El cierre de 2025 encuentra al sector yerbatero atravesado por una de las discusiones más profundas desde la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). La Resolución 146/2025, publicada ayer, que oficializó la eliminación de la prohibición de cosecha en octubre y noviembre y avanzó en la desregulación total del mercado, terminó de cristalizar un cambio de paradigma que genera fuerte rechazo entre productores, exfuncionarios y organizaciones del sector primario.
Para muchos, no se trata de una modernización sino del retiro definitivo del Estado como árbitro de una actividad históricamente sensible en el Nordeste argentino. Desde el interior productivo, la reacción combina escepticismo y preocupación.
El exproductor Cristian Klingbeil relativizó el impacto práctico de la habilitación de la cosecha en meses históricamente vedados y sostuvo que la discusión se vuelve artificial frente a una realidad económica asfixiante.
Señaló que “a mitad de septiembre los secaderos ya empiezan a parar porque no tienen más yerba” y advirtió que la brotación natural de la planta hace inviable una cosecha intensiva en esa etapa.
Para Klingbeil, la desregulación no apunta a resolver problemas estructurales sino a sumar “más puntos para discutir nomás” en un contexto de extrema fragmentación del sector.
El exproductor también puso el foco en el rol del consumidor como límite final del proceso: “Nosotros podemos tener toda la libertad que queramos, pero si hacemos macana en el paquete, perdemos consumidores y las pagamos todos”, afirmó, al sostener que muchas de las normas ahora derogadas tenían como objetivo cuidar el producto final y frenar abusos.
En ese sentido, alertó sobre el riesgo de que la eliminación de controles incentive prácticas oportunistas amparadas en la llamada “viveza criolla”.
Impacto social
Las críticas se profundizan cuando se analiza el impacto social de la desregulación. El productor Jorge Skripczuk fue contundente al advertir que la medida “es el fin de los pequeños productores” y que la actividad quedará concentrada en manos de unos pocos actores con capacidad financiera.
Según describió, 2025 fue un año “pésimo y caótico”, incluso peor que el anterior, con productores endeudados y sin perspectivas de mejora. Aun así, llamó a “no bajar los brazos” y a no regalar la producción, al tiempo que destacó la necesidad de organización colectiva para resistir un escenario que definió como desalentador.
“Sabíamos que iba a pasar”
Desde una mirada institucional, el exdirector por la producción del INYM Marcelo Hacklander sostuvo que el desenlace era previsible. “Los que peinamos canas sabíamos que esto era lo que iba a pasar con la desregulación”, afirmó y cuestionó duramente a la dirigencia política por el rumbo adoptado.
Para Hacklander, el proceso en curso deriva en el abandono de las chacras, la concentración económica y la expulsión del pequeño productor, que termina sobreviviendo con ingresos mínimos o directamente fuera del sistema.
En ese contexto, también alertó sobre el impacto laboral, al señalar que el tarefero quedará reducido a un esquema de subsistencia. Las voces críticas se replican en los espacios colectivos.
Más voces
En el grupo Impulso Yerbatero, productores coincidieron en que la eliminación de la prohibición de cosecha resulta irrelevante si no se resuelve el problema central del precio.
“Paguen bien y tendrán hojas buenas”, resumió uno de los mensajes, mientras otro advirtió que, sin regulaciones, “van a meter las plantas enteras en la ponchada” y eso “va a reventar el mercado”.
