La Justicia federal de Lomas de Zamora ejecutó en las últimas horas un allanamiento en las oficinas de Fernando Julián Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en el marco de una investigación por presuntos vínculos espurios con empresas proveedoras de alimentos en mal estado para los detenidos de la cárcel de Ezeiza.
La medida, ordenada por el juez Federico Villena, surge tras sospecharse que el SPF permitió una “cartelización” del servicio de alimentación en el penal federal, utilizando empresas pantalla para evadir sanciones judiciales previas.
El procedimiento estuvo marcado por una fuerte tensión cuando Martínez intentó eludir el secuestro de su teléfono móvil. Según fuentes del caso, el funcionario entregó inicialmente un aparato viejo en desuso y, al ser intimado por el celular que utiliza habitualmente, adujo haberlo “extraviado” esa misma mañana.
Sin embargo, un informe técnico reveló que la última señal del dispositivo “perdido” impactó en una antena de Barracas apenas una hora antes del allanamiento, lo que hace sospechar al magistrado que Martínez recibió una filtración y destruyó el aparato para ocultar pruebas.
El negocio de la comida contaminada y los vínculos políticos
La causa tiene su origen en denuncias por alimentos en mal estado en el penal de Ezeiza, donde peritajes de la ANMAT confirmaron la presencia de bacterias como Escherichia coli en niveles no aptos para el consumo humano.
Tras prohibirle a la empresa Foodrush seguir operando, el juez detectó que la nueva prestataria, Bio Limp, utilizaba los mismos camiones, empleados y hasta facturaba millonarias sumas a la firma sancionada, funcionando presuntamente como una fachada. Villena llegó a probar personalmente el alimento en la cárcel, tras lo cual sufrió una descompensación que describió como un cuadro “vomitivo”.
Fernando Martínez asumió la dirección del SPF en marzo de 2024, tras ser nombrado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Bajo su gestión, la fuerza pasó de la órbita del Ministerio de Justicia a la de Seguridad en diciembre de 2023.
Otro dato que llamó la atención de los investigadores es que el director del servicio se movilizaba en una camioneta secuestrada a nombre de Enrique “Quique” Antequera, uno de los referentes de la feria La Salada que se encuentra prófugo de la Justicia.
Pese a que la fiscal Cecilia Incardona pidió la nulidad del operativo, Villena cuenta con el respaldo de la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien manifestó su predisposición para colaborar con la investigación que busca desarticular lo que el juez define como “mafias enquistadas hace muchos años” en el sistema penitenciario
Un negocio millonario de viandas con pelos, clavos y carne podrida
“Nos daban polenta con salsa blanca sin carne ni pollo, fideos con una salsa roja incomible, manzanas en compotas podridas literalmente. Y cuando se recibía pollo o carne, era máximo 60 gramos, a veces el cogote o la carcaza de pollo. Y la carne era pura grasa o cartílago”.
Rubén C. estuvo detenido en el pabellón LGBT del módulo 5 del penal de Ezeiza durante tres años y salió el mes pasado. En ese tiempo que pasó privado de su libertad (condenado a seis años de prisión por “tenencia y consumo de marihuana”) presentó más de 10 habeas corpus a la Justicia por la pésima calidad de la comida que le servían a él y al resto de los aproximadamente 2.000 detenidos de esa cárcel de “máxima seguridad”. “En varias oportunidades las comidas llegaban en mal estado o con algún ‘cuerpo extraño’ como clavos, cucarachas, mechones de pelo o cintas con las que se atan las hojas de acelga”, contó el hombre a Infobae.
Rubén C. no fue el único en presentar habeas corpus. La cantidad de reclamos a la Justicia fue tal desde 2016 -año en que el interno Diego Ariel Díaz denunció por primera vez- a esta parte, que Villena unificó todas las denuncias y armó una única causa que había terminado en 2024 con la prohibición a la empresa Food Rush S.A. de volver a brindar el servicio de catering al penal de Ezeiza.
Sin embargo, el mes pasado Villena reactivó el expediente al recibir otra catarata de habeas corpus que indicaban que la calidad de la comida seguía siendo denigrante. Al retomar la investigación, el magistrado federal de Lomas de Zamora descubrió indicios que le permiten sospechar que la nueva empresa adjudicataria del servicio de viandas, Biolimp, es una pantalla para que siga operando Food Rush. Y que esto no podría no saberlo la autoridad máxima del penal de Ezeiza y, mucho menos, la máxima autoridad del Servicio Penitenciario Federal.
Se trata de un negocio que maneja cifras millonarias. Según detallaron fuentes con acceso a la investigación, la empresa factura 17 mil pesos por cada plato que entrega. Y son tres por día, por persona, lo que, a razón de aproximadamente dos mil internos, da $102 millones diarios y 37.230.000.000 de pesos anuales. En dólares -con un cambio estimado en $1.500- se entiende mejor: 24.820.000 por año.
A pesar de que 17 mil pesos es lo que cuesta en promedio un menú ejecutivo en cualquier cantina de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que se infiere que la calidad debería estar a la altura de la alimentación digna de un ser humano, no es lo que relatan los detenidos consultados por este medio.
Alguien contó que en una de las unidades de Ezeiza está rota la cocina y se usa el casino de suboficiales, que no cumple con las condiciones de higiene y bromatología debidas.
Otro aseguró que la mala provisión de comida obliga a que los presos compren los alimentos en la “cantina” del penal. Pero no todos tienen los recursos para hacerlo. Un preso le pasó a este medio el listado de precios: 1 kilo de cebolla cuesta $ 1.700; 1 maple, $16.000; un morrón, $ 4.100; 1 kilo de arroz, $3.000. “Muchos productos no entran con la visita, por eso los precios son altísimos”, cuenta.
Un sobrino de otro detenido contó: “Esta semana, cuando le llevaron la comida a mi tío, uno de los celadores le dijo ‘Así como se la entrego tírela’”. Este interno tiene problemas de salud cardiovascular y diabetes. La alimentación saludable, para personas con este tipo de patologías, es tan importante (o más) que la medicación y la actividad física; dos aspectos que, por cierto, también son limitados en Ezeiza, en el mejor de los casos.
“Medicamentos, la misma situación. Hoy por hoy se los estamos llevando nosotros porque, o no tienen, o te dan un genérico al que el organismo no esta acostumbrado. Sé de presos que por ejemplo tomando el medicamento de ‘cuidado’ de stents y se les han tapado las arterias por la calidad de los medicamentos que les dan en el penal”, contó.
Esta misma persona relató que esta semana vio con sus propios ojos que estaban repartiendo la comida en una ambulancia. “Para no hablar de la calidad del agua. Mi tío estuvo con diarrea los primeros diez días”, relató.
Rubén C. tiene infinidad de ejemplos para dar cuenta de la falta de humanidad que existe respecto de la alimentación en la cárcel de Ezeiza.
“El almuerzo siempre llega después de las 14. Dos veces a la semana, la comida llega comible, cerdo al horno con papas hervidas y pollo al horno con ensalada. Después, tres veces a la semana llega arroz con salsa roja, fideos con salsa roja y los miércoles llega una porción de pizza asquerosa con repollo cortado. Los sábados llevan lentejas con trocitos de carne”, detalló.
“Muchas veces a la semana teníamos diarrea o acidez y era una pelea con el médico conseguir medicación. Los fideos tienen olor a cucaracha”, agregó Rubén. Y más: “Una vez por semana era seguro que venían comidas descompuestas, ensaladas fermentadas o pollo color verdoso”.
Fuente: Noticias Argentinas e Infobae.
