El mercado laboral argentino atraviesa años difíciles: con estancamiento y sin crecimiento sostenido, aumento de la precarización laboral a causa de más trabajo no registrado, reclamado por los trabajadores de un lado, y, por el otro, una reforma laboral, solicitada por el empresariado argentino, como si esa fuera la solución a todo el problema.
La realidad del empleo argentino va mucho más allá, y para especialistas en derechos laborales, una reforma laboral -que ciertos sectores poderosos quieren volver a instalar en agenda- no resuelve la cuestión de fondo: si no crece la economía, el consumo y los salarios, una reforma es al divino botón. Lo que sí traerá una reforma laboral, apuntan, es la profundización del trabajo informal no registrado y la quita de cada vez más derechos de los trabajadores, en pos de un selecto grupo.
Guillermo Pérez Crespo, Presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) explicó en la FM 89.3 Santa María de las Misiones que los intentos de sectores afines al Ejecutivo nacional de volver a instalar en agenda el capítulo laboral del DNU 70/2023, declarado inconstitucional por la Justicia de Trabajo, no es una reforma en sí, “es una derogación de derechos laborales, un intento de destruir el derecho del trabajo, y se vuelve casi 100 años para atrás en la historia del derecho al trabajo en Argentina”, apuntó.
En este marco, el abogado indicó que el Gobierno ya logró conseguir algunas de las medidas que busca a discutir de nuevo, por ejemplo, “eliminar todas las sanciones al trabajo no registrado, con el argumento de que si se eliminan esas sanciones los empleadores estarían más tranquilos y contratarían más gente. Pero las pocas estadísticas que hay coinciden, incluso las oficiales, en que a partir de esa derogación el trabajo no registrado no decreció, sino que aumentó, pero ahora sin sanciones para las empresas”, explicó.
En este sentido, el especialista remarcó que actualmente hay “cerca de cinco millones y medio de trabajadores no registrados, casi el 40% de los asalariados del país”, y denunció que “con todas estas reformas, la informalidad va a seguir aumentando, porque significa trabajadores sin derechos”.
“Un trabajador no registrado no puede ni siquiera reclamar lo básico si le dejaron de pagar las horas extras o si le exigen jornadas de más, porque sabe que puede ser despedido en cualquier momento. Y ahora, más aún, porque el empleador que despide un trabajador no registrado no sufre sanciones. Las sanciones que existían en la ley no están más: las derogaron”, señaló.
Con la reforma laboral, “se busca disciplinar a una clase trabajadora que en la Argentina ha tenido una historia de rebeldías y luchas por derechos muy importante”, resaltó.
El fondo de cese rompe la protección contra el despido arbitrario
Otro de los ejes cuestionados en el capítulo laboral de la Ley Bases es la modificación del régimen de indemnizaciones por despido. “Hay un ataque muy fuerte a lo que se llama la indemnización por despido, intentando implementar lo que se llama el fondo de cese”, explicó.
Este sistema, según detalló, implica que el trabajador y el empleador aporten a un fondo común durante la relación laboral, del cual el empleado cobraría en caso de despido o renuncia. Sin embargo, advirtió que existen múltiples variantes y que en algunas “el trabajador podría no cobrar nada si renuncia. Esto ha sido muy criticado porque se trata de vulnerar la cláusula constitucional de protección contra el despido arbitrario. Además, al empleador no le significa un mayor costo; ya con el ahorro durante todo este tiempo, puede despedir cuando quiera o se le antoje”, sostuvo.
Asimismo, el abogado señaló también que “hay otra reforma que intenta destruir o limitar a un grado extremo el sistema de negociaciones colectivas”, lo que “perjudica a los sindicatos en plena discusión paritaria”.
También, se intentan nuevamente las limitaciones al derecho de huelga. “Hay una cantidad de puntos en este proyecto que buscan derogar derechos laborales, destruir la organización sindical, limitar la negociación colectiva, limitar el derecho de huelga”, enfatizó.
“Se busca una jornada más precarizada”
Por otra parte, Pérez Crespo también criticó la intención de reformar el régimen de jornada laboral. “Se busca también reformar el régimen de jornada, haciendo la jornada mucho más precarizada”, advirtió.
“De por sí tenemos un régimen bastante negativo, no por razones técnicas, sino por conveniencia empresarial: instalar turnos rotativos y hacer que un trabajador trabaje mañana, tarde y noche, depende de las semanas. Esto ha sido criticado por la Organización Mundial de la Salud, que dice que es absolutamente negativo para la salud de cualquier persona”, sostuvo.
“La ley va en una sola dirección: derogar los derechos laborales”, advirtió.
Consultado sobre los sectores más afectados, el abogado afirmó que la reforma “daña por igual a trabajadores rurales, urbanos, de pequeñas, medianas y grandes empresas, no hay división”.
“Se instala un discurso en el que se insiste que la pequeña y la mediana empresa necesitan ser defendidas. Y en realidad no hay discusión en eso. El problema es: ¿de qué forma? ¿Haciendo que los trabajadores de las pymes tengan menos derechos o haciendo que el Estado cumpla su función y las ayude como corresponde?”, planteó. “Parecería ser que quien tiene que ayudar a la pequeña empresa es el trabajador renunciando a sus derechos, y eso no es lo correcto”, sentenció.
Presión sobre la Justicia laboral
En otro apartado, el entrevistado también alertó sobre “la enorme presión política del Gobierno y del poder económico hacia los jueces, a lo largo y ancho del país”, donde jueces de Cámara Nacional llegaron a recibir amenazas.
Aquí, criticó a la Corte Suprema de Justicia que “que en cierto aspecto es una vergüenza para la justicia, no está cumpliendo con la Constitución y lleva a cabo medidas lamentables: para intentar que la Cámara Nacional del Trabajo no defienda derechos de trabajadores vulnerados, la Corte le puso encima al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, afectando todo el régimen federal. Es un disparate jurídico-constitucional enorme”, sostuvo.
Ante esta situación, recordó que “hace unos meses se conformó un foro por la defensa de la justicia social y el derecho del trabajo”, integrado por jueces, abogados laboralistas, las dos CTA y numerosos sindicatos. “Este foro ha denunciado fuertemente lo que está ocurriendo y en noviembre realizará una conferencia de prensa con una denuncia detallada”, adelantó.
En cuanto al rol de las centrales obreras y sindicatos, explicó que “hay una gran incógnita” y diferencias internas. “Se advierte un sector del movimiento sindical más dispuesto a enfrentar lo que está ocurriendo, y otro más volcado a intentar acuerdos como forma de frenar la gravedad de esta ofensiva”, analizó.
“Hay mucha discusión interna en la CGT. En cambio, las dos CTA parecen más encuadradas en intentar enfrentar con medidas gremiales de acción directa esta ofensiva del Gobierno”, dijo. A su juicio, “todos están esperando qué ocurre con el acto electoral del 26 de octubre”.
En dirección contraria al mundo
Recordó que el país ya vivió procesos similares: “Podríamos comparar con la reforma laboral del ’76, durante la dictadura, y la de los años ’90. Ambas destruyeron derechos laborales y también la economía, el mercado de consumo y las industrias”.
“En función de destruir los derechos de los trabajadores, arrasaron con la economía del país. Y esto es lo que está sucediendo ahora, con empresas que cierran todas las semanas porque no hay consumo ni posibilidad”, aseguró.
Para cerrar, sostuvo que la reforma “cumple dos objetivos: responde a los intereses empresarios concentrados y busca disciplinar a la clase trabajadora”.
“También se inscribe en esta eterna historia de intentar que las empresas, con lo que se saca a los trabajadores, aporten a la creación de fondos para pagar la deuda externa”, señaló.
