000 millones en ATN, ubicándose entre las provincias con mayores envíos, junto a Entre Ríos y Salta. De ese total, $12.000 millones llegaron en diciembre, en el marco del mayor desembolso mensual realizado durante la presidencia de Milei. El refuerzo de fin de año fue clave para varias jurisdicciones. Tras no girar ningún ATN durante noviembre, la Casa Rosada habilitó en diciembre $76.000 millones para siete provincias, sobre un fondo mensual que alcanzó los $87.920 millones. La ejecución en ese mes fue del 86,4%, un contraste marcado con la parálisis previa.
Además de Misiones, en diciembre recibieron fondos Tucumán ($20.000 millones), Catamarca ($10.500 millones), Chaco ($11.000 millones), Chubut ($9.500 millones), Entre Ríos ($7.000 millones) y Salta ($6.000 millones). Tucumán fue, en el acumulado anual, la provincia más beneficiada, con $35.000 millones.
Negociación en el Congreso
Los giros de ATN durante 2025 no estuvieron exentos de polémica. Los envíos coincidieron con momentos clave de negociación política, cuando el oficialismo necesitó apoyos para consolidar su primera minoría en la Cámara de Diputados, aprobar el Presupuesto Nacional y avanzar con normas estratégicas como la Ley de Inocencia Fiscal y la habilitación para emitir deuda en dólares bajo legislación extranjera.
Desde el Gobierno, el jefe de Gabinete Manuel Adorni negó maniobras de condicionamiento político y sostuvo que los fondos se asignaron “por pedido de las provincias que atraviesan situaciones puntuales de emergencia”. Sin embargo, gobernadores y analistas remarcan que el carácter discrecional del fondo habilita un uso político difícil de disimular.
La discusión por los ATN se intensificó en la segunda mitad del año, cuando los gobernadores impulsaron en el Congreso una ley para establecer criterios automáticos de distribución. La iniciativa fue vetada por Milei, ratificando que la decisión final sobre estos recursos sigue en manos del Ejecutivo nacional.
Un fondo clave y discrecional
Los Aportes del Tesoro Nacional están previstos en la Ley 23.548 de Coparticipación Federal y tienen como objetivo asistir a las provincias ante emergencias o desequilibrios financieros. El fondo se integra de manera automática con impuestos coparticipables, pero su asignación es discrecional: es el Gobierno nacional quien define cuándo y a qué jurisdicciones se giran los recursos.
Cuando los ATN no se distribuyen en el período fiscal, no pueden destinarse a otros fines, pero reducen el gasto nacional y mejoran el resultado financiero. En los hechos, esto explica por qué el remanente no ejecutado de 2025 se convirtió en una pieza clave del superávit que exhibe la Casa Rosada.
El análisis histórico muestra fuertes contrastes entre gestiones. Mientras el gobierno de Alberto Fernández llegó a distribuir cerca del 90% del fondo –impulsado por la emergencia sanitaria por el COVID–, otras administraciones utilizaron los ATN con distintos sesgos políticos.
En el caso de Milei, el rasgo distintivo fue la baja ejecución general y un reparto focalizado, atado a la necesidad de acuerdos con gobernadores en un contexto de ajuste y recorte de otras transferencias.
