La inseguridad alimentaria también es un mal que afecta a quienes poseen trabajo en la Argentina, inclusive dentro de la población asalariada con empleo formal.
Un reciente estudio confirma que la inserción laboral no representa de manera automática una garantía para una alimentación suficiente. Existen brechas notorias según el tipo de empleo, el nivel educativo, la región de residencia y la situación económica, que marcan una diferencia sustancial entre distintos grupos sociales.
De acuerdo con el documento del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, el fenómeno de la inseguridad alimentaria en el mercado de trabajo nacional se refleja en la cifra de 15% de trabajadores asalariados afectados.
Este porcentaje baja al 7% entre los candidatos con empleo formal, pero la reducción del riesgo de pasar hambre por poseer empleo registrado resulta limitada.
Los niveles más elevados aparecen entre quienes no realizan aportes a la seguridad social y en ámbitos laborales marcados por la inestabilidad.
La distribución de la inseguridad alimentaria entre las distintas formas de ocupación revela disparidades relevantes. La población asalariada (sin trabajadores del servicio doméstico) presenta un 15,2% de personas con dificultades alimentarias.
Entre los asalariados registrados, este valor desciende notoriamente a 7,4%. En cambio, el colectivo de ocupados no asalariados y trabajadores de servicio doméstico alcanza un 25,3%, la proporción más alta registrada entre los segmentos evaluados.
La situación de la población general y de la población activa ubica la prevalencia de la inseguridad alimentaria en 21,3% y 21,2%, respectivamente. Dentro del conjunto de personas ocupadas, la incidencia muestra un descenso a 19,6%, aunque con diferencias notables según segmento o sector. El acceso a la alimentación adecuada, aun así, permanece lejos de representar una condición asegurada por el hecho de contar con empleo.
Inseguridad alimentaria, según la franja etaria
La desagregación por factores socioeconómicos y demográficos aporta datos clave sobre la profundidad de este fenómeno. El informe subraya que los jóvenes asalariados de entre 18 y 34 años exhiben una tasa de inseguridad alimentaria del 14,3%, en tanto que los trabajadores de entre 35 a 54 años, la tasa es de 17,1%.
El porcentaje baja al 12% cuando se trata de personas de 55 años o más. Si se consideran los trabajadores formales, las cifras bajan considerablemente al 5,9%, 8,9% y 6,3%, respectivamente.
Las mujeres presentan una proporción levemente superior (15,4%) en comparación con los varones (15%) cuando se habla de asalariados totales. La edad y el género actúan como determinantes, en conjunto con variables educativas y socioeconómicas.
El nivel educativo surge como elemento central. El 34% de las personas con primaria o secundaria incompleta atraviesan situaciones de inseguridad alimentaria. En el caso de quienes completaron el secundario, la tasa se ubica en 12,7%.
Entre quienes alcanzaron formación universitaria incompleta o completa, la prevalencia desciende de manera marcada a 4,6%. El acceso a la educación demarca una barrera que impacta de manera significativa en el derecho a una alimentación básica.
El estrato socioeconómico y la condición de pobreza amplifican las diferencias. El 21,5% de los casos de inseguridad alimentaria procede de estratos bajos. En los hogares pobres, la prevalencia asciende a 38,6%. Por contraste, entre los hogares no pobres la incidencia baja a 6,9%. Los márgenes materializan la relación entre carencia de recursos materiales y posibilidad de acceder a una dieta adecuada.
Diferencias regionales
Las diferencias regionales permiten precisar aún más el mapa. El conurbano bonaerense registra un 18,9% de inseguridad alimentaria, lo que lo convierte en una de las áreas históricamente más expuestas del país.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el indicador cae a 7,1%. Por su parte, el interior nacional registra una prevalencia de 8,9%. Estas diferencias ratifican que el territorio influye en la aparición de vulnerabilidad alimentaria, más allá de las condiciones individuales de empleo o ingreso.
Al examinar las condiciones laborales y la afiliación sindical, el estudio ofrece nuevos elementos para analizar las causas y los alcances del problema. El sector informal mantiene una incidencia de inseguridad alimentaria del 24%, siempre considerando los asalariados totales. El sector formal se ubica en un 9,8%.
En el sector público, el dato asciende al 14,1%. Las diferencias obedecen tanto a la estabilidad laboral como a la presencia (o ausencia) de derechos sociales y acceso a mecanismos de protección.
Afiliación sindical
La carga horaria laboral aparece asociada a la inseguridad alimentaria. Entre los subocupados, el 21,1% experimenta dificultades para acceder a comida suficiente. Los trabajadores que cuentan con pleno empleo acumulan una incidencia del 12%.
Entre los sobreocupados, la cifra trepa al 13,3%. El esquema horaria incide en la posibilidad de sostener una alimentación digna, pero el efecto más claro radica en aquellos que no disponen del ingreso suficiente por cumplir jornadas reducidas.
La afiliación sindical emerge como un factor de diferenciación. El 7,7% de los trabajadores afiliados a sindicatos enfrenta situaciones de inseguridad alimentaria. Entre quienes carecen de afiliación, el índice sube a 9,9%.
La pertenencia a gremios, que habitualmente implica acceso a determinados derechos laborales y mecanismos de defensa, ayuda a acercar un escudo parcial ante la privación de insumos básicos.
Las brechas se profundizan entre colectivos que carecen de aportes a la seguridad social. La precariedad y la informalidad expresan una asociación directa con el riesgo de inseguridad alimentaria.
Las desigualdades vinculadas al nivel educativo y a la situación socioeconómica actúan como determinantes estructurales, mientras que las diferencias regionales reafirman la relevancia de los contextos territoriales, en especial en el conurbano bonaerense.
En las conclusiones del informe, los investigadores de la UCA admiten la necesidad de articular políticas que aborden de manera conjunta los ejes de empleo, protección social y alimentación.
Enfatizan la importancia de que el acceso a una dieta adecuada se conciba como parte de las condiciones laborales dignas y de la salud ocupacional. Esta perspectiva repercute tanto en la productividad como en el bienestar general de la fuerza de trabajo en la Argentina.
Jubilados, los más ajustados
El Gobierno mantendrá durante noviembre el bono de $70.000 destinado a los jubilados que perciben el haber mínimo, sin modificaciones desde marzo de 2024. El monto total que recibirán quienes cobran el mínimo será de $403.000, una cifra que cubre menos del 30% de las necesidades básicas de una persona mayor.
De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), dentro de los $71 billones asignados para prestaciones previsionales en 2026, se destinan $3,8 billones al pago de bonos, un valor casi idéntico al de este año. Además, el informe proyecta que “la cantidad de jubilados y pensionados pasaría de 9,15 millones en 2025 a 9,01 millones en 2026 (-1,5%), motivada por la caída de titulares en las pensiones por invalidez”.
Pérdida constante frente a la inflación
Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) muestra que el poder de compra del bono se redujo drásticamente. Para conservar el mismo valor real que tenía en marzo de 2024, el monto debería ser de $173.407, es decir, $103.407 más que el actual.
“El Gobierno insiste en que las jubilaciones mejoraron, pero los datos muestran lo contrario”, aseguró el economista Hernán Letcher, director del CEPA. Añadió que “en el trimestre septiembre-noviembre de 2025, las jubilaciones con bono serán 16,1% inferiores al nivel registrado en el último trimestre del gobierno anterior”.
Gastos básicos más caros
Según las estimaciones del CEPA, mientras en marzo de 2024 el bono equivalía al 10,2% de la canasta básica del jubilado, en noviembre de 2025 se redujo al 4,6%. Esa canasta, elaborada por la Defensoría de la Tercera Edad, se ubica en $1.514.074.
El deterioro también se refleja en los rubros más esenciales. En marzo de 2024, el bono alcanzaba para cubrir el transporte ($46.000), pero hoy ese gasto trepó a $85.200. Los servicios, que entonces costaban $26.394, hoy suman $123.050. En total, la jubilación mínima pasó de cubrir 29% a solo 26% de la canasta de bienes y servicios.
“El bono no recibe aumentos hace veinte meses”, indicó la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad. Su titular, Eugenio Semino, advirtió: “Los jubilados en general están mal alimentados. Comen lo que pueden. Predominan las farináceas, no se puede seguir una dieta. Y lo más grave es que se instaló como que esto es así. Sigue yendo mucha gente en comedores, muchos viviendo en pensiones, todas esas situaciones van en aumento. Seguimos teniendo muchas personas en situación de calle”.
Más vulnerables
El Observatorio de la Deuda Social de la UCA señaló que la falta de ingresos adecuados en la vejez expone a los adultos mayores a mayores carencias y deterioro de la salud. “La alimentación insuficiente como consecuencia de las dificultades en el acceso a alimentos está asociada con enfermedades crónicas, limitaciones en la capacidad funcional, problemas de salud mental y disminución del funcionamiento cognitivo”, detalla el informe.
Sin mejoras previstas
El gobierno de Javier Milei prevé una reforma estructural del sistema previsional hacia fines de 2026, en línea con los compromisos asumidos ante el FMI. Hasta entonces, se mantiene la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que en noviembre asciende a $336.442, incluyendo el bono.
