El gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Modernización Laboral, reforma integral que abarca desde la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) hasta aspectos fiscales y de inversión. La iniciativa fue justificada por el Ejecutivo como necesaria para “remover las barreras que dificultan la contratación formal” y terminar con el estancamiento crónico del empleo formal.
Principalmente, el proyecto busca desregular amplios aspectos del mercado de trabajo. Los cambios se centran en reducir los costos laborales, limitar la judicialización de conflictos y flexibilizar las negociaciones salariales y de convenios.
Cambios en el sistema de indemnizaciones y litigiosidad
Este es el eje más disruptivo, apuntando a modificar la “industria del juicio” y el costo del despido.
- Creación del Fondo de Asistencia Laboral (Mochila): Se establece un aporte obligatorio del 3% del sueldo a cargo del empleador, destinado a cubrir futuras indemnizaciones por despido sin causa. Este sistema, de capitalización, busca reemplazar el costo contingente del despido, volviéndolo más previsible.
- Reducción de Contribuciones Patronales: El empleador recibe una reducción de 3 puntos porcentuales en las contribuciones al SIPA (jubilación) como compensación por el aporte al nuevo Fondo de Despido.
- Límite a los Resarcimientos: Se prohíbe explícitamente que los reclamos por despido sin causa busquen resarcimientos adicionales a través del Código Civil y Comercial. El monto de la condena debe limitarse a lo tarifado en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), eliminando una fuente histórica de litigiosidad.
- Sanción a la “Pluspetición”: En casos de que el reclamo judicial se considere una “pluspetición inexcusable” (exageración objetiva de los créditos reclamados), las costas procesales (gastos del juicio) serán impuestas de forma solidaria a la parte y al profesional que la representó.
Flexibilidad contractual y composición salarial
Se otorgan mayores herramientas para definir los acuerdos laborales, incluyendo la moneda de pago.
- Pago en moneda extranjera: Se habilita la posibilidad de pactar y pagar salarios en moneda nacional o extranjera (por ejemplo, dólares), si las partes lo acuerdan.
- Compensación de horas extras: Se permite a las partes acordar un régimen de compensación de horas extraordinarias bajo ciertas condiciones, flexibilizando la gestión de la jornada laboral, siempre respetando los tiempos de descanso.
- Clarificación de conceptos no remunerativos: Se amplía y define con mayor precisión la lista de beneficios que el empleador puede otorgar (como viáticos, premios por productividad, etc.) que no integran la base de cálculo salarial para indemnizaciones o aportes.
Derecho colectivo y poder sindical
El proyecto busca debilitar el poder de los convenios colectivos por encima de los acuerdos de empresa y limitar el impacto de medidas de fuerza.
- Límite a la ultraactividad: Al vencer un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), solo se mantendrán vigentes las cláusulas normativas, caducando las cláusulas obligacionales. Esto presiona a sindicatos y cámaras a firmar nuevos acuerdos rápidamente, ya que gran parte de los beneficios caducarán al finalizar la vigencia original.
- Prevalencia de acuerdos menores: Los acuerdos firmados a nivel de empresa o sectorial menor (dentro del marco de un CCT superior) prevalecerán sobre los convenios colectivos de ámbito superior posteriores.
- Asambleas no pagadas: Se confirma que el tiempo utilizado por el trabajador para participar en asambleas o reuniones que impliquen la no prestación de tareas no devengará salarios.
- Límites a la huelga en servicios esenciales: Se reafirman y clarifican los límites del derecho de huelga en aquellos servicios considerados esenciales o de importancia trascendental para la comunidad.
Incentivos a la formalización y reducción fiscal
El proyecto incluye medidas para fomentar la creación de empleo registrado y reducir la presión fiscal sobre las empresas.
- Blanqueo laboral: El Régimen de Promoción del Empleo Registrado ofrece la condonación de multas y sanciones para los empleadores que regularicen relaciones laborales no registradas.
- Reducción de contribuciones para nuevo empleo (RIFL): Se otorga una reducción de contribuciones patronales por 48 meses para nuevas contrataciones, incentivando la toma de personal desempleado o no formalizado.
- Baja de impuesto a las ganancias corporativas: Se reduce la alícuota del Impuesto a las Ganancias en los tramos más altos de la escala (fijándola en 27% y 31,5% a partir de 2026), buscando estimular la reinversión.
- Eliminación de impuestos internos: Se propone derogar los Impuestos Internos que gravan varios sectores (seguros, vehículos, aeronaves, etc.), buscando dinamizar esas industrias.
El proyecto completo aquí 👇
