La preocupación crece entre productores y trabajadores rurales de la tierra colorada ante la falta de prórroga del Decreto 514/2021, que desde 2021 permitía compatibilizar los planes sociales con el empleo formal en actividades rurales temporarias o permanentes discontinuas. La norma, que fue impulsada desde Misiones y otras provincias junto a la CAME, la UATRE y referentes del agro local, venció el 1 de septiembre y su continuidad no fue renovada por el Gobierno nacional, generando incertidumbre en plena etapa de zafras y cosechas.
El régimen -que había sido prorrogado en 2023 por dos años– permitió que miles de trabajadores rurales pudieran ingresar al empleo registrado sin perder automáticamente beneficios como la Tarjeta Alimentar o programas de asistencia por embarazo y asignaciones familiares. La medida fue clave para combatir la informalidad laboral en sectores como la yerba mate, el té, el tabaco, la foresto-industria y los cítricos, donde históricamente los trabajadores se resistían a ser blanqueados por temor a perder ayudas estatales.
Desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) ya habían advertido en julio que la prórroga era urgente. En una nota formal al Ministerio de Capital Humano, el gremio pidió “garantizar previsibilidad tanto a los trabajadores como a los empleadores”, destacando que la medida “fortaleció el arraigo local, dinamizó las economías regionales y contribuyó al sostenimiento de la producción nacional”.
El secretario general, José Voytenco, recordó entonces que la compatibilización “fue fundamental para facilitar el ingreso de trabajadores rurales al empleo formal sin que pierdan el acompañamiento del Estado”. Sin embargo, sus advertencias no fueron atendidas y el decreto venció sin continuidad.
“Retroceso y doble pérdida”
El productor de yerba y té Cristian Klingbeil, quien fue uno de los impulsores de la medida cuando integraba la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), expresó su malestar: “Habíamos logrado que la gente pudiera trabajar en blanco sin perder la Tarjeta Alimentar o los programas sociales, pero desde septiembre eso cayó. Ahora muchos corren peligro de quedarse sin beneficio, lo que empuja nuevamente al trabajo en negro”.
Klingbeil recordó que el decreto fue resultado de intensas gestiones con la CAME y organismos nacionales durante el gobierno de Alberto Fernández, para resolver un problema que paralizaba la contratación formal.
“En ese momento ningún tarefero quería blanquearse porque perdía los beneficios. Eso se solucionó con la compatibilidad. Si ahora no se renueva, la gente va a volver al trabajo informal o directamente no va a laburar. Pierde el trabajador, pierde el empleador y pierde el Estado, porque deja de recibir aportes y aumenta la informalidad”, advirtió.
El dirigente agregó que la medida “va a contramano de lo que necesita el país” y recordó que incluso se había presentado un proyecto de ley -impulsado por CAME, UATRE y la senadora Nora del Valle Giménez- para transformar la compatibilización en una política permanente, pero el Congreso nunca lo trató.
Impacto directo en Misiones
La situación genera especial preocupación en Misiones, donde la compatibilización fue una herramienta central para ordenar la contratación en las chacras. En su momento, se conoció el caso de un productor citrícola que perdió 50 millones de pesos por no poder conseguir peones dispuestos a trabajar en blanco: “Todos pedían hacerlo en negro para no perder los beneficios”, recordaron fuentes del sector.
El diputado provincial Cristian Castro confirmó que el decreto efectivamente venció: “El martes hubo una reunión con CAME y lo confirmamos. No es que cayó, sino que vencía y no hubo prórroga. Legalmente está cortado, aunque todavía no se reflejó en los pagos, pero la incompatibilidad ya rige”.
Según explicó, en octubre los trabajadores que aún figuren en blanco podrían comenzar a ver suspendidos sus beneficios, generando un efecto dominó en plena temporada de cosecha.
Empleo formal en riesgo
Productores, cooperativas y gremios coinciden en que la no renovación del decreto es un golpe directo al empleo formal, ya que reinstala el dilema que durante años dificultó la registración laboral: elegir entre trabajar en blanco o conservar la asistencia social.
“Esto no solo afecta al campo -advierten en el sector-, sino también a otras actividades con alta estacionalidad, como la forestoindustria o el turismo rural”.
Si el Gobierno nacional no renueva la compatibilidad, miles de familias rurales quedarían en riesgo de perder sus beneficios y el país daría un paso atrás en la formalización del trabajo agrario. En palabras de un productor: “El Estado pierde por todos lados: pierde aportes, pierde producción y vuelve a castigar a los que trabajan”.
