El impacto de la desregulación del mercado yerbatero comienza a mostrar sus consecuencias más críticas. Desde Misiones, voces técnicas y políticas alertan que el Decreto 812/2025, que eliminó las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), desencadenó una caída del 77% en términos reales en el precio de la hoja verde y una acelerada transferencia de ingresos desde los productores hacia un puñado de industrias.
El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, fue el primero en encender la alarma a través de sus redes sociales. “Entender el mercado yerbatero significa que desregularlo perjudicará a la mayoría del sector”, expresó, remarcando que la medida nacional se tomó sin comprender el funcionamiento real de la cadena y sin evaluar sus efectos sobre los eslabones más débiles.
Safrán explicó que el productor primario nunca fija el precio: son los secaderos, acopiadores y molinos quienes lo determinan. Con más de 13.000 productores frente a apenas 130 molinos, el mercado históricamente ha sido desigual. Sin herramientas regulatorias, esa asimetría -dijo- se profundiza. A ello se suma que el productor no puede almacenar la hoja verde: si no vende al precio que le ofrecen, pierde la cosecha.
El ministro recordó que el proceso de desregulación comenzó en diciembre de 2023 y que Misiones presentó una acción judicial para frenar la medida. Desde entonces, afirmó, el precio real de la hoja verde se derrumbó en más de tres cuartas partes. “No puede atribuirse solo a la mayor producción de 2024 y 2025. Es el resultado directo de la pérdida de reglas de juego”, advirtió.
El economista y director del Instituto Provincial de Estadística y Censos, Darío Ezequiel Díaz, reforzó esa mirada en un informe difundido luego de la publicación del decreto.
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, sostuvo que el mercado, sin regulaciones, “se vuelve un Darwinismo económico, donde sobreviven las firmas con mayor capacidad financiera mientras miles de pequeños productores quedan expuestos a precios ruinosos.
Para Díaz, liberar por completo una actividad “estructuralmente asimétrica” no genera competencia real sino oligopolios cada vez más fuertes. Alertó que la desregulación provocará una “transferencia masiva de renta desde 13.000 productores hacia un pequeño grupo de industrias”, consolidando un modelo de concentración que pondrá en riesgo no solo la producción sino también el tejido social de la ruralidad misionera.
Barreras
El especialista repasó además barreras estructurales: la inversión millonaria que requiere un secadero eficiente, el control vertical que ejercen los grandes jugadores -desde el secado hasta la distribución-, los costos de certificación y el acceso a góndolas. “La libre entrada no corrige el oligopsonio; las barreras no son legales, son estructurales”, señaló.
En un contexto donde también comenzó a diversificarse la oferta con nuevas marcas de yerba molida -algunas de baja calidad-, Díaz insistió en que el INYM cumple un rol clave no solo en precios sino en control de calidad, certificaciones y trazabilidad. La eliminación de esas funciones,
agregó, deteriora la percepción del consumidor y agrava la inestabilidad del sector.
Ambos economistas coincidieron en que el camino no es volver a modelos de intervención rígidos, sino avanzar hacia diseños institucionales inteligentes, con precios piso indexados, fondos anticíclicos, sistemas anticoncentración y un rediseño moderno del INYM que impulse la internacionalización del producto.
Mientras tanto, la realidad inmediata es inequívoca: el precio de la hoja verde se desplomó, miles de productores vendieron por debajo de sus costos y el mercado avanza hacia una estructura dominada por menos actores.
Según Safrán y Díaz, sin un marco de equilibrio, la yerba mate -símbolo económico y cultural de Misiones- enfrenta uno de sus escenarios más complejos en décadas.
Productores podrían bloquear la circulación de camiones con hoja
La desregulación total del mercado yerbatero, oficializada por el Gobierno nacional mediante un nuevo decreto que elimina las últimas facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), volvió a encender el conflicto en la principal economía regional de Misiones. Productores de distintas zonas rurales anticiparon que suspenderán la zafriña -la cosecha de verano- y que bloquearán la circulación de camiones con hoja verde, en rechazo a las medidas que consideran devastadoras para la actividad.
El productor y dirigente yerbatero Luis Alberto Andrusyzsyn aseguró que lo dispuesto por la Nación “es un certificado de defunción de la actividad”. Señaló que el decreto “termina de liquidar al Instituto, dejándolo sin capacidad de fijar precios ni proteger al productor”, y que solo le queda la promoción del consumo, una función insuficiente para ordenar un mercado históricamente desigual.
La reacción no tardó en organizarse. Los colonos convocaron a asambleas para este viernes en la localidad de Campo Grande a las 19, mientras que el jueves 27 de noviembre se hará otra en San Vicente, donde definirán la modalidad del plan de lucha. “Lo primero que vamos a hacer es no cosechar ni permitir que circulen camiones con hoja verde. Estamos en alerta y movilización”, adelantó Andrusyzsyn.
Además, confirmó que los productores viajarán a Buenos Aires para exigir respuestas a las autoridades nacionales. “El Gobierno promueve el libre mercado y nos deja sin precios de referencia ni defensa alguna. Estamos librados a la buena de Dios, expuestos a lo que decidan los molinos y las industrias”, afirmó.
La crisis de precios es el detonante central del conflicto. Según el dirigente, los productores están cobrando $180 por kilo de hoja verde, un valor muy por debajo de los costos estimados por el propio INYM, que calculó el costo de producción en más de $450 por kilo. A esto se suma el deterioro financiero: “Las industrias están estirando los plazos de pago hasta 180 días. Todavía no terminaron de pagar la hoja verde anterior. Hay muchos cheques rebotados y nadie se hace responsable”, denunció.
La falta de previsibilidad también afecta la zafra de verano. No hay precios de referencia y la mayoría de los colonos evalúa que cosechar implicaría trabajar a pérdida. “Tomamos la decisión de no cosechar y no vamos a permitir la circulación de hoja verde, porque las industrias se siguen aprovechando”, señaló.
El dirigente reveló además un aspecto que hasta ahora circulaba solo en conversaciones informales: la sospecha de un proceso deliberado de concentración de tierras. “Hay productores que están vendiendo parcelas de sus campos para cubrir esos cheques. Detrás de estas decisiones hay gente que pretende que los colonos se fundan para comprarles las chacras”, advirtió.
