El dirigente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en Misiones, Carmelo Rojas, consideró “un alivio” la prórroga dispuesta por el Gobierno nacional del Decreto 514/2021, que permite a los beneficiarios de programas sociales conservar la asistencia estatal aun cuando ingresen a un empleo registrado.
La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial bajo el Decreto 777/2025, extiende la compatibilidad hasta septiembre de 2026 y fue un reclamo de las provincias agroindustriales, entre ellas Misiones, donde miles de peones rurales dependen de la zafra.
“Es importante para el sector, especialmente para las economías regionales, acá en Misiones en particular. Si bien celebramos la prórroga, lo que pedimos desde hace tiempo es que esto se convierta en ley, para que no dependa de los vaivenes políticos y garantice la empleabilidad de los trabajadores”, afirmó Rojas en diálogo con la FM 89.3 Santa María de las Misiones.
El dirigente explicó que, antes de la compatibilidad, muchos trabajadores “preferían no registrarse para no perder los planes sociales”, lo que terminaba promoviendo la informalidad. “Esto no solo perjudicaba al trabajador, sino también a los pequeños productores, que no podían cubrir las cosechas ante el temor de los peones de quedar fuera del sistema de asistencia”, detalló.
“Un alivio, pero no alcanza”
Rojas reconoció que la confirmación de la prórroga trajo “tranquilidad” entre los cosecheros y empleadores rurales. “No solo es un alivio para los trabajadores, sino también para los pequeños empleadores. En el campo, los tiempos de receso son duros, y sin esta compatibilidad muchos peones hubieran elegido trabajar en negro o directamente emigrar”, señaló.
En Misiones, se estima que unos 9.000 trabajadores se desempeñan solo en la cosecha de yerba mate, otros 2.000 en el té y una cifra similar en el sector forestal, sin contar los que trabajan en tabaco, citrus u horticultura. “No todos están alcanzados, pero los que tienen programas como Potenciar Trabajo o AUH dependen de este decreto para poder registrarse sin perder el beneficio”, aclaró.
Consultado sobre el alcance de la medida, Rojas insistió en que “la compatibilidad es una herramienta efectiva, pero debe tener carácter permanente”. Propuso que el Congreso nacional transforme la norma en ley “para no depender cada año de una decisión administrativa.”
“Esto facilita la formalización y garantiza derechos básicos, como las asignaciones familiares o la cobertura de salud. No puede estar en duda cada septiembre si los trabajadores van a poder registrarse o no”, resumió.
El éxodo laboral
El gremialista también advirtió que, más allá del alivio que representa la prórroga, el sector enfrenta una pérdida creciente de mano de obra. “Hay muchos trabajadores que ya antes de terminar la cosecha se van a Brasil, a la zona de Santa Rosa, porque en dos semanas ganan lo que acá en un mes o dos. Es doloroso, pero la gente necesita sostener su economía familiar”, lamentó.
Desde UATRE vienen advirtiendo sobre las dificultades para retener trabajadores en las chacras misioneras, sobre todo en la yerba y el té, donde los precios pagados a los productores y los salarios rurales quedaron rezagados frente a la inflación. “Si los valores no acompañan, la migración laboral se va a seguir profundizando”, sostuvo.
Rechazo a la flexibilización
Rojas expresó sus dudas sobre las políticas laborales del Gobierno nacional. “Uno tiene siempre la duda, viendo cómo vienen decidiendo las cosas. Ojalá que no sigan avanzando con medidas que le quitan derechos a los trabajadores”, dijo, en alusión al paquete de reformas que el Ejecutivo analiza enviar al Congreso.
“Cada vez que se recortaron derechos se profundizó el trabajo no registrado. La gente termina aceptando cualquier condición con tal de no perder su ingreso, y eso es un retroceso social. Por eso pedimos a los legisladores que no avalen una reforma dañina a cambio de recursos o favores políticos”, advirtió.
El secretario gremial también cuestionó la política de techos salariales que impulsa la Secretaría de Trabajo de la Nación. “No se puede hablar de recuperación del salario cuando se obliga a negociar por debajo de la inflación. Así se achica el sueldo real y se condena al trabajador a perder poder adquisitivo cada mes”, señaló.
En ese sentido, consideró que los anuncios de “salarios dinámicos” y nuevas modalidades de contratación “solo agravan la incertidumbre. El trabajador rural ya está expuesto: si encima le recortan beneficios y topes paritarios, va a trabajar a cualquier precio”.
