La controversia por el cobro aplicado a los organizadores de la peregrinación a Loreto sigue generando reacciones, todas de indignación y repudiando el impuesto de 560 mil pesos aplicado por la Nación y que fue confirmado por el padre Leandro Cuenca.
En este sentido, Ricardo Lasca, referente del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), expresó su sorpresa y preocupación ante la medida, que calificó como irregular y carente de justificación normativa.
“La verdad nos sorprendió mucho, honestamente no habíamos escuchado esto”, afirmó en la FM 89.3 Santa María de las Misiones y comparó la situación con la tradicional peregrinación a Luján, donde existen rutas alternativas preparadas para absorber el tránsito vehicular y permitir la circulación de caminantes sin riesgos. “Ahí efectivamente hay vías alternativas”, explicó. En el caso de la ruta nacional 12, donde se registró el cobro a los peregrinos, Lasca advirtió la imposibilidad de desviar la circulación.
Para Lasca, lo más preocupante es el carácter poco claro del cobro. “Lo que sorprende es el cobro, es como si yo estaciono en la banquina y me cobran estacionar. Es algo medio raro”, indicó. Y agregó: “No conocemos una norma que implique un cobro así”.
Lasca también puso el foco en la falta de transparencia, porque “no se sabe bien a dónde va ese dinero, es muy confuso y la verdad sorprende”. En esta línea, recordó que la ruta 12 está concesionada por la empresa estatal Corredores Viales S.A.
Medidas judiciales
Ante esta situación, el referente del CONADUV sugirió avanzar con denuncias para esclarecer el caso. “Sería muy interesante que se hiciera una denuncia, primero para ver cuál es el argumento y si tiene algún fundamento serio”, expresó. Asimismo, reclamó una respuesta oficial: “Hay que ver qué contesta Vialidad Nacional”.
En un tono más amplio, Lasca criticó la falta de planificación vial y la ausencia de participación ciudadana en decisiones clave: “Hablan de transparencia y de cumplir la Constitución, pero no convocan a una mesa de trabajo”. También cuestionó las audiencias públicas no vinculantes, a las que calificó de “una truchada, un simple formalismo”.
Por último, advirtió sobre la ausencia de un ente regulador independiente para el sistema vial, que podría intervenir en los diferentes casos que involucren a los usuarios.
