Este 26 de noviembre marca un hito doloroso en el calendario judicial y social de la Argentina: se cumplen cuatro años del asesinato de Lucio Dupuy, el niño de 5 años ultimado en Santa Rosa, La Pampa. La fecha llega cargada de emotividad, con un reclamo que trasciende el recuerdo: la familia exige que la Ley Lucio, sancionada tras el crimen, deje de ser una formalidad y “se cumpla en todos los ámbitos” del Estado para evitar nuevas tragedias.
El aniversario expone la herida abierta de Christian Dupuy, padre de la víctima, quien compartió un mensaje que refleja la perpetuidad de su duelo. “Ojalá la vida se me pase rápido para volver a verte”, expresó, dejando en claro que, más allá de las sentencias, él “sigue reclamando justicia”. Su postura apunta a que las condenas a las autoras materiales no subsanan las múltiples fallas institucionales que permitieron el desenlace fatal.
Una ley nacida del dolor y su aplicación pendiente
La normativa, aprobada en 2023 bajo la presión social del caso, estableció un cambio de paradigma: la capacitación obligatoria para todos los funcionarios que trabajan con infancias, el fortalecimiento de los protocolos de denuncia ante situaciones de riesgo y la mejora en la coordinación entre organismos provinciales y nacionales (el Plan Federal de Capacitación).
Sin embargo, a cuatro años del hecho y con la ley vigente, los familiares de Lucio advierten que “la aplicación real todavía es insuficiente”. La crítica apunta a la falta de celeridad y compromiso en algunas jurisdicciones para detectar las señales de alerta temprana que, en el caso de Lucio, fueron ignoradas sistemáticamente.
Antecedentes y el frente judicial abierto
El caso Lucio Dupuy se convirtió en un emblema de la desidia estatal. Según las investigaciones posteriores, el menor había sido atendido previamente en centros de salud por lesiones óseas y traumatismos que no fueron investigados a tiempo, ni reportados a la Justicia de familia, evidenciando una desconexión total entre salud, seguridad y justicia.
En el plano penal, la situación de las responsables está resuelta: Magdalena Espósito Valenti (madre) y Abigail Páez (pareja) fueron condenadas a prisión perpetua y cumplen su pena desde hace dos años. No obstante, la batalla legal continúa en otros frentes. Siguen abiertas las causas por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público contra profesionales de la salud y agentes estatales que intervinieron -o omitieron intervenir- en el seguimiento del menor antes de su muerte.
Fuente: Agencia de Noticias NA
