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UCA señala que el INDEC sobreestimó la reducción de la pobreza iniciada en 2023

El Observatorio de la Deuda Social Argentina analizó el “efecto estadístico” de la medición del organismo oficial de estadísticas que explicó, en parte, el fuerte descenso de la pobreza y la indigencia de este año.

4 diciembre, 2025

La publicación del nuevo dato oficial de pobreza reavivó el debate sobre su medición, luego de que la UCA advirtiera que la baja en la tasa reportada por el Indec responde más a factores técnico metodológicos que a una mejora real pronunciada.

El Observatorio de la Deuda Social (ODSA-UCA) de esa universidad no desconoce los avances pero sostuvo que los números sobrerrepresentaron el alivio social. De acuerdo al informe del Indec, las tasas de pobreza e indigencia en los principales centros urbanos durante el primer semestre de 2025 se ubicaron en 31,6% y 6,9% de la población, respectivamente. Se trata de una reducción significativa frente al 52,9% y 18,1% registrados un año atrás.

“Siguiendo la metodología del Indec, la pobreza en el segundo trimestre de 2025 habría sido de 31,8%. Esto significa una baja muy importante de 9,5 puntos porcentuales desde el segundo trimestre de 2023. Sin embargo, si observamos la estimación con corrección de captación, la pobreza también se habría reducido, pero ‘solo’ en 2,1 puntos porcentuales, desde 33,9% en dicho período”, señaló el ODSA-UCA en su último estudio.

“Esto sugiere que existió una baja real de la pobreza monetaria bajo la actual gestión, producto de la baja de la inflación, cambio en los precios relativos y fortalecimiento de la AUH-Tarjeta Alimentar. Lo mismo se observa a nivel de la tasa de indigencia (caída de 1 punto porcentual)”, precisó.

“No obstante, en ambos casos, la caída en las cifras oficiales con respecto al período anterior al ajuste estaría sobreestimada por la medición, de tal forma que es posible que en torno a tres cuartas partes de la caída desde los niveles de 2023 se deban a un efecto estadístico”, agregó.

Subestimación del ingreso real de los hogares

Más en detalle, el ODSA explicó que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), herramienta central para medir la pobreza y la indigencia monetaria, releva los ingresos personales y familiares de los hogares y los compara con el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT), actualizadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

Según la UCA, este mecanismo presenta fenómenos conocidos de subregistro y de no respuesta: muchas personas desconocen o no declaran todos sus ingresos, lo que deriva en una subestimación del ingreso real de los hogares. Ese fenómeno tiende a sobreestimar las tasas de pobreza e indigencia.

“Si bien se han ensayado diferentes métodos para reducir este sesgo, no hay ninguno que se considere el más adecuado. En tanto el sesgo sea constante, puede haber un error de precisión en la medición, pero las comparaciones resultan fiables”, apuntó el estudio.

Durante los últimos años, la EPH mostraba -al contrastar sus datos con registros oficiales y encuestas a empresas- un subregistro de ingresos que avanzaba de manera lenta pero persistente.

Sin embargo, desde el cuarto trimestre de 2023 y el primero de 2024 el ODSA-UCA observó una fuerte y sostenida disminución de esa brecha, explicada por un aumento más significativo de los ingresos laborales y no laborales declarados en la EPH frente a los captados por otras fuentes.

“En principio, resulta plausible la hipótesis de que por razones técnico-metodológicas (cambio de cuestionario EPH, procesamientos adicionales, etc.) o socio-culturales (mejor registro de ingresos por parte de los hogares debido a la caída de la inflación, etc.) la EPH haya logrado revertir la tendencia anterior y mejorar sustantivamente su registro del nivel de ingresos de los hogares (aunque esto no haya implicado una menor no respuesta de ingresos)”, analizó el ODSA.

Los últimos datos muestran que, desde el cuarto trimestre de 2024, se produjo una mejora importante en la captación de ingresos, es decir, en la recopilación de información sobre cuánto dinero reciben las personas y hogares.

De acuerdo a la UCA, la EPH hoy captura ingresos 16% más altos de los que habría registrado con la capacidad de captación del segundo trimestre de 2018, y casi 17% por encima de lo que reflejaba en el tercer trimestre de 2023.

Canasta desactualizada

La universidad concluye que si bien se evidencian mejoras, es necesario corregir parte del sesgo en la evolución de los indicadores.

Además, advierte que el Indec debería acelerar la actualización de las canastas de referencia.
En ese sentido, el instituto sigue calculando la CBT utilizando la estructura de gasto de los hogares relevada en la ENGHo 2004/2005, a pesar de que ya existen datos actualizados a 2017/2018.

Entre ambos períodos, los hogares aumentaron exponencialmente el gasto destinado a servicios. La UCA señala que si se adoptara una actualización metodológica, la CBT sería considerablemente más alta en todos los años, lo que implicaría también una mayor incidencia de la pobreza.

A su vez, la nueva ponderación alteraría la evolución temporal de la pobreza, al reflejar con mayor precisión el impacto de la suba de los servicios desde la segunda mitad de 2024.

Agustín Salvia, director del ODSA, calculó que si se realizaran dichos ajustes la CBT, que en la actualidad asciende a $1.276.649, se elevaría a $1.942.000. Con una canasta más reciente, la pobreza habría crecido menos tras la devaluación de diciembre de 2023, pero su disminución en los trimestres siguientes habría sido más lenta.

En otro orden, cabe resaltar que de quitarse los planes sociales, la pobreza llegaría al 42% y la indigencia al 14%. En el corto plazo Salvia no espera que se perfore el piso estructural de pobreza, en torno al 30%, debido a la etapa de transición que comenzó con el gobierno de Javier Milei.

Este, a su criterio, viene a eliminar el modelo de sustitución de importaciones iniciado a mediados del siglo pasado, un esquema que nunca logró consolidarse plenamente. Como resultado, muchas industrias podrían desaparecer y abrirse así un período de mayor desempleo.

Tres Argentinas que conviven y se alejan

El informe reconstruye la pirámide socioeconómica 2025, marcada por:
• Un tercio superior integrado, de alta productividad y acceso estable a bienes públicos.
• Una clase media aspiracional en retroceso, fuertemente afectada por la volatilidad económica.
• Un tercio inferior atrapado en empleos precarios y baja productividad, donde la pobreza crónica se reproduce generacionalmente.

Los hogares con niños continúan siendo los más afectados: la pobreza infantil supera el 58%, más del doble que la de los hogares sin menores.

La otra cara del modelo libertario

Además de la medición monetaria, el estudio incorpora indicadores de:
• Estrés económico, definido como insuficiencia percibida de ingresos para necesidades básicas.
• Estrés social, asociado a inseguridad alimentaria, acceso a salud y protección social.
• Bienestar subjetivo, con una tendencia creciente de malestar psicológico desde 2017, agravada entre 2023 y 2024.

Según la UCA, la estabilización macro no alcanzó todavía a traducirse en un alivio emocional ni en un fortalecimiento del tejido social: las brechas de bienestar persisten e incluso se amplifican en los sectores más vulnerables.

Advertencia para 2026

El informe concluye que la economía argentina se encuentra en una etapa donde conviven:
• Mayor orden macroeconómico, baja de inflación y equilibrio fiscal.
• Alta fragilidad social, con pobreza estructural, informalidad y déficits persistentes.
• Riesgo de consolidación de un modelo de bajo empleo formal, si no se articulan políticas de capital humano, crédito pyme y desarrollo regional.
En síntesis: la estabilización no garantiza inclusión, y sin una estrategia que vincule crecimiento con movilidad social, la recuperación podría derivar en una sociedad más desigual y fragmentada.

Efectos del ajuste

Para La UCA, la caída inflacionaria y el reordenamiento fiscal impulsado por el gobierno libertario lograron estabilizar variables clave, pero a costa de:
• Pérdida de calidad de empleo en estratos bajos y medio-bajos.
• Desempleo creciente en hogares de nivel muy bajo.
• Estancamiento del ingreso laboral real en torno a niveles similares a los de 2009-2010.
• Deterioro histórico en salarios públicos, los principales rezagados del período.
• Informalidad persistente, con un 51,6% de trabajadores sin aportes en 2025.

Recalculando la CBT

Si el Indec adoptara una actualización metodológica, la CBT sería considerablemente más alta en todos los años, lo que implicaría también una mayor incidencia de la pobreza. A su vez, la nueva ponderación alteraría la evolución temporal de la pobreza, al reflejar con mayor precisión el impacto de la suba de los servicios desde la segunda mitad de 2024. Agustín Salvia, director del ODSA, calculó que si se realizaran dichos ajustes la CBT, que en la actualidad asciende a $1.276.649, se elevaría a $1.942.000.

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Tags: INDECmedicionesMetodologíaPobrezaUCA
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📻 En diálogo con el programa #PrimeraPlana, Alejandro Schieffer, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Eldorado, destacó la continuidad de los Programas Ahora y remarcó que ya forman parte del funcionamiento cotidiano de los comercios.📆 Schieffer señaló que los consumidores organizan sus compras en función de los beneficios: “La gente busca comprar lunes, martes o miércoles para poder aprovechar la devolución y las cuotas. Eso genera movimiento en los comercios”.💳 Además, subrayó la importancia del programa en los meses de menor consumo: “En enero o febrero, sin los Ahora, el panorama sería bastante difícil”.📉 En ese sentido, advirtió que el contexto económico sigue siendo complejo: “Las tasas de interés continúan siendo altas y el mercado todavía no está estable”, por lo que la continuidad del programa resulta clave para sostener la actividad comercial.
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El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ratificó a fines de diciembre sus fallos vinculados a la emergencia en discapacidad y estableció un ultimátum al Gobierno nacional para que cumpla con lo dispuesto por la ley. En su última resolución, el magistrado otorgó cinco días hábiles para que el Estado presente informes que acrediten el avance real de los trámites pendientes y dejó en claro que, de no cumplirse la sentencia, se avanzará con sanciones directas a los funcionarios responsables.La fecha clave es el 4 de febrero, día en el que la ley deberá estar “100% vigente y funcionando”, según lo dispuesto por la Justicia.El padre Pablo Molero, coordinador del Foro por la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, destacó la firmeza del juez y el cambio de tono de la intimación judicial. “El juez no solo puso cinco días para que informen, sino que ahora pide cosas muy concretas: definición de los aranceles actualizados, cómo se va a ejecutar la sentencia y con qué plazos”, explicó.Molero subrayó que la resolución contempla sanciones personales y no solo institucionales. “Si no cumplen, empiezan las multas, pero no al Estado, sino a los funcionarios directamente. O sea, van a tener que sacar el dinero de su bolsillo”, remarcó. En ese sentido, consideró poco probable un nuevo incumplimiento: “Las veces que un juez avanzó con multas personales, la cosa se cumplió muy rápidamente”.
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