Encabezados por el juez de Instrucción 2, Juan Manuel Monte, se realizaron ayer durante la mañana, dos allanamientos en propiedades de las calles Tucumán y Buenos Aires, frente a la manzana de la Jefatura de Policía, para secuestrar soportes digitales con fotografías e imágenes correspondientes a material de abuso sexual infantil (MASI).
Investigadores de la comisaría Primera de la Unidad Regional I, Dirección Cibercrimen de la Policía provincial y peritos de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (SAIC) de la Procuración General requisaron primero un departamento sobre Tucumán donde el sospechoso alquilaba, pero determinaron que hace pocos días se habría mudado a un apartamento pocos metros por Buenos Aires.
Vale remarcar que el detenido se trata de un contador público empleado de ARCA (ex AFIP), de 63 años, y fue descubierto el viernes -a 200 metros de los allanamientos de ayer- cuando fotografiaba y filmaba con un teléfono celular a menores de edad que transitaban frente a un café en la esquina de Buenos Aires y Catamarca minutos antes del mediodía.
Fueron los padres de una adolescente quienes alertaron a la policía de lo que sucedía y se sumaron otras presuntas víctimas.
Concretada la detención por parte de los efectivos de la comisaría Primera, se secuestró el celular del profesional de las ciencias contables y allí habrían aparecido las imágenes que apuraron la decisión del juez Monte de proceder a revisar el inmueble.
En la vivienda de calle Buenos Aires fueron secuestrados varios elementos, principalmente los soportes digitales, un celular más y tarjetas de memoria. Pero también fueron incautados cuatro juguetes sexuales, un arma aire comprimido réplica de una pistola nueve milímetros, entre otros. Se dispuso que los soportes informáticos sean peritados con mayor profundidad, principalmente para determinar las edades de las personas que aparecen en las imágenes y videos.
Fuentes contactadas por PRIMERA EDICIÓN ampliaron que los archivos no son pocos, una de las memorias tendría dos gigabytes de escenas de relaciones sexuales en las que se advertirían menores de edad.
El análisis de los profesionales informáticos de la SAIC y la opinión de Juan Pablo Espeche, fiscal especializado en Ciberdelitos, serán determinantes también para saber si los archivos MASI eran almacenados para distribución o tenencia, situación que encuadraría con mayor gravedad el estado procesal del imputado.
