El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas ordenó al PAMI que garantice la cobertura integral (100%) del tratamiento con Inmunoglobulina Humana (10gr./100ml) en dosis de 5 unidades para una afiliada de esta ciudad que padece miastenia gravis grado 5. La resolución judicial fue del 24 de septiembre y en ella se le otorgó un plazo de tres días a la obra social para que cumpla con el tratamiento.
Fue un abogado de La Pampa quien se enteró de esta mujer -madre sola a cargo de un hijo de 8 años- que, ante la negativa del PAMI de suministrarle el tratamiento que la mantiene con vida y que cuesta unos 5.000.000 de pesos mensuales, decidió pedir ayuda en las redes.
“Tomé conocimiento de la dramática situación que atraviesa Luisa Ester Kalisprener a raíz de una nota publicada en un medio digital, me puse a disposición de su familia y asumí la representación legal de forma totalmente gratuita”, contó a PRIMERA EDICIÓN el abogado con matrícula federal de la localidad de Santa Rosa (La Pampa) Marcos Bertolotti Fiore.
Según confirmó, la obra social cumplió este lunes con la autorización para la provisión de la medicación a su afiliada “con esa autorización y la receta electrónica, ya puede retirarla de la farmacia”.
Se trata de un tratamiento de altísimo costo económico, con un valor millonario (ronda los 1.240 dólares mensuales) que resulta inaccesible para cualquier persona en situación de vulnerabilidad, “más aún en un contexto de dependencia total del sistema público de salud y sin red familiar de contención, como es el caso de Luisa”, confió el abogado.
A su entender, este fallo judicial constituye un precedente relevante en defensa de los derechos de personas con enfermedades poco frecuentes, frente a las negativas arbitrarias de las obras sociales. Es también una muestra del valor de la articulación entre la comunicación social, el acceso a la justicia y la intervención médica responsable.
En el caso de Luisa, el PAMI le ofreció cubrir tratamientos alternativos, que no eran recomendados por el médico tratante, incluso eran contraindicados por él.
“Fue el caso de mi abuela el que me llevó a conocer el mundo del derecho a la salud”
Según confió a PRIMERA EDICIÓN el abogado, ya patrocinó otros casos de pacientes a los que se les niega el acceso a la salud.
Según confió, fue el caso de su abuela que sufría fibrosis pulmonar y a la que también la obra social le denegó el tratamiento, el que lo llevó a conocer el mundo del derecho a la salud. “Después de eso, sentí que tenía que ayudar a otras familias. Busco esos casos en el país de personas que requieran amparos de salud para provisión de medicación, tratamientos o cirugías y, como mi matrícula federal me permite trabajar en todo el país, a veces se dan estos casos que patrocino a pacientes de otras provincias”, contó Bertolotti Fiori.
El abogado patrocina en este momento varios casos de afiliados del PAMI, “ayer salió en La Pampa la sentencia a favor de una señora que tiene fibrosis pulmonar y que requiere una medicación que es inalcanzable para cualquier persona porque cuesta 25.000.000 de pesos mensual y es una enfermedad crónica. También logramos la provisión del 100% del tratamiento por orden judicial, como en el caso de la paciente de Posadas”, contó.
También representa legalmente a un niño de Buchardo (Córdoba) que tiene cáncer de hígado, “del que también me enteré por los medios de comunicación y ya logramos la provisión de la medicación que es millonaria”, indicó el abogado que patrocina a pacientes con distintas obras sociales, “también tengo un caso contra Sancor Salud por una reafiliación de una embarazada”. No cobra sus honorarios a los pacientes.
“La gente desconoce su derecho a reclamar judicialmente”
Los argumentos de las obras sociales para negar la cobertura de los tratamientos a sus afiliados “siempre son muy distintos. En el caso de Luisa, que sufre una enfermedad crónica y autoinmune, propusieron una alternativa que no era recomendada e incluso estaba contraindicada por el médico tratante”.
Para el joven abogado, “la gente desconoce que existe el derecho de reclamar judicialmente ante una negativa de la obra social, por eso existen herramientas judiciales para lograr el efectivo cumplimiento y goce del derecho a la salud, reconocido en la Constitución Nacional y siempre que haya una prescripción médica fundada, los agentes de salud están obligados a cubrir estos tratamientos”.
Esta es una de las razones por las que busca visibilizar ante la opinión pública estos fallos que amparan a los afiliados “para que la gente sepa que es posible reclamar en la Justicia a las obras sociales cuando se niegan a dar cobertura”.
Recordó que la Superintendencia de Salud ejerce un rol de mediador que ayuda en el reclamo administrativo previo entre las obras sociales y los afiliados, “pero no tiene facultad para obligar al cumplimiento como sí lo tiene un juez”.
Tercera semana de protesta y pro nacional en el PAMI
Los gremios que nuclean a los trabajadores del PAMI llevan adelante la tercera semana del plan de lucha en reclamo de apertura de paritarias (hace más de 350 días que tienen congelado sus haberes), mejora de las prestaciones y en defensa de la obra social de los jubilados y pensionados del país.
La medida comenzó ayer cuando se suspendió la atención en todas las delegaciones del país de 11 a 12 (la hora de mayor demanda) y continuará este miércoles, con otro paro de una hora de 11 a 12. El jueves, desde APPAMIA, SUTEPA, ATE-PAMI y UTI convocaron a los trabajadores a participar de una concentración en planta baja en todos los edificios de PAMI del país a partir de las 12.
Sueldos debajo de la línea de pobreza
Según denunciaron desde el Frente Sindical, “llevamos más de 350 días con los salarios congelados. Desde la creación de la obra social no existen precedentes de un ajuste de esta magnitud”, reclamó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional.
Denunció que, como resultado de la desactualización salarial, los ingresos de más de la mitad de los empleados del PAMI están por debajo de la línea de pobreza. Advirtieron además que profundizarán las medidas de fuerzas, si el Gobierno sigue sin dar respuestas. “Y que nadie se escandalice porque los trabajadores hacemos paro, es el Gobierno el que odia a los viejos, les quita los medicamentos y paga haberes de miseria”, sostuvo Aguiar.
