La Cámara de Diputados otorgó este jueves media sanción al proyecto de ley de Principio de Inocencia Fiscal, una iniciativa promovida por el Gobierno nacional que apunta a incorporar a la economía formal bienes no declarados y a incentivar el ingreso de capitales al sistema. La votación concluyó con 130 votos afirmativos, 107 negativos y dos abstenciones, tras una extensa jornada legislativa marcada por el tratamiento previo del Presupuesto 2026.
La aprobación se concretó sin lista de oradores, a partir de una moción presentada por la diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici, en el marco del desgaste que dejó un debate parlamentario de más de 14 horas. El proyecto fue presentado por el oficialismo como una herramienta para dinamizar la economía mediante la regularización de activos hoy fuera del circuito formal, conocidos popularmente como “los dólares del colchón”.
No obstante, la iniciativa desató fuertes cuestionamientos desde la oposición, que advirtió sobre el impacto del régimen en la lucha contra la evasión y el lavado de dinero. La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman calificó la norma como “una ley para blanquear a narcos, evasores y delincuentes”, mientras que el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois sostuvo que se trata de una herramienta funcional al narcotráfico, con acusaciones directas a legisladores del oficialismo que elevaron aún más la tensión en el recinto.
El proyecto introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario, a la Ley de Procedimientos Fiscales y al Código Civil y Comercial, además de crear un Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Uno de los ejes centrales es la puesta en marcha de un régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, que permitirá adherir a contribuyentes con un patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos.
Según el esquema propuesto, quienes ingresen al régimen quedarán eximidos de informar variaciones patrimoniales y no estarán sujetos a controles sobre sus consumos, ya que el organismo recaudador -ARCA- solo tomará en cuenta los ingresos facturados para el cálculo del impuesto. Desde el Gobierno aseguran que este mecanismo otorgará previsibilidad y estabilidad fiscal a los contribuyentes adheridos.
En materia penal, la iniciativa eleva de manera significativa los montos a partir de los cuales se configura el delito de evasión. La evasión simple pasará a considerarse delito a partir de los 100 millones de pesos, mientras que la evasión agravada solo se configurará cuando el monto supere los 1.000 millones. Además, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años.
El texto también prevé un efecto liberatorio del pago, siempre que el contribuyente acepte la declaración jurada propuesta por ARCA y cancele la deuda en término. En caso de que la denuncia penal aún no esté radicada, podrá extinguirse mediante el pago de las obligaciones adeudadas más un adicional del 50%, dentro de un plazo de 30 días hábiles desde la notificación.
Si bien el proyecto avanza hacia un relajamiento de los controles fiscales, incorpora al mismo tiempo un endurecimiento de las sanciones económicas para quienes presenten declaraciones juradas fuera de término. Con la media sanción obtenida, la iniciativa quedó ahora en manos del Senado, donde se anticipa un debate igualmente intenso.
Fuente: Agencia de Noticias NA
