Diego Barroetaveña, vicepresidente de la Cámara Federal de Casación Penal, visitó esta capital ayer para reunirse con actores judiciales, del fuero federal en mayor número, sobre las modificaciones y beneficios del nuevo Código Procesal Penal Federal que se implementará en esta jurisdicción a partir de marzo próximo.
El camarista que supo fallar, como juez, en causas como el homicidio del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, o que interviene hoy en causas complejas como “Cuadernos de la corrupción”, a poco de iniciarse el juicio (7 de noviembre) con 174 acusados, entre ellos los empresarios Ángelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri), Cristóbal López y Fabián de Sousa, dialogó con PRIMERA EDICIÓN sobre los alcances de la nueva herramienta para la Justicia Federal y la actualidad del servicio.
“Los dilemas para la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal no son pocos”, dijo de arranque el camarista y le sirvió el envión: “Este cambio está en vigencia en varias provincias. Las primeras fueron Salta y Jujuy antes del inicio de la pandemia (COVID-19). Se detuvo durante cuatro años la implementación del código acusatorio pero se retomó paulatinamente desde el año pasado y ya son varias provincias y jurisdicciones. Por ejemplo, próximamente se presentará en Buenos Aires en los tribunales de Comodoro Py en el fuero Penal y Económico”.
Barroetaveña explicó: “El cambio fundamental del nuevo Código Procesal Penal Federal es la investigación preparatoria: la instrucción pasará a mano del fiscal, no será el juez el que lleva adelante la investigación. Esto no debilita la función del juez de ninguna manera, sigue con la función jurisdiccional. Es decir, cuando se requiere, cuando se necesita ingresar a un domicilio, el fiscal se lo tiene que pedir al juez y éste considera si la habilitará o no. Esto tiene que ver una tutela constitucional como el domicilio”.
“Lo mismo con la privacidad, intimidad y las comunicaciones por las vías que sean, una intervención de líneas se tiene que pedir autorización al juez. Lo mismo ocurre con una detención y con todo lo que tenga relación o afecte garantías constitucionales tiene que intervenir el juez”.
Resaltó además otros puntos: “Respecto a la oralidad se destaca también el cambio. Se implementarán muchas audiencias desde la primera etapa de la investigación. Se prevén audiencias breves y acotadas para resolver cuestiones, lo que implica menor delegación porque lo resuelve directamente el juez sin que pase el trámite por el secretario y a los oficiales de menor jerarquía. Ahora el juez debe escuchar a las partes en una audiencia pública y de manera inmediata tomar una decisión. Obviamente hay diferentes audiencias y todas serán preparadas por una oficina destinada únicamente a este punto”.
“Este cambio de quién investiga produce mayor celeridad en los procesos, duran menos y tienen plazos acotados y perentorios, además de distintas vías de solución de los conflictos que no necesariamente tienen que terminar en un juicio oral. También puede tomarse la suspensión de juicio a prueba o la reparación para la solución al conflicto”.
Pero aclaró también que “narcotráfico, lavado de capitales, corrupción, trata, los delitos más complejos, tienen técnicas especiales de investigación como el agente encubierto, el agente revelador, el informante, todas serán autorizadas también por el juez, las pide el fiscal y se resuelven”.
Consultado sobre la privación de la libertad o prisión preventiva y los plazos respecto al nuevo código, se explayó: “El concepto de indagatorias ya no existe más en este sistema acusatorio adversarial. Hoy lo único que hay es un concepto más arcaico, el hecho que se le atribuye y el imputado podrá declarar o no. La excarcelación o las preventivas son medidas de coerción, en el sistema acusatorio se sostiene la libertad durante el proceso, que la investigación sea acotada y breve y que se determine enseguida si el individuo es inocente o no. Durante ese período lo más normal es que el investigado esté en libertad, pero no quiere decir que las personas imputadas en delitos graves, en ciertos casos, puedan gozar de medios alternativos a la prisión preventiva, como la domiciliaria, caución patrimonial, comparecer ante un juzgado periódicamente o estar bajo la responsabilidad de una institución social”.
Vacantes en la Justicia Federal
Tribunales en varios puntos del país atraviesan hoy los escollos de vacantes que se sucedieron durante los últimos años por múltiples factores pero mayoritariamente en cargos por retiro y jubilación. Barroetaveña mostró reflejos para contestar al respecto: “Es cierto que en este último período los cargos vacantes en la Justicia Federal aumentaron y generaron crisis. Pero no nos olvidemos que las vacantes vienen de gobiernos anteriores y gestiones pasadas”.
“Cuando asumió la presidencia Mauricio Macri envió todos los pliegos de cargos que envió Cristina Kirchner, cuando Alberto Fernández asume recibió todos los pliegos de Macri y así, hace diez años se acumularon. Pero también es cierto que en estos dos últimos años (presidencia de Javier Milei) se sumaron muchos casos más. Bueno, esperamos que prontamente, se dice que antes de fin de año, se puedan cubrir varias vacantes”.
En cuanto a la subrogancia como alternativa, reconoció: “Las subrogancias por ejemplo en los tribunales federales las tenemos que cubrir con la Cámara de Apelaciones, es complejo el panorama y genera muchos problemas”.
Tampoco esquivó que el problema alcanza a la Corte Suprema de Justicia: “Las vacantes en la Corte son una cuestión política, una decisión. Yo puedo decir, y me hago cargo, que los tres se las están arreglando bien. Cuando hay disidencias votan los integrantes de las cámaras federales por sorteo. Se están sacando sentencias, uno lo ve, pero bueno, en algún momento habrá que llegar al número de cinco o siete integrantes y completarla”.
“Desde mi punto de vista, la Corte se las está arreglando bien. Los procesos siguen para adelante, es muy saludable para la independencia del Poder Judicial, cualquiera que estuviera al frente del Gobierno”, insistió.
