El gobierno de Javier Milei derogó la semana pasada una normativa que durante más de dos décadas garantizaba la equiparación salarial entre empleados estatales contratados y de planta permanente.
La medida quedó registrada en la Decisión Administrativa 26/2025, publicada en el Boletín Oficial y avalada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La norma anulada -la Decisión Administrativa N° 3 de 2004- establecía que los contratos debían ajustarse según la categoría de la planta permanente correspondiente y la dedicación horaria. Con la derogación, los sueldos de los contratados dejan de estar vinculados a esa escala, lo que abre la puerta a una mayor licuación de sus ingresos.
Impacto en Misiones
El alcance de la medida será inmediato en la provincia, donde cientos de trabajadores contratados en organismos nacionales como ANSeS, PAMI, AFIP, Migraciones y Agricultura Familiar quedarán expuestos a salarios más bajos y sin el resguardo de una paridad histórica. Se trata de áreas donde la proporción de contratados frente a la planta permanente es alta y donde ya hubo recortes de personal en los últimos meses.
“Muchos trabajadores están en la primera línea de atención a los ciudadanos y viven en la incertidumbre de no saber cómo se actualizarán sus haberes”, señalaron fuentes sindicales de ATE en Misiones, que anticiparon reclamos en el corto plazo.
Argumentos y ajuste
El Ejecutivo justificó la decisión al afirmar que la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública está realizando una revisión integral de la normativa de contrataciones, con el objetivo de “optimizar procesos” en la administración pública. Sin embargo, el decreto no dio mayores precisiones y se limitó a sostener que “deviene necesario derogar la Decisión Administrativa N° 3/04”.
La medida se enmarca en la política de ajuste impulsada por Milei desde su asunción. A los despidos de más de 50 mil trabajadores contratados y la declaración de “disponibilidad” de miles de empleados de planta permanente, ahora se suma la pérdida de un derecho que equiparaba salarios desde 2004.
Pérdida de poder adquisitivo
De acuerdo con ATE Nacional, los trabajadores estatales acumulan una pérdida de hasta 19,4% en términos reales desde diciembre de 2023. Si se toma en cuenta la evolución de precios en servicios, alquileres y educación, la caída supera el 40%.
En paralelo, la inflación avanza por encima de la pauta salarial oficial. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta un 28,2% de inflación para 2025, mientras que los aumentos de sueldos informados por PwC apenas alcanzan el 27% en promedio.
Los gremios reaccionaron con paritarias en torno al 2,5% mensual o con sumas fijas por fuera del esquema de 1% mensual que promueve el Gobierno. Sin embargo, la nueva medida que afecta a contratados suma un factor más de tensión en el frente laboral.
Un golpe al empleo público
Para los trabajadores contratados en Misiones, la derogación de la norma no solo significa salarios más bajos, sino también más precariedad y desigualdad frente a sus compañeros de planta.
En un contexto de caída del consumo y ajuste presupuestario, la provincia se convierte en una de las más golpeadas por decisiones que profundizan la brecha entre quienes tienen estabilidad laboral y quienes dependen de contratos renovados año a año.
