La utilización de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo, una herramienta constitucional pensada para circunstancias verdaderamente excepcionales, se ha convertido en una práctica institucional naturalizada en Argentina, desdibujando la división de poderes. Un riguroso análisis cuantitativo y cualitativo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que abarca los mandatos presidenciales entre diciembre de 2011 y diciembre de 2024, desnuda esta alarmante tendencia.
El estudio, que analizó 344 decretos emitidos en este período, concluye que el presidencialismo argentino ha profundizado su rol legislativo a expensas del Congreso Nacional. La cifra más contundente es institucional: por cada tres leyes sancionadas por el Poder Legislativo (1.058 en total), los gobiernos dictaron un DNU en el mismo lapso.
Ranking
El informe de ACIJ desglosa el uso de esta prerrogativa por presidencia, dejando en evidencia que el “hiperpresidencialismo” trasciende las identidades partidarias y los contextos económicos.
- Alberto Fernández (2019-2023) lidera el ranking con el número más alto: 177 DNU. Si bien el pico se dio en 2020 (75 DNU) a causa de la pandemia de COVID-19 , un evento que encajaba en los estándares jurisprudenciales de urgencia e imposibilidad de reunión del Congreso , esta cifra representa más de la mitad del total del período analizado.
- Mauricio Macri (2015-2019) dictó 70 DNU. Aunque inicialmente exhibió mayores esfuerzos argumentativos para justificar la urgencia , utilizó la herramienta para temas de alta sensibilidad como la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la modificación de la Ley de Migraciones.
- Javier Milei (2023-2024), en su primer año de gestión, emitió 50 DNU. Su DNU 70/2023 reinstaló el debate público sobre la figura.
- Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015) dictó 47 DNU. Un hallazgo relevante del estudio es que, a pesar de contar con amplias mayorías legislativas en ambas Cámaras del Congreso, el gobierno prefirió que una significativa cantidad de medidas de alto impacto fueran decididas por fuera del Congreso.
Patrones fijos
Más allá de los números totales, la práctica institucional revela continuidades que son transversales a los cuatro gobiernos. Los temas más recurrentes abordados por DNU, que deberían ser materia de ley, son los relativos a la estructura interna del Estado y las finanzas públicas.
- Ampliaciones y Modificaciones Presupuestarias: La herramienta se utilizó para asignar gastos fuera de los límites fijados por la Ley de Presupuesto. Macri registra 12 ampliaciones presupuestarias por DNU, CFK 11, Alberto Fernández 10, y Milei 5 en su primer año.
- Reformas a la Ley de Ministerios: Las reestructuraciones de Gabinete se hicieron por decreto de urgencia: Macri modificó la Ley de Ministerios 10 veces; CFK, 5; Alberto Fernández, 8; y Milei, 12 en un solo año.
El alcance masivo
El informe de ACIJ identifica una “novedad en la práctica institucional” con el DNU 70/2023 del gobierno de Milei. El decreto fue ampliamente criticado por pretender realizar un cambio legal masivo y sistémico, reformando y derogando una amplia gama de leyes y códigos. El análisis confirma que la cantidad de leyes y regímenes modificados por el DNU 70/2023 fue exponencialmente mayor a la de todos los decretos dictados entre 2011 y 2024.
Si bien hubo antecedentes de decretos complejos, como el DNU 95/2018 (Macri), que modificó la estructura orgánica del Estado y la Ley de Ministerios , la magnitud de la reforma impulsada por el actual gobierno no tiene paralelo en el período.
El control legislativo, en mora
El estudio concluye que esta tendencia al unilateralismo se ve facilitada por el colapso del sistema de control en el Poder Legislativo.
La Comisión Bicameral Permanente (CBP), el órgano encargado de dictaminar sobre la procedencia de los DNU, desafortunadamente no funciona como un ámbito de discusión y deliberación rigurosa sobre las condiciones de validez de los decretos.
Esta falta de acción y el proceso de elaboración “opaco” de las normas en el ámbito privado de la Administración Pública exacerban la opacidad en la gestión de los recursos públicos. La consolidación del DNU como herramienta habitual socava el sistema de frenos y contrapesos y plantea la necesidad imperiosa de fortalecer los controles mutuos y la participación democrática en la toma de decisiones.
Leé el informe completo aquí 👇
INFORME-ACIJ-De-la-excepcion-a-la-regla.-Un-analisis-de-los-decretos-de-necesidad-y-urgencia-dictados-entre-2011-y-2024
